Un juez de Bolivia ordenó ayer viernes la aprehensión de Evo Morales por la presunta trata de una menor durante su mandato (2006-2019), decisión que el exmandatario consideró como una persecución de “una justicia servil” al gobierno de su exaliado Luis Arce. La justicia emitió la resolución luego de que Morales no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que se debía resolver un pedido de prisión preventiva.

“Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado”, determinó el juez Nelson Rocabado durante la audiencia. La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a declarar a una sede del Ministerio Público.

La nueva orden de aprehensión es para que se presente ante el juez que dirige la causa. “Denuncio al mundo que me persigue y me condena en tiempo récord, una ‘justicia’ parcializada y servil al gobierno de Arce (...) que tiene dominado a todo el Órgano Judicial”, reaccionó el líder indígena en su cuenta de X.

Durante la audiencia, Rocabado también declaró en rebeldía a Evo Morales, para que el proceso no se archive hasta él comparezca ante la justicia. Según Morales, la “declaración de rebeldía” ya estaba redactada desde antes y fue enviada por “los ministerios de Gobierno y Justicia”. “Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, añadió.

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El juez de Tarija también congeló los bienes del político y prohibió su salida de Bolivia. La audiencia debió desarrollarse el martes, pero Morales no se presentó. Sus abogados alegaron problemas de salud. La defensa presentó certificados que le diagnosticaban bronconeumonía y bradicardia. La fiscal del caso Sandra Gutiérrez aseguró a la prensa que la justicia determinó que los documentos médicos presentados “no son impedimentos jurídicos valederos” que justifiquen su inasistencia.

Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores. Fruto de la relación nació una hija un año después. De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”.

Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020. En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata. De ser condenado, Morales enfrenta a una pena -según la fiscalía- de 10 a 15 años de prisión.

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Aunque su paradero es público, la policía nunca ejecutó la orden de aprehensión de la fiscalía. El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios “anillos de seguridad” para impedir su detención.

“La seguridad del hermano Evo, en este momento” está a cargo de más “de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas”, dijo el miércoles a la AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado.

Desde que salió a la luz el proceso, Morales sostiene que es víctima de una “brutal guerra jurídica” orquestada por el presidente Arce. Ambos están enfrascados en una intensa lucha por el control del partido oficialista y la candidatura presidencial de la izquierda.

Morales acusa a su exministro de intentar “proscribirlo” de la carrera electoral de agosto próximo, aunque la justicia en noviembre restringió sus ambiciones políticas, al limitar la reelección por más de dos gestiones de gobierno. “Mis acusadores no buscan justicia, quieren proscribirme y eliminarme ante las próximas elecciones presidenciales de Bolivia”, insistió el ex jefe de Estado.

Fuente: AFP.

Nuevos choques entre policías y partidarios de Evo Morales dejaron ayer martes 41 detenidos durante la segunda jornada de protestas en La Paz contra la crisis económica y el gobierno del presidente Luis Arce, informó la Defensoría del Pueblo. Desde el lunes han sido aprehendidas un total de 43 personas, según cifras del organismo y de las autoridades.

Por segundo día grupos de manifestantes intentaron irrumpir, sin éxito, en la plaza de armas, donde Luis Arce tiene sus oficinas y que permanece fuertemente custodiada por la fuerza pública. El portavoz de la Defensoría, Juan Ledezma, señaló que el organismo entrevistó a las “41 personas” detenidas y que se encuentran en aparente buen estado.

Estamos verificando “que no haya ningún exceso en el tema policial y que tengan acceso a lo que se conoce como salvaguardas, el acceso a los abogados”, expresó en declaraciones al canal Unitel. Centenares de manifestantes llegaron a La Paz el lunes, luego de una marcha de cuatro días desde el poblado de Patacamaya, 100 kilómetros al sur de la sede de gobierno.

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La protesta se enmarca en la intensa disputa entre Morales y Arce por el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de agosto, aunque el exmandatario y líder cocalero fue inhabilitado por la justicia.

