Solo unas 10 instituciones estatales proveyeron al Ministerio de Hacienda la información detallada de los funcionarios que fueron beneficiados con el “aumentazo” salarial, otorgado por los legisladores mediante el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, según datos preliminares facilitados por Hacienda.

El plazo establecido por Hacienda, mediante la Resolución Nº 130, venció ayer a las 15:00, pero jurídicamente, según informaron desde el fisco, los Organismos y Entidades del Estado tienen tiempo hasta las 9:00 del lunes para presentar los informes. Además de la nómina de beneficiados, Hacienda también exige a los OEE a proveer las respectivas documentaciones que justifiquen los aumentos salariales otorgados a los funcionarios. Dentro de la misma norma se ordenó a las instituciones a suspender la liquidación y pago de salarios a personas que recibieron el aumento sin un concurso previo.

La medida tomada por el fisco, de exigir el informe detallado y suspender el pago de salarios, se dio luego de las duras críticas que recibió el ministro de Hacienda, Benigno López, por haber cambiado repentinamente su postura y aceptara la absurda justificación del diputado y presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Arnaldo Samaniego.

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En conferencia de prensa, Samaniego justificó la actuación de sus colegas legisladores diciendo de que el “aumentazo” salarial fue realizado por el Congreso bajo la potestad que tiene este (el Congreso) de modificar el Presupuesto enviado por el Ejecutivo.

Cuando salió a la luz los aumentos salariales concedidos por los congresistas, creando nuevos cargos para unos 2.123 funcionarios, el ministro López calificó de perverso el hecho. Pero, en la conferencia, López aceptó la explicación de Samaniego, diciendo que el aumento fue hecho de manera legal. Los fuertes cuestionamientos molestaron al titular del fisco, que se comprometió en hacer pública la lista de los beneficiados, una vez que disponga de la información. Hasta el momento, no hay un fundamento concreto por parte de Hacienda y el Congreso que buscan “lavarse las manos”.

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