Los créditos de carbono ofrecen una alternativa para obtener recursos adicionales para el sector agropecuario, según el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez. El ministro señaló que recientemente el Poder Ejecutivo reglamentó esta ley a fin de garantizar condiciones para que estas inversiones sean más rentables y generen más empleos.

La reglamentación de la ley de créditos de carbono pretende establecer un régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del carbono reducido y a la vez posicionar al Paraguay como un país atractivo para invertir en proyectos que busquen combatir el cambio climático.

El ministro de Industria y Comercio ve en esta iniciativa una oportunidad para los productores locales de obtener recursos adicionales, pero a la vez, que se generen las condiciones para atraer inversiones al país y generar empleos. “Existe una demanda muy grande de proyectos de captura de dióxido de carbono”, dijo a la 1080 AM.

Leé más: Estudio de producción de soja en Naranjal destaca el impacto de prácticas sostenibles

Ejemplificó que una firma local dedicada a la fabricación de celulosa plantó 100.000 hectáreas de eucalipto para obtención de su materia prima, pero adicionalmente, pueden presentar un proyecto de captura de dióxido de carbono y vender los bonos a industrias de todo el mundo que están obligadas a adquirirlas.

“Estas industrias que contaminan a nivel mundial buscan proyectos de captura de dióxido de carbono, y pagan el bono y así se genera una transacción en la que se paga al proyecto verde de Paraguay y con eso las empresas se vuelven mucho más rentables, pueden ampliar sus fábricas, etcétera”, explicó Giménez.

Reiteró que la intención de la reglamentación de la ley de créditos de carbono es asegurar al mercado internacional que los bonos emitidos desde Paraguay cuentan con respaldo legislado y brindar confiabilidad a los inversores. “Parte del decreto crea un registro donde los proyectos se validan, si no, no existe esa confianza de que lo que estás comprando es algo real”, sostuvo.

Durante la presentación de la reglamentación de esta normativa, el ministro Giménez había indicado que se busca que para los próximos 10 años esta modalidad genere 150.000 puestos de trabajo y USD 20.000 millones de inversión en el sector forestal. Asimismo estiman que el crecimiento de las hectáreas de producción, en el mismo plazo, pasen de 250.000 a 3.000.000 de hectáreas, sin afectar a la producción ganadera y agrícola.

Te puede interesar: Oleros reciben apoyo para fortalecer su producción en Ñeembucú