El Congreso Internacional de Prevención de Incendios y Protección Humana se realizó el jueves 7 de noviembre para educar a la población sobre cómo actuar en situaciones de incendio, con la participación de conferencistas destacados y autoridades de nivel nacional y municipal, subrayando la importancia del tema en la agenda de seguridad pública del país.

Uno de los principales disertantes fue el Ingeniero Jaime Andrés Moncada, reconocido experto en Ingeniería de Protección contra Incendios, con una trayectoria notable en proyectos a lo largo de Latinoamérica. “Lo que se buscó es que Paraguay ya no tenga víctimas de incendios. Estuvieron presentes 200 profesionales del sector de la construcción, expusieron personalidades del sector, sobre todo lo que tiene que ver con el rubro”, sostuvo a La Nación/Nación Media, Enrique López Arce, especialista en empleos.

En el congreso estuvo presente el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el titular de la Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial (Capasi), Fernando Ayala; la directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Lira Giménez, y otras importantes autoridades del sector.

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Durante su intervención, Moncada compartió conocimientos y estrategias fundamentales para la protección contra incendios, aplicadas tanto en el ámbito privado como en espacios públicos. Además, se contó con la exposición del ingeniero Carlos Halke, el Dr. José Gavilán, entre otros profesionales.

Entre los temas abordados estuvieron la norma paraguaya de rociadores automáticos, riesgos eléctricos y su relación con los incendios con un experto del INTN, señales de alerta en edificaciones afectadas por incendio de grandes proporciones, protección contra incendios en las tecnologías emergentes, y el abordaje de los sistemas de protección contra incendios para las edificaciones de gran altura.

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Argentina juega un importante partido entre el gobierno que impulsa el ingreso de capitales privados al fútbol local y los clubes deportivos, que rechazan esta idea argumentando que amenaza su rol social comunitario. Pero este modelo es una realidad en Brasil, México y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, promulgó dos decretos que buscan que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acepte convertir los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD), pero ambos fueron detenidos en la justicia.

Los impulsores dicen que los clubes se verán beneficiados por el ingreso de capital privado, pero los detractores argumentan que los inversores se llevarán el dinero del fútbol desfinanciando a otras actividades de la institución que dependen de esos ingresos. Mientras Milei afirma que ello permitiría que Argentina tenga una liga local “de muchísima mejor calidad”, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, asegura que este “no es el modelo” de fútbol que llevó al país a ganar recientemente dos copas América, en 2021 y 2024, y el Mundial de Catar-2022.

En el eterno rival de Argentina, Brasil, está permitido este modelo de club. Se llama Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF) y fue aprobado por el Congreso en 2021 para facilitar el rescate de instituciones con problemas financieros o impulsar aquellas con las cuentas en orden. Pero en el país del ‘jogo bonito’ los clubes no tienen un vínculo estrecho con los barrios donde surgieron u operan, como sí pasa en la tierra de Lionel Messi y Diego Maradona.

La mayoría de los socios no tienen derechos políticos, reservados para quienes pueden pagar una costosa cuota y acceder a un “título” que, eventualmente, les da derecho a votar. Tras convertirse en SAF, algunos de los equipos siguen en aprietos económicos y no han tenido mejoras deportivas. Pero otros sí, como el Botafogo que, en noviembre de 2024, lidera la liga brasileña y es finalista de la Copa Libertadores, tras años de poco protagonismo y varias visitas a la segunda división.

En su vecino Uruguay, desde 2001 se puede competir en la liga nacional como sociedad anónima. Deportivo Maldonado, con sede muy cerca del famoso balneario Punta del Este, se convirtió en 2009 en la primera SAD registrada en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El centenario club de la ciudad de Maldonado, a unos 130 km de Montevideo, ascendió en 2019 a primera división y en 2023 clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores. En la vecina San Carlos está el club Atenas, que fue adquirido por una sociedad anónima que llegó a poner al exdelantero de la selección uruguaya y exManchester United Diego Forlán como director técnico.

Pero Forlán duró un semestre y dejó a Atenas envuelto en una pelea con el grupo inversor. Tras dos años de intentos fallidos por ascender de categoría, la sociedad abandonó el club que ahora busca inversores para poder permanecer en el fútbol uruguayo, donde la mitad de los equipos son SAD. Al norte, en México, la mayoría de los equipos son propiedad de empresarios particulares o de grupos de inversores. Desde 2024, el América y el Estadio Azteca cotizan en la Bolsa de Valores mexicana como cualquier otra empresa.

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El argentino Gabriel Nicosia recuerda que hace 40 años paseaba con su madre frente al club San Lorenzo, que aún frecuenta para ejercitarse y charlar con los del barrio. Ahora teme que si la institución se vende a una empresa como lo promueve el presidente del país, Javier Milei, esa vida comunitaria desaparezca. El debate sobre la incorporación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino saca chispas entre el gobierno y la mayoría de los clubes, cuyos dirigentes y socios suelen oponerse a la idea.

“Me acuerdo de ir de la mano con mi vieja (madre) y pasar por el club, de caminar por abajo de las tribunas, todas de madera”, rememoró Nicosia, fanático de San Lorenzo “desde siempre”. En la sala de musculación, el contador de 50 años saluda a otros socios que, como él, juegan fútbol, básquet o planifican una kermese mientras los niños practican danza, natación o artes marciales. Muchos padres esperan en la cafetería, decorada con banderas que evocan títulos internacionales y jugadores de la selección de fútbol.

