El gobierno de Santiago Peña saldó una deuda heredada de la administración anterior de USD 350 millones con varias empresas constructoras. Ese atraso produjo una deuda de USD 100 millones en concepto de intereses, y los gremios del sector piden de forma unánime que se honre ese costo financiero.
Al respecto, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, manifestó que están esperanzados y confiados en que el Gobierno pague los intereses de la deuda. En contacto con La Nación/Nación Media, expuso que ahora se encuentran realizando un trabajo de cuantificación de obras y prevén una metodología de pago.
Esta labor la están haciendo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las constructoras involucradas. “Estamos trabajando en viabilizar el pago de intereses para poder recuperar los gastos financieros que tuvimos. Seguramente va a salir en los próximos meses. El Gobierno nunca dijo que no va a pagar, pero están trabajando para ver con qué fondos van a saldar”, expresó el Ing. Sarubbi a LN.
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Al margen, comentó que durante estos últimos tres años difíciles para ellos, ahora están volviendo a tener más fuerza para demostrar que las empresas paraguayas pueden trabajar con calidad en la ejecución de los proyectos, a pesar de las dificultades financieras que pudieran presentarse.
“Estamos contentos por el apoyo que nos da el gobierno, por todos los planes de infraestructura que nos dan y por la participación que se les da a empresas nacionales. Creo que estos años hemos demostrado que se puede trabajar con calidad en la ejecución de proyectos y que cumplimos con todos los plazos. Todo este tiempo que no cobramos, fuimos nosotros quienes conseguimos el financiamiento para poder continuar”, precisó.
También la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadamico) emitió un comunicado pidiendo al gobierno que cumpla con este compromiso, ya que proveer y acompañar la obra pública requiere un enorme sacrificio financiero, “que a veces no es reconocido y en muchas ocasiones repercute de manera negativa en sus resultados”.
Alegaron que la cámara aglutina a una cantidad importante de empresas legalmente constituidas, proveedoras indirectas de la obra pública, que tiene un fuerte impacto positivo en la economía local, aportando empleo formal y crecimiento al país.
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