Los manifestantes reclaman soluciones al incremento de los precios de la canasta básica. Bolivia cerró el 2024 con una inflación acumulada de 9,9 %, la cifra más alta en 16 años. También protestan por la escasez de combustibles y dólares. El gobierno de Arce casi ha agotado las reservas internacionales para importar diésel y gasolina que distribuye a precios subsidiados en el mercado interno.

Tras la masiva concentración, solo se mantienen activos pequeños grupos de manifestantes. Al caer la noche de este martes, la zona ya se encontraba libre, sin manifestaciones, aunque los accesos seguían resguardados por efectivos policiales, según observó la AFP.

Un juez postergó la audiencia para resolver un pedido de detención preventiva contra Evo Morales, investigado por el caso de trata de una menor cuando ejercía el poder, ante la ausencia del exmandatario por problemas de salud que alegó su defensa, informó el martes el Ministerio Público. La audiencia, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija (sur) sin acceso a la prensa, se pospuso para el viernes, dijo a la AFP la fiscal Sandra Gutiérrez, quien dirige la investigación contra el expresidente (2006-2019).

“Se instaló la audiencia; sin embargo, no se pudo llevar adelante porque los abogados de la defensa (...) presentaron un certificado médico” que recomienda a Morales un “reposo absoluto de cinco días”, señaló la funcionaria. Según Gutiérrez, el reporte médico indica que Morales padece bronconeumonía y bradicardia “en estudio”. En ese sentido, anunció que pedirá que el certificado sea cotejado por la autoridad forense.

Por su parte, Jorge Pérez, abogado del líder cocalero, anticipó que Morales será sometido a una nueva revisión médica para determinar si puede asistir a la reprogramada diligencia judicial. “Se ha resuelto suspender la audiencia a efectos de que puedan valorar los especialistas y se pueda conocer su situación, si es que va a continuar impedido de salud”, indicó Pérez a la prensa.

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Morales, de 65 años, es acusado por el Ministerio Público por el delito de trata de una menor, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años. Según la fiscalía, Morales y la menor sostuvieron una relación en 2015, de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.

Sobre el líder cocalero ya pesa una orden de aprehensión por no acudir a declarar ante la fiscalía durante la investigación. En diciembre fue imputado formalmente. El lunes, la defensa del líder aimara adelantó que no se presentaría a la audiencia de prisión preventiva debido a que no había sido debidamente notificado, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.

Si el juez determina que la ausencia de Morales fue injustificada, puede ordenar su aprehensión y prohibirle que salga del país y dictar un embargo preventivo de sus bienes. Aunque Morales ha desestimado previamente la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.

El exgobernante dice ser víctima de una “lawfare” (guerra jurídica) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” políticamente. Arce y Morales se disputan la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto próximo, pese a que el líder cocalero fue inhabilitado por la justicia para repostularse.

Fuente: AFP.

Bolivia celebra el próximo 6 de agosto el bicentenario de su independencia, y el 17 del mismo mes, irá a elecciones generales para renovar a su legislativo y elegir (o reelegir) un presidente.

La confianza en el sistema democrático ha descendido notablemente entre los bolivianos y este fenómeno es responsabilidad de la clase política de ese país; y si nos jugamos a poner nombre y apellido a esta situación, no debemos pensar mucho para mencionar a Evo Morales, el caudillo del Chapare, bastión de los productores de coca en Bolivia y quien quiso emular al fallecido Hugo Chávez, su padrino y financista político.

Evo buscaba perpetuarse de la misma manera que hizo Chávez, utilizando a las instituciones democráticas para darle una apariencia legal a su gestión, hasta que el venezolano murió en una fría cama de La Habana en 2013 (algunos dicen que ya murió en diciembre de 2012).

Hoy, Evo Morales está acusado de abuso de menor de edad cuando era presidente, cuenta con orden de captura y está refugiado en su bastión, el Chapare, donde es dueño y señor del electorado.

Está impedido para ocupar nuevamente el cargo de presidente por la Constitución, pero a pesar de todo, Evo Morales lidera junto al actual presidente y exdiscípulo, Luis Arce, la intención de votos con 18 % de las preferencias.

