El presidente Santiago Peña anunció la presentación de una propuesta de ley que plantea renovar la normativa de alianzas público-privadas (APP), luego de 10 años de vigencia de la misma. Uno de los cambios que plantean es aumentar la participación del Estado en los proyectos financiados, con un 25 % de injerencia, anteriormente era 10 %.

Al respecto, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, dijo a La Nación/Nación media, que celebran esta iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, pero consideran que la participación estatal debe ser mayor al 25 %.

“Esta es una herramienta que se tiene que utilizar más, ahora proponen pasar del 10 % al 25 %, pero no es todavía lo recomendable, para mí tiene que ser más, pero una mejora ya es. En otros países el Estado incluso pone todos los recursos en los proyectos”, manifestó.

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Dio un ejemplo en el que se presenta una iniciativa privada para construir centros educativos en el interior del país y mejorar todas las escuelas públicas, Cavialpa tendrá que financiar prácticamente el 100 % de la inversión y no podrá cobrar a los alumnos (obviedad) ese proyecto. Por lo tanto, el 25 % que dará el Estado inviabiliza esta iniciativa. “Porque yo me voy a sacar el otro 75 % para poder financiar una obra como esta, y la verdad que no voy a poder cobrar a nadie”, resaltó.

El titular de Cavialpa mencionó que hoy en Paraguay no se está invirtiendo siquiera USD 1.000 millones y que es necesario avanzar en el presupuesto, aumentar los volúmenes de infraestructura, ya que es un sector fundamental en la dinamización de la economía.

Por su parte, desde el Ejecutivo afirman que esta modificación, al tiempo de incorporar las mejores prácticas en la materia, redundará en mejores servicios y más obras públicas para la ciudadanía, así como la promoción de inversiones y la generación de más empleo.

El Ejecutivo ya había anunciado su plan de modernizar la ley de APP, durante su participación en la 14ª edición del Foro ABECEB. Peña refirió que el proyecto argumenta que el país enfrentaría una brecha significativa en infraestructura, lo cual apelaría a una inversión de USD 24.171 millones hasta 2030.

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