La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entidad que otorga créditos de mediano y largo plazo a bancos, financieras y cooperativas para promover el desarrollo, aplicó nuevas acciones implementadas para apoyar las medidas del Gobierno Nacional ante la pandemia del COVID-19. En tal sentido, puso a disposición del sistema financiero algunas medidas.

La primera tiene que ver con la “refinanciación de créditos para la vivienda”; con este producto, la AFD acompañará a las entidades financieras en la decisión de rediseñar el plan de pago de sus clientes de los créditos otorgados con recursos de la AFD. Con este instrumento se facilitará el rediseño de pagos de aproximadamente 10.000 créditos. La segunda medida se trata de la “refinanciación de deudas para las mipymes”, que mediante el producto “Reconversión de operaciones crediticias” la AFD pone a disposición G. 600.000 millones para la renegociación de créditos destinados a capital operativo y/o inversiones, y que se acojan a las medidas excepcionales de apoyo dictadas por los reguladores ante esta emergencia pandémica. Los recursos se asignarán en dos tramos. El plazo del crédito será de hasta 7 años, incluidos 2 años de gracia, a tasas competitivas. Se estima que con estos recursos podrán ser beneficiadas más de 50.000 mipymes.

En el tercer punto está la administración de recursos a través del fideicomiso creado por Ley Nº 6.524/20 “De emergencia” para el financiamiento de pago de salarios de mipymes.

La administración de estos recursos permitirá a la banca de segundo piso incorporar nuevas entidades financieras minoristas, aprovechando sus estructuras para alcanzar a un mayor número de ese sector que se haya visto afectado por esta pandemia para el pago de salarios de su personal.

Por último, se trata del otorgamiento de garantías para mipymes que a través del Fondo de Garantía (Fogapy), al que se asignó G. 30 mil millones adicionales para la emisión de garantías, habilitará a todas las intermediarias que actualmente trabajan con la AFD para que estas puedan canalizar garantías emitidas por el fondo hasta un monto de G. 400 mil millones, además de simplificar los procesos internos de ejecución y seguimiento de la garantía.