Sucede que ese 18 % es el techo de Evo, y Arce posiblemente sea el ganador en primera vuelta, lo que no le asegura ser reelecto.

Mientras tanto, la oposición al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene varios problemas. El principal es que no aprovecharon la coyuntura política y social que se ha presentado en las dos últimas décadas, y no han logrado renovarse para presentar nuevas opciones.

Sus candidatos son Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga, dos expresidentes bolivianos que añoran regresar al poder. También está el detenido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un político de centroderecha, quien aparece como el de mayor expectativa de crecimiento electoral por la excelente gestión que realiza.

Los tres primeros han firmado un compromiso para llegar a una candidatura única, como para hacer frente al MAS oficialista.

Las opciones están sobre la mesa y recién en abril comenzarán las diversas campañas electorales. A pesar de su ventaja, el presidente Luis Arce no ha confirmado si irá o no por la reelección. Con Evo Morales, descartado, la ausencia o la derrota de Luis Arce podría marcar una fractura muy grande en el Movimiento al Socialismo, incluso se especula que este escenario podría derivar en su desaparición.

Pero a pesar del ambiente complicado, Bolivia crece en infraestructura, especialmente hacia el sur, Santa Cruz. El aeropuerto de esa ciudad apunta a convertirse en un centro regional de distribución de cargas y pasajeros, mismo deseo que tenemos con el nuestro, con la salvedad de que los bolivianos ya van por la ampliación del aeropuerto Viru Viru y cuentan con una moderna línea aérea con bandera nacional que va uniendo a Santa Cruz con destinos europeos.

Sin embargo, tienen problemas críticos como la falta de dólares, la mala gestión de la explotación del gas (principal recurso del país), y la falta de combustible por lo que hoy Bolivia se ve en la obligación de importar combustibles de Argentina, Rusia y Paraguay.

El buscado exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, quien integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue detenido ayer lunes en La Paz por la policía, informó la Interpol de Bolivia. Muñoz Hoffman era buscado desde diciembre de 1996, cuando escapó de una prisión de alta seguridad en Chile en una cinematográfica fuga que incluyó la intervención de un helicóptero secuestrado.

El director de la Interpol de Bolivia, Juan Carlos Bazualto, explicó que el exguerrillero fue capturado cuando “se encontraba en inmediaciones del consulado chileno” en La Paz. “Una vez que somos alertados (...), lo interceptamos y logramos dar con la verdadera identidad de esa persona”, agregó.

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Casi de inmediato se iniciaron trámites para entregar al fugitivo -que se encontraba en Bolivia de manera irregular- a las autoridades chilenas, afirmó el jefe policial. La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó en un comunicado que ya “se están realizando las gestiones (...) para articular lo necesario” para que Muñoz Hoffman sea puesto a disposición de un juzgado penal de Santiago.

También sostuvo que existía contra el exguerrillero una “notificación roja” y “dos órdenes de aprehensión (...) por infracción a la Ley de Armas, secuestro y fuga del territorio nacional”. Al momento de su escape, orquestado por un comando guerrillero, Muñoz Hoffman purgaba una condena de cadena perpetua por el asesinato en 1991 del entonces senador ultraderechista Jaime Guzmán, próximo al exdictador Augusto Pinochet.

Junto a Muñoz Hoffman también escaparon Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, que cumplían la misma sentencia. Palma Salamanca fue detenido en París en 2018 y se le concedió asilo político, mientras que Hernández Norambuena cumple una pena de 30 años en Brasil por un secuestro perpetrado en 2002.

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Un cuarto del grupo de fugados, Patricio Ortiz, recibió asilo político en Suiza. La muerte de Guzmán se produjo un año después del fin de la dictadura que dominó Chile entre 1973 y 1990, con un saldo de más de 3.200 muertos y desaparecidos. La policía boliviana dijo que el exguerrillero ingresó a Bolivia por pasos fronterizos ilegales, aunque no precisó cuánto tiempo permaneció en el país.

Fuente: AFP