La energía barata de Paraguay atrae a decenas de criptomineras legítimas, por lo que, en los últimos tres años se han establecido en el país más de 60 sitios de criptominería avalados por las autoridades que representan más de 1.100 millones de dólares en inversión, destaca el medio argentino TN en un reportaje en video, a partir de un informe elaborado por la AFP.
En la ciudad de Hernandarias se instaló Penguin, donde cientos de computadoras se alinean en un terreno extenso como una cancha de fútbol. La empresa ofrece “alojamiento a todos los dispositivos informáticos, ya sea criptominería, centros de datos de inteligencia artificial o servicios en la nube”, dice Ricardo Galeano, vicepresidente de este centro de computación de alto rendimiento, a la AFP.
La ubicación de esta enorme criptominera, a dos kilómetros de la colosal represa de Itaipú sobre el río Paraná, no es azarosa: la central hidroeléctrica, una copropiedad de Brasil y Paraguay en partes iguales, es una de las represas más potentes del mundo, con capacidad de generar 14.000 megavatios por hora. Paraguay dispone de otras dos hidroeléctricas: Yacyretá con Argentina (4.000 megavatios) y Acaray (400).
Un socio de Penguin es el peso pesado del sector, la estadounidense Marathon Digital, que ya tiene invertidos 30 millones de dólares en la planta de Hernandarias. El informe señala que la electricidad limpia y asequible de Paraguay es un imán para la industria tecnológica: la criptominería, esa larga serie de cálculos que produce una unidad de moneda digital, requiere una importante infraestructura informática y, en consecuencia, mucho consumo de energía.
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Lucha contra granjas clandestinas
Al margen de estas empresas legales, también se denuncian decenas de criptomineras ilegales que vampirizan la energía paraguaya. “Somos los primeros en querer desenmascarar a los responsables”, afirmó Félix Sosa, director de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
En una charla con la AFP, Sosa recordó los más de 71 procedimientos abiertos por la entidad ante el Ministerio Público por robo de energía, y las cerca de 10.000 computadoras incautadas, además de unos 50 transformadores. “Es una lucha frontal y seria”, dijo el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. El Senado aprobó en julio una ley que aumenta las penas por el uso ilegal de energía para criptominería a un máximo de 10 años de prisión.
A finales de mayo, policías y agentes de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) incautaron, en una de estas granjas clandestinas de criptomonedas en Saltos de Guairá, más de 2.700 ordenadores y cinco transformadores, el mayor decomiso hasta la fecha. La semana pasada, se incautaron casi 700 ordenadores y un transformador en una granja en Hernandarias que consumía el equivalente a 60.000 dólares mensuales de electricidad. La Ande admite una pérdida de 28% de la electricidad que genera, por diferentes causas, entre ellas la minería ilegal.
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