• Por Sofía Céspedes
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La Caja Fiscal es el sistema que paga las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos en Paraguay. Funciona bajo un esquema de reparto solidario; los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados actuales. El problema es que ese equilibrio dejó de existir hace años y hoy el sistema gasta mucho más de lo que recauda.

De acuerdo a un análisis del sistema previsional realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con corte al cierre de 2023, la Caja contaba con 232.631 aportantes activos y 74.339 jubilados y pensionados.

La relación es de 3,1 activos por cada pasivo, cuando los estudios actuariales indican que se necesitan al menos cinco aportantes para financiar de forma sostenible un beneficio jubilatorio. Esa brecha explica el déficit creciente que hoy amenaza las finanzas públicas.

El sistema está compuesto por varios regímenes con reglas distintas. Se divide en dos grandes programas:

• Programa Civil: Administración Pública, Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales y otros sectores.
• Programa No Civil: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Esta fragmentación normativa es uno de los principales problemas del sistema, ya que conviven sectores con edades de jubilación, años de aporte y beneficios muy dispares dentro de una misma caja.

Los números muestran que el déficit no es generalizado, sino concentrado en sectores específicos. En 2025, la Caja Fiscal registró ingresos por G. 3,31 billones y gastos por G. 5,87 billones, con un déficit total de G. 2,56 billones (USD 380 millones), equivalente a un desbalance del 44 %.

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El único sector con superávit operativo es el de los empleados públicos, cuyos excedentes se utilizan para financiar los desajustes del resto del Programa Civil. En contraste, los mayores déficits se registran en:

• Magisterio Nacional, que explica cerca de la mitad del rojo total.
• Policía Nacional, con un déficit cercano al 60 %.
• Fuerzas Armadas, con un déficit superior al 75 %.

Estos sectores, además, concentran una gran cantidad de jubilados. El Magisterio Nacional reúne casi el 50 % de los beneficiarios, mientras que Policías y Militares no cuentan con fondos acumulados y dependen directamente del Presupuesto General de la Nación (PGN).

La gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel, explicó a La Nación/Nación Media que uno de los factores que más incide en el deterioro del sistema es la ausencia de una edad mínima de jubilación en varios regímenes, lo que habilitó retiros a edades muy bajas y un pago prolongado de beneficios.

“En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se registraron casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años, una situación que incrementa de forma significativa el gasto previsional a lo largo del tiempo”, precisó.

Coronel reiteró que uno de los factores que más incide en el desequilibrio es la jubilación a edades tempranas. En varios regímenes no existía una edad mínima obligatoria, lo que permitió retiros a los 40 o 50 años y extendió el pago de beneficios durante décadas.

A esto se suman beneficios que no cuentan con respaldo contributivo, como el reconocimiento de años por hijos, y esquemas de cálculo que toman el último salario, elevando artificialmente los haberes.

Según las estimaciones oficiales citadas por Coronel, si no se aprueban reformas, el déficit promedio de la Caja Fiscal para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales.

En cambio, la incorporación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los sectores que hoy no la tienen permitiría reducir ese déficit aproximadamente a la mitad. Sin cambios, advirtió, el rojo anual podría ubicarse en torno a USD 700 millones por año, lo que implicaría una presión creciente sobre el presupuesto público.

El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios paramétricos para frenar el deterioro del sistema. Entre los puntos centrales se destacan: una edad mínima de jubilación, que fija un piso de 57 años para sectores que no lo tenían.

El aumento de aportes al 22 %, distribuidos entre trabajador y Estado. El nuevo cálculo del haber jubilatorio y el ajuste de tasas de sustitución: los haberes se ubican entre el 60 % y el 85 %, según edad y años de aporte.

Los estudios actuariales del Ministerio de Economía estiman que estas medidas reducen el déficit actuarial en más del 60 % y permiten postergar el agotamiento de los recursos del Programa Civil hasta 2032.

Esta semana, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, incorporando modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el aporte del Estado será del 5 % y se aplicará de forma gradual (el proyecto del Ejecutivo prevé un aporte del 3 %), mientras que el aporte del afiliado será del 16 % para sectores superavitarios y del 19% para sectores deficitarios.

Para el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la jubilación ordinaria quedaría fijada en 57 años de edad y 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 60 % y 85 %. En el caso de la jubilación extraordinaria, la edad mínima será de 55 años, con 30 años de aporte, y el haber se calculará sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.

En el sector de Fuerzas Públicas, se establece una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte, y un cálculo del haber basado en el promedio de los últimos cinco años, eliminando la equiparación automática con los salarios de los activos.

El analista económico, Víctor Pavón, habló con La Nación y mencionó que el tamaño actual del Estado y el nivel de déficit de los regímenes previsionales constituyen riesgos serios para la sostenibilidad fiscal del país y la preservación del grado de inversión.

Sostuvo que el Estado debe revisar su estructura, ya que existe un sobredimensionamiento del personal público en varios sectores, con más funcionarios de los necesarios para prestar servicios básicos.

Sugirió que, si el Congreso no aprueba los cambios propuestos, Paraguay podría enfrentar una situación “muy peligrosa” desde el punto de vista económico. “Este desequilibrio no es solo un problema previsional, es un riesgo para toda la economía”, concluyó.

Sin reformas, el déficit anual de la Caja Fiscal podría superar los USD 700 millones en los próximos cinco años, compitiendo directamente con recursos destinados a salud, educación, inversión pública y programas sociales.

Como advirtieron expertos, el desequilibrio previsional ya no es solo un problema de jubilaciones sino un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.

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