La agricultura paraguaya viene creciendo y mejorado desde hace décadas, especialmente gracias a leyes como la de antideforestación que ayudó a ganar mucho terreno a la siembra directa, explicó el asesor agroambiental de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Alfredo Molinas.
Sostuvo que las exigencias europeas a países de América Latina por supuestamente generar daños medioambientales, no se sustentan, ya que el viejo continente es una de las principales zonas del mundo que emite gases de efecto invernadero (27 %, según la Unión Europea).
“Muchas veces los convenios internacionales buscan que ONG que nunca ordeñaron una vaca, pongan reglas a los productores”, cuestionó en la 1000 AM el asesor de la UGP. A eso, explicó que se debe entender cuáles son las diferencias entre buenas prácticas agrícolas y agronómicas, para saber si pueden ser aplicadas como medidas de mitigación.
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Por un lado, indicó que las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con el manejo del cultivo, la siembra de variedades resistentes a la sequía, al calor, las variedades de siembra temprana, mediana, tardía, y la pastura. Por otro lado, las buenas prácticas agronómicas tienen que ver con el manejo de suelo, agua, bosque y biodiversidad, que son los recursos naturales.
“Tenemos que entender bien cuáles son y no son medidas de mitigación. Nunca las buenas prácticas agrícolas y agronómicas pueden ser medidas de mitigación, y los primeros proyectos de caballo de Troya que entraron al país querían venir a decirnos lo que nosotros no estamos haciendo bien”, dijo.
Sostuvo que son los países del primer mundo los principales responsables del cambio climático, y que es ilógico que ellos quieran educar a otros países “tercermundistas” cómo solucionar los problemas que ellos mismos causaron. “¿Por qué los países pobres nomás somos los que tenemos problemas de sequía?”, señaló.
La Ley 422/73 establece la obligación de proteger, conservar y mejorar los recursos forestales. Todos los bosques y tierras forestales en el país están sujetos a esta normativa. Autoriza la retirada o cancelación de permisos y la imposición de sanciones por incumplimiento de planes.
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