El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT), informó que productores del departamento de Caaguazú recaudaron más de G. 400 millones durante marzo en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero.
Señalaron que mediante la articulación técnica y comercial impulsada por el MAG, la Asociación de Comité de Agricultores de la Calle San Roque logró comercializar 20.000 kilos de tomate, 11.000 kilos de locote, 13.000 kilos de pepino y 4.500 kilos de repollo con una empresa privada, fortaleciendo así el ingreso económico de las familias rurales.
Por su parte, el productor Lucidio Villalba, también asistido por el MAG, concretó ventas con una distribuidora, entregando 11.684 kilos de tomate, 2.848 kilos de zapallo, 1.750 kilos de calabaza, 718 kilos de pepino y 54 kilos de locote. En conjunto, ambas operaciones sumaron una recaudación total de G. 415.724.800.
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Desde el Ministerio de Agricultura indican que esto refleja el impacto directo y positivo que tiene el acompañamiento técnico y la vinculación con empresas formales en la economía de las familias productoras. A su vez, reafirmaron su compromiso con la agricultura familiar, impulsando el desarrollo productivo y económico de los pequeños productores del país.
Empleo
Entre otros temas relacionados a Hambre Cero, durante operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo, fueron verificadas 60 instituciones educativas de Central y Presidente Hayes, donde se presta el servicio de alimentación bajo la modalidad catering y cocinando en las escuelas, y se logró registrar en el Instituto de Previsión Social (IPS) a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64 % en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.
Con esto suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar. También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, y se detectaron irregularidades donde el 56 % de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44 % no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30 % no tenía acceso a la seguridad social y un 7 % se encontraba trabajando sin contrato formal.