El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, visitará Paraguay el próximo 1 de abril, día en que participará en un conversatorio, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata de la primera visita oficial del alto ejecutivo al país.

El evento “Conversando con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga” se desarrollará el próximo 1 de abril a las 11:00 en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP). Participarán autoridades nacionales, representantes del sector privado y expertos en economía y desarrollo.

El MEF informó que durante el conversatorio se abordarán temas clave sobre el rol del Banco Mundial en la región y las oportunidades de cooperación con Paraguay en áreas estratégicas para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

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La visita del alto ejecutivo se da en un contexto de acercamiento entre el Gobierno del Paraguay y el Banco Mundial, luego del reciente encuentro entre el presidente de la República, Santiago Peña y Ajay Banga, donde discutieron el desempeño económico de Paraguay y su plan de reformas estructurales.

En su último informe sobre Paraguay, el Banco Mundial destacó que el país tiene “un futuro prometedor”, resaltando el notable progreso económico alcanzado en las últimas dos décadas gracias a reformas institucionales enfocadas en la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial.

También destacó el potencial de Paraguay para convertirse en un país de ingresos altos, siempre que implemente una estrategia integral para afrontar sus desafíos actuales. Asimismo reconoció “el notable progreso económico de Paraguay en las últimas dos décadas, gracias a reformas institucionales que han priorizado la estabilidad macroeconómica y un régimen de comercio e inversión abierto”.

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La habilitación representa un hito significativo para el país, especialmente para el sector productivo, impulsando su crecimiento y generando nuevas oportunidades, tanto económicas como sociales para los productores nacionales.

El Servicio Veterinario y Sanidad Animal de Israel (IVSAH) habilitó a un establecimiento matadero frigorífico paraguayo para la exportación de carne ovina, con lo que Paraguay exportará por primera vez esta especie de ganado menor para el consumidor israelí, dando así un gran salto de calidad para el sector productivo.

Así lo informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que anunció la apertura del mercado del Estado de Israel para las exportaciones de carne ovina paraguaya. Desde el servicio veterinario indicaron que se trata de un hito significativo para el país y el sector productivo, impulsando su crecimiento y generando nuevas oportunidades, tanto económicas como sociales para los productores nacionales.

La planta habilitada es el Frigorífico Victoria, con un potencial social muy grande especialmente para los pequeños productores que podrán abastecer a esta industria, ya que el pedido sería un volumen interesante, según indicaron desde el sector, aunque el impacto económico se vería más adelante.

Según el último censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la población ovina tendría un hato de 332.000 cabezas, por lo que para el sector será todo un desafío importante atendiendo el volumen de producción, pero a la vez se trata de una oportunidad muy grande para los criadores, de aumentar los vientres.

Es así que la aprobación de los certificados sanitarios por parte del IVSAH, habilita al frigorífico en cuestión para los primeros envíos de carne ovina, previendo exportar a corto plazo un contenedor con productos de muestra para el consumo israelí. Hay que mencionar que la faena para este primer envío ya comenzó.

El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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Gracias a los incentivos que ofrece la Ley 60/90, las inver­siones registraron un incre­mento del 8 % durante los dos primeros dos meses, en com­paración al mismo periodo del 2024, sumando así un total de USD 91 millones. Además, solo en febrero se registraron 14 nuevos pro­yectos aprobados, sumando así unos USD 34 millones en materia de inversión.

En los dos primeros meses del 2025, se aprobaron un total de 33 nuevos proyectos, lo que significa un aumento de 22 % en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 27 proyectos, según el Viceministerio de Industria. El 86 % de estos proyectos se concentra en el sector secundario; mientras que un 12 % se ubica en el sec­tor terciario, y el restante 2 % en el sector primario. En cuanto al origen de los capita­les invertidos, las inversiones nacionales siguen liderando con un monto de USD 62 millones al cierre de febrero, que representa un 91 % supe­rior respecto al periodo ante­rior. En tanto que las inversio­nes extranjeras fueron por un total de USD 29 millones. El 91 % de las inversiones acu­muladas se concentraron en los departamentos de Alto Paraná, Paraguarí, Capital, Central e Itapúa.

El informe del ente estatal indica que, de las inversiones proyectadas en febrero, el 80 % se concentra en los rubros de biocombustibles, servicios, y productos alimenticios. En menor medida le siguen los productos químicos farma­céuticos y plásticos. El buen dinamismo no significa solo un movimiento económico, sino que también se ve refle­jado en la cantidad de mano de obra generada. El informe indica que la cantidad de empleos vinculados a estos sectores ascendieron a 1.149 puestos de trabajos, lo que representa un incremento del 151 % en comparación al pri­mer bimestre del 2024, cuando fueron un total de 458 puestos.

El 89 % de los empleos pro­yectados acumulados hasta febrero se concentra en los productos alimenticios, con un total de 648 puestos; seguido del sector de metales y sus manufacturas, con 372 empleos cada uno. Asimismo, en menor medida, se encuen­tran también los sectores de productos químico-farma­céuticos, papel, cartón y sus manufacturas, producción y almacenamiento de granos y semillas, y el rubro de con­fecciones y textiles.

La Ley 60/90 es un régimen de incentivos fiscales que busca atraer inversiones y fomentar el desarrollo eco­nómico del país. Entre sus beneficios resaltan la exone­ración del 95 % del Impuesto a la Renta sobre la inversión durante 5 años, arancel del 0 % para la importación de bie­nes de capital.