El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para traba­jar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero noso­tros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate, según publicó la Agen­cia IP luego de una entrevista televisiva. En ese proceso ya se tuvo una reunión con repre­sentantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que en función a las primeras conversacio­nes no existe ninguna preo­cupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “acla­rar ciertas cosas en la regla­mentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administra­tiva o burocrática adicio­nal, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, mani­festó el ministro. Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a esta­blecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se tra­baje a través del Equipo Nacio­nal de Estrategia País.­

El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.

“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.

El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.

Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.

“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Snmf), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

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La reglamentación indica a la vez que el sistema creado cubrirá todo el territorio nacional y deberá de instruirse en tal sentido a los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo a proveer la información requerida para el funcionamiento del citado sistema.

Por otra parte, menciona que se implementará un registro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes. Igualmente, se establecerán controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales calificados.

La reglamentación surge luego de que meses atrás se haya desatado un voraz incendio forestal en la zona del Chaco, específicamente en la zona del Cerro Chovoreca que arrasó con más de 180.000 hectáreas dentro de un periodo de aproximadamente 24 días, tragedia que demandó incluso la asistencia internacional por parte del Uruguay.

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Este martes se dio ini­cio al cuarto Foro Latinoamericano de Infraestructura en el Puerto de Asunción, con la presencia de autoridades locales, entre ellas, el mandatario Santiago Peña, empresarios y diplomá­ticos. En el evento se oficia­lizó la propuesta del sector privado para crear un Con­sejo de Política de Infraes­tructura, que será acompa­ñado por el Poder Ejecutivo, así como se destacó el avance de las inversiones para impul­sar la infraestructura en la región.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, anunció esta propuesta alegando que esta futura institución debe ganarse el respeto y la con­sideración de todos los sec­tores, empresarios, gremios, académicos, expresiden­tes y líderes de ministerios relacionados con la infraes­tructura, la planificación de políticas públicas y su finan­ciación. “Se debe construir un consenso, basado en las principales necesidades del país”, dijo.

Sobre la profesionalización del sector, Sarubbi sostuvo que las empresas se están capacitando para todas las obras que el Estado está lici­tando. “Se nota cómo entre el sector público y el sector privado estamos alineados en un fin común que es el creci­miento del país. Creo que eso va a generar por sobre todo lo que más queremos todos, que es una mejora de la cali­dad de vida de toda la pobla­ción. Tenemos empresas bien capacitadas con muchí­simas inversiones hechas, gente que realmente tiene un valor agregado en su tra­bajo”, manifestó a La Nación/Nación Media.

Por su parte, la ministra Claudia Centurión expresó ante las autoridades que Paraguay sigue enfocado en su visión de ser hub logístico a nivel regional a través del Corredor Bioceánico y los Corredores de Integración, además de la hidrovía, pro­yectos en plena ejecución por más de USD 500 millones. Resaltó que el Gobierno tiene un plan de infraestructura de más de USD 5.500 millones para 5 años y que, a la fecha, ya se han licitado USD 1.300 millones.

En ese marco, la minis­tra Centurión indicó a La Nación que para materiali­zar más proyectos es que han trabajado en la propuesta que prevé actualizar la Ley 5102 de Alianza Público-Privada (APP). “Trabajamos en esto para que se nos dé más espa­cio respecto al PIB (producto interno bruto), para sacar más proyectos en la moda­lidad APP, todavía no tene­mos ningún proyecto desa­rrollado bajo esa modalidad, e hicimos una serie de acla­raciones para que se pueda dar”, explicó.

El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la inauguración del foro y habló sobre las mejoras que experi­mentó Paraguay en los últi­mos años, pero que los desa­fíos para seguir creciendo son grandes, y que esto afecta a todos los sectores de la socie­dad. “La falta de infraestruc­tura afecta a miles de ciudada­nos y eleva los costos logísticos, limitando nuestra competiti­vidad en el mercado nacional. Necesitamos abordar las bre­chas existentes para satisfa­cer las necesidades de nuestra población en constante creci­miento y adaptarnos con agili­dad a las nuevas calidades eco­nómicas y sociales”, apuntó.

El Foro Latinoamericano de Infraestructura– Asunción 2024 se realizó de 8:00 a 18:00 en el Puerto de Asunción. El objetivo del evento fue compartir experiencias en políticas de infraestructura de largo plazo en América Latina y discutir los retos y oportunida­des de la industria de la construcción en la región.

A través de los temas tratados en la agenda se buscó contribuir a la construcción de un ámbito de intercambio de experiencias y mejores prácticas desarrolladas en ediciones anteriores, donde se han abordado temas de alto interés para la región. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile (CPI), el Banco de Desarrollo de Amé­rica Latina y el Caribe (CAF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron aliados estratégicos que enriquecieron el evento.

El presidente Santiago Peña señaló que las modificaciones planteadas a la Ley de Alianza Público-Privada (APP) bus­can volver más ágil y atractiva a este modelo de financia­miento para llevar adelante proyectos de infraestructura que generan expectativa.

Peña expresó que en estos más de 10 años desde la pro­mulgación de la ley se han cosechado aprendizajes domésticos que fueron plan­teados en un proyecto de modificación a la Ley 5102/13, presentado la semana pasada al Congreso. Explicó que lo vienen trabajando hace meses, es un trabajo bastante amplio, interdisciplinario.

Las modificaciones buscan levantar límites y restriccio­nes vigentes para incentivar al sector privado a presentar proyectos que sean rentables y que estén dentro de los ejes prioritarios del Gobierno.

“Nos encontramos con refe­rentes del sector a nivel internacional para conver­sar sobre la infraestructura como motor de desarrollo económico y social de nues­tra región. Estamos compro­metidos a mejorar la calidad de vida de nuestros compa­triotas. No basta con pensar en cantidad de obras, sino en su calidad y eficiencia”, manifestó Claudia Cen­turión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones.

Agregó que la infraestruc­tura se hace y se planifica en base al ciudadano, dichos desafíos deben estar apoya­dos por un plan de infraes­tructura que acompañe el crecimiento, pero tengan tiempo el componente de justicia social. Añadió que el Gobierno está impulsando varios proyectos.

“Gracias por estar presentes en este foro que marcará un nuevo punto de partida para el desarrollo de la infraestruc­tura en Paraguay. La respon­sabilidad de la infraestructura es de todos y especialmente del sector privado, en las áreas que requieren una con­tinuidad que los cambios polí­ticos, por su misma natura­leza, no pueden asegurar”, señaló el Ing. Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa.

“Nos pusimos de acuerdo en lo que tenemos que hacer por el país. Creo que hay todo por hacer, el 2025 será un gran año en materia de infraes­tructura. El presidente de la República y el gobierno que está detrás de él, tienen muy claro lo que se tiene que hacer para que el país se desarrolle. Y la infraestructura es funda­mental para que puedan venir las inversiones extranjeras”, señaló el titular de Cavialpa.