La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que desde este viernes 7 de marzo los contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP) deberán realizar su liqui­dación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 para no pagar multas ni intereses. Esta disposición alcanza a más de 290.000 contribu­yentes.

El director de la DNIT, Óscar Orué, explicó a la 1080 AM que en marzo, precisamente desde ayer viernes 7, se ini­ciaron los vencimientos para que los contribuyentes del IRP presenten sus decla­raciones juradas del año 2024. Señaló que todas las personas físicas con ingre­sos superiores a los G. 80 millones anuales deben pagar IRP.

“Se paga IRP por ese ingreso que recibe la persona, ahí no tenemos que calcular agui­naldo, los que cobran por jubilación no pagan. Es por año, no es que se tiene que ganar cierto un monto por mes. Si yo gano este mes G. 80 millones, tengo un mes para inscribirme y presen­tar la declaración al año siguiente”, aclaró Orué.

Son más de 290.000 los con­tribuyentes dentro de esta categoría y los vencimien­tos están establecidos en el calendario perpetuo. Se dividen en fechas que tienen en cuenta el último número de la cédula de identidad.

Desde la DNIT explican que para cumplir con esta obli­gación, existen dos formula­rios distintos, a saber, el For­mulario n.° 515, destinado a las rentas provenientes de la prestación de servicios perso­nales, y el Formulario n.° 516, utilizado para declarar rentas del capital, que son aquellas ganancias en dinero o espe­cie que provengan directa o indirectamente del patrimo­nio, de bienes o derechos, per­tenecientes al contribuyente.

Agregan que en las rentas de capital también están inclui­das todo aumento del patri­monio del contribuyente que no provenga de rentas derivadas de las prestacio­nes de servicios personales, como por ejemplo los alqui­leres. En este segmento, son contribuyentes las personas físicas, sucesiones indivisas, padres, tutores o curadores.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que desde este viernes 7 de marzo los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP) deberán realizar su liquidación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 para no pagar multas ni intereses. Esta disposición alcanza a más de 290.000 contribuyentes.

El director de la DNIT, Óscar Orué, explicó a la 1080 AM que en marzo, precisamente desde este viernes 7, inician los vencimientos para que los contribuyentes del IRP presenten sus declaraciones juradas del año 2024. Señaló que todas las personas físicas con ingresos superiores a los G. 80 millones anuales deben pagar IRP.

“Se paga IRP por ese ingreso que recibe la persona, ahí no tenemos que calcular aguinaldo, los que cobran por jubilación no pagan. Es por año, no es que se tiene que ganar cierto un monto por mes. Si yo gano este mes G. 80 millones, tengo un mes para inscribirme y presentar la declaración al año siguiente”, aclaró Orué

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Son más de 290.000 los contribuyentes dentro de esta categoría y los vencimientos están establecidos en el calendario perpetuo. Se dividen en fechas que tienen en cuenta el último número de la cédula de identidad.

Desde de DNIT explican que para cumplir con esta obligación, existen dos formularios distintos, a saber, el Formulario N° 515, destinado a las rentas provenientes de la prestación de servicios personales, y el Formulario N ° 516, utilizado para declarar rentas del capital, que son aquellas ganancias en dinero o especie que provengan directa o indirectamente del patrimonio, de bienes o derechos, pertenecientes al contribuyente.

Agregan que en las rentas de capital también están incluidas todo aumento del patrimonio del contribuyente que no provenga de rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales, como por ejemplo los alquileres. En este segmento, son contribuyentes las personas físicas, sucesiones indivisas, padres, tutores o curadores.

Terminación 0: 7 de marzo

Terminación 1: 9 de marzo

Terminación 2: 11 de marzo

Terminación 3: 13 de marzo

Terminación 4: 15 de marzo

Terminación 5: 17 de marzo

Terminación 6: 19 de marzo

Terminación 7: 21 de marzo

Terminación 8: 23 de marzo

Terminación 9: 25 de marzo

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El senador colorado Gustavo Leite indicó que con el sobreseimiento provisorio que el juez Humberto Otazú otorgó al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sobre el caso Metrobús se demuestra que no hubo irregularidad o dolo en la administración, y que la decisión de suspender fue por puro “capricho de Marito (expresidente Mario Abdo Benítez) y para agradar a ABC”.

En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el parlamentario brindó su parecer ante la disposición del juzgado con relación al exministro de Obras Públicas, que había sido acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús.

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“Lo que se demuestra es que no hubo ninguna irregularidad y mucho menos dolo, de parte de la administración del entonces ministro Jiménez Gaona. Porque ese Metrobús se suspendió por capricho de Marito, y para agradar a ABC, esa es la realidad”, expresó.

No obstante, el senador Leite indicó que, si uno observa la región, sobre todo Buenos Aires, u otras ciudades, la única solución para el tránsito urbano son este tipo de metrobuses.

“Son soluciones más baratas que los trenes, o los metros, o los trenes elevados y demás opciones, que salen mucho más caros y que obligará a que el Estado gaste más dinero en subsidios”, indicó.

Por tanto, señaló que la solución más económica que le da dignidad a los usuarios de transporte público es el Metrobús con carriles especiales.

“Si uno mira incluso, la avenida 9 de Julio o la avenida Juan B. Justos de Buenos Aires, que yo conozco muy bien, porque me he subido en Metrobús en Buenos Aires, y es muy agradable y muy digno viajar en él. Así que espero que se retome esto, y que muy pronto tengamos un nuevo sistema de transporte público basado en la calidad para todos los pasajeros. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta”, concluyó.

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El procurador general de la República, Marco Aurelio González se refirió al pedido de sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona por el caso Metrobús.

Durante una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el procurador afirmó que los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens no fueron corroborados. Recordó además que estos argumentos fueron desmentidos, por el tribunal arbitral que afirmó lo contrario, por ende, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico, la única razón, por la que se suspendió la obra fueron razones políticas.

En ese sentido, recordó que existe ese Laudo arbitral, a raíz de la contienda entre Mota Engil y el MOPC, se sacó un laudo que dejó parcialmente anulado y ahora pasó a la Corte de Acciones de Inconstitucionalidad. En todo ese proceso se discuten varios aspectos, menos dos cuestiones que ya han quedado firmes y tienen que acatarse.

Mencionó que esas dos cuestiones son: que no hubo incumplimiento por parte de la constructora, por ende no puede haber daño patrimonial, por eso también el Estado tiene que devolverle los fondos de reparo. Si bien, hubo algunas cosas que reparar en lo edificado, eso puede ser compensado con la deuda que se generó a raíz de los fondos de reparo por G. 600 millones aproximadamente, que tiene que pagar Mota al MOPC.

“Entonces, lo que se demuestra que los argumentos que se utilizaron para suspender la obra del Metrobús, se basaron en premisas falsas. Porque los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, no fue corroborado, es más fue desmentido, el tribunal arbitral afirmó lo contrario. Por ende, creemos que, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico la única razón por la cual se suspendió la obra fue una razón política. Mientras que el daño patrimonial causado fue destruir todo lo que se había edificado hasta ese momento”, explicó.

Respecto a la participación de la Procuraduría General de la República, González indicó que lo hace en representación de los intereses del Estado en carácter de víctima, ya que la acción penal pública la lleva el Ministerio Público, mientras que por otro parte están los imputados. Por tanto, es la Fiscalía el que presenta la propuesta del sobreseimiento provisional, y el juez le permite la palabra a la PGR en representación de la víctima, para su consideración.

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