Hace dos semanas, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Mipymes, que permitirá al rubro crecer mucho más por varios incentivos; uno de ellos es la posibilidad de pagar el 80 % del salario mínimo (microempresas) mientras los empleados se asientan, capacitan y crecen juntos.
Al respecto, Guillermina Imlach, presidenta de la Asociación de micro, pequeñas y medianas empresas (Asomipymes), dijo a La Nación/Nación Media que esto es estímulo para quienes están iniciándose como emprendedores y quieren crecer porque, según lo que manejan desde el gremio, una microempresa estaría facturando entre G. 5 millones a G. 6 millones por mes; por lo que pagar un salario mínimo sería imposible.
“Si un chico de 18 años quiere trabajar conmigo, pero yo facturo G. 5 millones, es imposible poder pagarle un salario mínimo, y mucho menos con IPS (Instituto de Previsión Social), porque no tengo aún ese dinero. Entonces, yo creo que haber permitido que se pueda pagar el 80 % va a formalizar más al sector y da un respiro”, expresó Imlach.
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Incluso, dijo que contar con un piso salarial obligatorio hace que un profesional gane igual que una persona sin títulos y con conocimiento bajo. Puso como ejemplo a una licenciada en marketing que quiere trabajar en una pequeña empresa, y un vendedor sin experiencia y título universitario, la situación amerita a que ambos ingresen a sus cargos con el mismo salario, lo cual no es equitativo.
“Esto tiene que ser competitivo; porque los jóvenes que ingresan a las microempresas, van a tener una jubilación pero no salud (80 % del salario), pero en tres años la persona ya habrá aprendido todo sobre la empresa y ahí va a mejorar su condición salarial, ya con un seguro completo. Este es un debate que se debe llevar a cabo. El gobierno tiene que tener políticas salariales”, indicó.
En ese margen, comentó que es importante los beneficios de la Ley de Mipymes, tales como la exoneración y descuentos en patentes, además de las tasas. El acceso a financiamiento, capacitaciones; contratos a plazo determinado de hasta 36 meses sin indemnización y preaviso; y el acceso a compras públicas.