La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado para reiterar el rechazo absoluto a la creación de un nuevo impuesto denominado Patente Comercial a Sociedades ganaderas y/o a la producción que surgió en ciertos municipios. El gremio se sustenta en que este intento viola ciertos artículos de la Constitución Nacional del Paraguay.
El documento tiene como fin poner a conocimiento de la ciudadanía en general de las denuncias que llegaron hasta la rural por parte de empresas, sociedades y productores que tienen por actividad la ganadería, de que dos o tres municipios “crearon” nuevos impuestos en base a ordenanzas o resoluciones.
El gremio de productores pecuarios tiene por objeto la defensa de los intereses de la producción y desde la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios, así como desde la Asesoría Tributaria, concluyeron que las ordenanzas y resoluciones que crean el impuesto referido mediante un razonamiento “falaz y engañoso” viola el marco constitucional.
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Inconstitucional
Alegan que va en contra del Régimen Tributario Municipal, criterio confirmado por el dictamen No. 480 del Ministerio Público del 25 de abril de 2024, respecto a la ordenanza No. 03/2020 de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, que responde a una inconstitucionalidad.
A la vez, el informe legal tributario expresa que las ordenanzas y/o resoluciones de estos municipios, al crear ilegalmente un nuevo tributo, violan los artículos 137 de la Constitución Nacional, el 179 de la Creación de Tributos y el artículo 180 De la Doble Tributación.
Además se viola la disposición de la Ley N° 5513/15 que “Crea el Nuevo Régimen Tributario de las Municipalidades”, que expresa que “los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal”.
La ARP insta a los municipios a respetar el orden constitucional y legal de la República, e invita a los productores ganaderos a defender sus derechos ajustándose a cumplir lo que por ley corresponde. Por lo tanto, solicitan a los poderes del Estado,tomar nota de esta denuncia que estaría alterando el orden legal y constitucional, dañando el Estado de derecho de la República, subraya el comunicado.
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