Alfredo Paredes, periodista, alfredo.paredes@gruponacion.com.py

El proyecto de ley que pretende aumentar la mezcla del biodiésel con el gasoil a un mínimo del 15% es muy cuestionado por los referentes de los diversos actores del sector de combustibles. Alegan que este proyecto no consigna todas las implicancias de alcance que puede llegar a tener en el caso que se llegue a promulgar con fuerza de ley. Uno de los reclamos que se realizaron es el origen de la iniciativa, que aparentemente es legislativa. Sin embargo, afirman que existe un alto interés de empresas argentinas que desean colocar sus excedentes de producción de ese país en el Paraguay. Otro de los puntos no analizados en el proyecto es la consecuencia en los motores de las diversas marcas de vehículos que son utilizados en el mercado paraguayo, lo cual preocupa al gremio importador como Cadam.

Para analizar el tema, el diario La Nación convocó a los representantes de los sectores, incluido el ente regulador, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); al gerente de la Dicapar, Ing. Guillermo Parra (GP); el miembro y vocero de la Apesa, Vicente San Martín (VS); el presidente del Biocabe, Jorge Camperchioli (JC), y el director de combustibles del MIC, Arq. Luis Villaba (LV).

–¿De dónde salió este proyecto que prevé aumentar el porcentaje de biodiésel en el gasoil?

–GP: Este proyecto es una iniciativa 100% parlamentaria. Tratamos de averiguar qué sector pudo impulsar esta intención de ley y no se sabe nada. Solo manejamos que puede ser desde la Argentina el origen de esto. Hablamos con todos los actores del sector y todos tiene una visión negativa. Este proyecto no cuenta con el apoyo y sí tiene la oposición de todos los sectores.

Entre los sectores que ven de manera negativa están la UIP, el mismo gremio de importadores de vehículos 0km como es la Cadam, ya que si se aplica el aumento de porcentaje del biodiésel, la incógnita es si afectarán los diversos sistemas de motores que se comercializan con la venta de los automóviles.

–VS: Actualmente la legislación permite directamente hacer una mezcla hasta el 5%, con la posibilidad de ir aumentando. Es una legislación excelente que nos permite ir potenciando el biodiésel de manera paulatina. No existe a nivel regional ni internacional experiencia sobre 15% de mezcla generalizada, Hay experiencia de mezcla del 20%, 30%, 50% y hasta el 100%, pero ya no se puede generalizar, es decir, que no todos los vehículos lo pueden usar, solo algunos. Hoy estamos entre el 1% y 2% y tenemos aún camino para crecer, pero se debe hacer de manera gradual.

–JC: Desde un principio nos manifestamos en contra del proyecto de ley. Desde que tuvimos conocimiento, hemos tomado postura y creemos que es irracional el incremento, en porcentaje, que se quiere adoptar. El hecho que se haya pospuesto por 15 días el tratamiento de este proyecto me llama poderosamente la atención. Pensé que íbamos a tener mucho más tiempo para poder argumentar racional y lógicamente.

–LV: El Ministerio de Industria y Comercio, en su rol de desarrollador celebra toda iniciativa que se produzca de la agroindustria, en este caso el desarrollo de los biocombustibles. Sin embargo, existen criterios técnicos y de mercados que se deben considerar previamente al emitir proyectos de esta naturaleza. El MIC tiene una mesa técnica con los productores de biodiésel para el estudio del precio del producto. Dimos nuestra opinión, sugerencias, fundamentalmente en tres aspectos, técnico, económico y la generación de un fondo para la contingencia. En cuanto a la viabilidad, no hay conocimiento de experiencia a ese porcentaje de mezcla. Todos los manuales de motores diésel explican que la mezcla podría llegar hasta un 10%.

–¿Existe un estudio sobre la incidencia de costo que puede tener el gasoil si se llega a aprobar el proyecto de ley?

–VS: De acuerdo con el incremento más el 15% para fondo de sustentabilidad, como 300 guaraníes más va a tener que pagar la ciudadanía.