Pero si este club, del que también el papa Francisco es hincha, se convierte en empresa, “podrían cambiar muchas cosas y perderse los valores sociales”, cuenta a la AFP Nicosia, en la sede del barrio de Boedo, en Buenos Aires. En Argentina, los equipos que compiten en fútbol profesional son asociaciones civiles sin fines de lucro controladas por los socios, que pagan una cuota mensual y tienen derechos políticos. Brindan “contención y posibilidades” sociales, como las 300 becas para que jóvenes del barrio marginal vecino disfruten de la piscina, explicó a AFP Martín Cigna, director de San Lorenzo.

Los becados se preparan a un paso de donde entrenan los jugadores del equipo de fútbol profesional, varios de ellos millonarios. A diferencia de otros países de la región, como Brasil, donde los clubes están menos vinculados a las comunidades, en Argentina estas pequeñas entidades, como el humilde Parque en Buenos Aires, proveen de juveniles que luego serán grandes futbolistas a equipos de primera categoría. Este club barrial trabajó con Argentinos Juniors, donde debutó Diego Maradona, y formó a otros campeones del mundo como Sergio Batista y Alexis Mac Allister, o internacionales como el ex Manchester United y Manchester City Carlos Tévez.

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En su estatuto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que un club deportivo con otra forma jurídica, como las SAD, compita en sus ligas. Las SAD pondrían en riesgo actividades que no sean fútbol profesional, ya que “aquello que no da ganancia se va a cerrar, esa es la lógica comercial”, explicó a la AFP Verónica Moreira, especialista en estudios sociales del deporte. La discusión ganó espacio antes de las elecciones que consagraron presidente de Argentina a Milei el año pasado.

“¿A quién carajo le importa quién es el dueño si ganás (...) cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos, cada vez, de fútbol de peor calidad?”, había dicho el entonces candidato semanas antes de ser electo en noviembre. En dos decretos, su gobierno intentó forzar a la AFA a aceptar la posibilidad de que los clubes sean manejados por SAD, lo cual fue repudiado por la comunidad futbolística y detenido en la justicia. “No es para nuestro modelo de fútbol”, replicó en agosto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, bajo cuya gestión Argentina obtuvo el Mundial de Catar-2022 y dos veces la Copa América, en 2021 y 2024.

Según Moreira, “en las asociaciones civiles lo que se gana se reinvierte en el club”, mientras que un privado “que invierte el dinero, después se quiere llevar esa ganancia”. Pero quienes defienden las SAD no lo ven así. “Esto es a favor de los clubes. Estamos convencidos de que puede ser el camino”, dijo al canal local TN el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli. “¿No estaría bueno que se puedan mejorar las instalaciones?”. Antes de Milei hubo intentos de permitirlas: a fines de la década de 1990 y durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).

Algunos dirigentes de clubes son favorables al ingreso de capitales privados, como el presidente del centenario Estudiantes de la Plata, el exManchester United Juan Sebastián Verón, quien afirmó que se prepara “para otro tipo de apertura”. Pero la mayoría se opone, como Cigna, quien explicó que San Lorenzo además de lo deportivo, también facilita asistencia social para la compra de anteojos o plantillas para pies. “Este año vamos a terminar con un déficit de cerca de un millón de dólares y eso se solventa con el resto de los ingresos que tiene el club, mayoritariamente del fútbol profesional. Con las cuotas sociales no alcanza”, señaló el dirigente.

Al otro lado del río Matanza-Riachuelo que divide Buenos Aires de la provincia homónima está el competitivo club Lanús, que cobija más de 30 disciplinas entre deportivas y artísticas, escuelas primaria y secundaria. Sus más de 25.000 socios practican actividades que “serían deficitarias” sin el dinero del fútbol, explicó a la AFP su presidente, Luis Chebel. El directivo también está en contra de la incorporación de las SAD porque los fondos necesarios para mantener esa dinámica “se los llevarían los que ponen el dinero”.

Fuente: AFP.

Más que nunca, el exiguo nivel que presentan los cauces hídricos debido a la falta de lluvias en el norte del Paraguay y sur de Bra­sil hacen necesarios los tra­bajos de dragado de los ríos, especialmente los dos más importantes que son utili­zados para el intercambio comercial con el extran­jero.

Desde ese punto de vista, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió cinco pro­puestas económicas en el marco de la licitación para los trabajos de manteni­miento y dragado del río Paraná.

Las autoridades de la car­tera de Obras indicaron que las empresas que pre­sentaron sus ofertas fue­ron: Ingeniería de Topo­grafía y Caminos T&C SA, Arte y Estructura SA, Terminal Occidental SA, Signature SRL y Trociuk Puertos SA, con presu­puestos que varían entre G. 64.633.928.100 y G. 77.779.642.900.

“El llamado está dividido en tres tramos estratégicos que conectan la zona de Yacyretá con el río Paraguay: el primer lote comprende desde La Patria hasta Vuelta Itatí; el segundo, desde Habra hasta Carpinchero; y el tercero, desde Cancha Dorada hasta Naranjito”, explicaron.

Agregaron que las inter­venciones incluyen volú­menes que oscilan entre 342.857 y 632.143 metros cúbicos por tramo, con el objetivo de reducir la sedimentación que afecta la profundidad del río e impide el paso eficiente de embarcaciones de gran calado. Estas labores con­tribuirán a la reducción de costos y a la optimización de la capacidad de trans­porte fluvial.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.