El economista Daniel Correa analizó la situación actual de la economía del país tras la caída de la dictadura. Afirmó que Paraguay necesita diversificar su economía para atraer inversiones y lograr el máximo desarrollo. Agregó que aún se depende de un modelo tradicional.

Durante esta jornada, Paraguay recuerda una de las fechas más importantes de su historia: el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que puso fin a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner. Desde esa fecha, el país aspira a la consolidación de una economía que le ayude a alcanzar su máximo potencial.

Desde este punto de vista, el economista Daniel Correa hizo un análisis sobre la situación económica actual. “Creo que nos falta un gran salto para el desarrollo. Nuestra economía sigue siendo muy dependiente de estos sectores tradicionales, que ya en los setenta habíamos desarrollado. Un sector agropecuario muy tradicional, muy dependiente de factores climáticos, y no hay otros motores que nos permitan desarrollarnos”, dijo en entrevista con la radio Universo.

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El experto consideró necesario realizar una gran reforma estructural económica y diversificar la economía en sectores con poca inversión actual, para lograr un desarrollo sólido, sostenible y equitativo para todos los estratos sociales.

“Necesitamos que Paraguay se convierta en un atractivo para el inversor y que efectivamente se pueda generar ese proceso de incorporación masiva de inversiones, sobre todo en sectores no tradicionales, como los de servicios, innovación, tecnología e infraestructura. Lógicamente, ese proceso no suele ser rápido”, explicó.

Paraguay tiene un escenario propicio para pensar en dicha reforma porque viene haciendo un buen trabajo en materia de macroeconomía; sin embargo, es necesario potenciar la microeconomía para que “lo que estamos alcanzando empiece a llegar a la gente”.

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El Poder Ejecutivo promulgó reciente­mente la nueva Ley de Alianza Público-Privada, la cual contiene los nuevos mecanismos que se darán los convenios con el sector privado. Esta nueva norma­tiva amplía su alcance inclu­yendo a los servicios públicos, entre ellos el rubro de las tele­comunicaciones, abriendo la posibilidad para que la Com­pañía Paraguaya de Comu­nicaciones (Copaco) pueda valerse de la misma dentro de su intención de establecer una alianza con un socio privado.

“Nosotros estamos buscando un socio estratégico y esta­mos conversando con varios de ellos. Uno de los puntos que estamos analizando es el marco jurídico que vamos a utilizar para hacer la con­cesión y esta ley nos da una opción más para tener capital privado en cooperación con el Estado, que en este caso es Copaco”, explicó Óscar Stark, presidente de Copaco, a La Nación/Nación Media.

El titular de la compañía afirmó que esta nueva legis­lación es muy útil, puesto que la anterior no contemplaba la posibilidad de establecer alianzas con respecto a las instituciones que brindan servicios públicos. “Es una opción más y la vemos con buenos ojos”, añadió. Además de esta ley, Copaco cuenta con otras opciones legislativas a las cuales podrá acudir para la recuperación financiera y técnica de la institución.

El Poder Ejecutivo promulgó recientemente la nueva ley de alianza público-privada, la cual contiene los nuevos mecanismos que se darán los convenios con el sector privado. Esta nueva normativa amplía su alcance incluyendo a los servicios públicos, entre ellos el rubro de las telecomunicaciones, abriendo la posibilidad para que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), pueda valerse de la misma dentro de su intención de establecer una alianza con un socio privado.

“Nosotros estamos buscando un socio estratégico y estamos conversando con varios de ellos. Uno de los puntos que estamos analizando es el marco jurídico que vamos a utilizar para hacer la concesión y esta ley nos da una opción más para tener capital privado en cooperación con el Estado, que en este caso es Copaco”, explicó Óscar Stark, presidente de Copaco a La Nación/Nación Media.

El titular de la compañía afirmó que esta nueva legislación es muy útil, puesto que la anterior no contemplaba la posibilidad de establecer alianzas con respecto a las instituciones que brindan servicios públicos. “Es una opción más y la vemos con buenos ojos”, añadió. Además de esta ley, Copaco cuenta con otras opciones legislativas a las cuales podrá acudir para la recuperación financiera y técnica de la institución.

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“Hay tres opciones, una que se haga una nueva ley específica que permita una concesión por 20 o 30 años, como es el caso de Tren de Cercanías que tiene una ley reciente o que permita la venta de hasta el 49 % de venta de las acciones. En la ley se estipularía qué parte de las acciones van a estar a cargo del sector privado, es decir, toda la parte de organización, reingeniería y de negocios y las cuestiones más estratégicas quedarían a cargo del sector público”, detalló.

La segunda opción es la nueva ley de APP y la tercera alternativa que de momento es la que consideran como más válida, es recurrir a la ley n° 117 que regula los convenios específicos y que aborda las inversiones de parte del sector privado y el riesgo compartido. Este marco jurídico servirá para optar por alguna de las propuestas que están siendo analizadas, señaló Stark.

A la fecha, existen alrededor de 27 empresas interesadas en convertirse en socias de Copaco. “Tres proponen soluciones integrales, incorporan dentro de su propuesta participar dentro de la gobernanza de Copaco y estamos ahora en conversaciones con esas empresas y con otras siete. Creemos que en los próximos meses se va a tomar una decisión con respecto a eso, que consideramos se dará dentro del primer semestre y luego de eso ya podremos avanzar en los acuerdos de manera concreta”, expuso.

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La intención que tiene Copaco es poder definir un socio estratégico con el cual se pueda desarrollar un plan que permita la recuperación de la sostenibilidad de Copaco en términos financieros y técnicos, de modo que la institución sea útil para el desarrollo económico del país.

“No solo va a aportar los recursos que necesita, sino también el conocimiento, la tecnología, la forma de gestión, porque Copaco debe cambiar su forma de trabajar para hacerse sostenible”, refirió.

Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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