–GP: Esto es solo en el costo del producto. Hay que analizar también las inversiones que se tienen que hacer en las plantas. También se deben hacer inversiones similares a las que ya existen en cuanto al alcohol por el volumen de mezcla y en control de calidad, laboratorio, entre otros, cuyas inversiones deben ser amortiguadas en el precio. Fácilmente estaríamos alrededor de los G. 600 de incidencia por litro en el caso de que se determine a favor del proyecto de ley.

–JC: Evidentemente que esto tendrá su incidencia en la canasta familiar, ya que el diésel es trasversal a la economía, pues el gasoil común es utilizado para el servicio de transporte y flete.

–GP: Es muy superficial el planteamiento del considerando del proyecto de ley. Es muy extraído de los libros. El tema de que se va a favorecer al ambiente, pero en la realidad no es practicable.

–LV:Actualmente tenemos un total de siete empresas que se dedican al rubro, de las cuales cuatro son las que están dando sostenibilidad a la producción. Tenemos la meta de llevarlo al 2% desde abril y tenemos el proceso que desde el 2020 tendría un 3% y con eso ya estaríamos en el tope de la capacidad productiva.

–¿Se analizó con el sector privado para tratar de aplicar este proyecto?

–GP: En diciembre del año pasado se realizó una audiencia con los proyectistas y se explicó con lujos de detalles. Pero de igual manera figuró en el orden del día de la sesión del miércoles pasado y que finalmente se pospuso 15 días más. Creo que hay que darle un tratamiento definitivo y de una sola vez. Creo que se debe tratar de una vez por todas y así llegar a una conclusión.

–VS: Hay que respetar la realidad de cada país, su realidad tecnológica, automotriz y los límites que nos fijan nuestros clientes. Esta es la parte de un proyecto de ley que no se puede desconocer, la parte técnica y económica. Lo llamativo de este proyecto es que aparecen figuras extrañas. Esta es una mala copia de la legislación de la época del gobierno de Cristina Kirchner.

–JC: No hace falta que seamos entendidos para saber que no es correcto la intención que se pretende con este proyecto de ley. Si uno va a dialogar sobre un tema, pero no conoce sobre el asunto, lo mínimo que se debe hacer es informarte lo más que puedas. En este caso, pareciera ser que no lo hicieron así. Existen varios aspectos que no fueron consignados, por lo que consideramos totalmente negativo en su posible aplicación en el país.

–LV: El MIC es la autoridad de aplicación de todo el proceso de comercialización del biocombustible. Creo que no riñe en cuanto a competencia y atribuciones de las instituciones. Sí, ciertos aspectos fundamentales en cuanto a desarrollo e implementación de un proceso bien instalado, a través de una ley vigente que es la Ley 2.748 “De fomento al Biocombustible”, la que realmente establece el proceso de mezcla y que es el MIC el que propondrá el porcentaje de mezcla.

–¿Es aplicable esta intención de ley?

–GP: Ya hemos dejado en claro que no es lo correcto y las veces que desde el Congreso nos convoquen, estaremos reiterando lo mismo. Estamos en contra de este proyecto y no creo que ninguna modificación nos pueda hacer cambiar de opinión. No aporta nada de nuevo, lo nuevo que aporta es malo.

–JC: Coincidimos los que representamos a los tres sectores y el ente regulador que no es un proyecto apropiado para nuestro país y no viene a sumar nada. Lo que sí nos gustaría es tener una posición más firme de parte del Ejecutivo, en poner de qué es lo que está pasando. Esto tiene que llegar a la mesa del Equipo Económico Nacional. Me parece muy irracional.

–LV: Evidentemente esta aplicación de porcentaje quintuplica los procesos de control que se tienen actualmente y la garantía de la calidad de los productos. Las normas establecen claramente cuál es el proceso de mezcla en las plantas y detalla las responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso. Esto está normado y es obligatorio.

–VS: Desde Apesa rechazamos completamente esta intención de hacer ley una idea que no analizaron todos los estamentos de injerencia que tiene el sector de combustibles. Los presentes dejamos en claro que no existe un solo punto positivo para poner en marcha esta idea. Esperamos y pedimos que se tomen decisiones, de acuerdo al interés general, un interés que sea favorable a la ciudadanía y no un interés que pueda dar luz a ciertos grupos que, en realidad, no sabemos nada.