El presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), Luis Ibarra, comentó acerca de un proyecto que busca digitalizar a las despensas de barrios, a través de la asistencia tecnológica que implicará la entrega de computadoras, software de gestión, internet gratuito y capacitación integral.

Se trata del Proyecto ProTecno, impulsado por la AMP y el Viceministerio de Mimpymes, que pretende modernizar a unas 260 despensas beneficiarias en una primera etapa, para lo cual los interesados deberán postularse.

“Ahora hay un proyecto para dotar a 260 despensas de software, hardware, una notebook para cada una, además de cada una tendrá un pos electrónico para cobro por tarjetas. Hay que actualizarse con lo que quiere el consumidor”, expresó a la 920 AM.

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El referente del segmento minorista remarcó que la iniciativa busca digitalizar a un sector clave de la economía, atendiendo que todavía representan un brazo importante del abastecimiento del consumo en el mercado.

Si bien, capital y alrededores están inundadas de grandes supermercados y cadenas enteras, las despensas de barrios siguen siendo una respuesta a los requerimientos inmediatos. Muchas, de hecho, ya cuentan con los pagos electrónicos, pero se busca que el alcance sea mayor.

Respecto a la postulación del proyecto, Ibarra indicó que se quiere realizar antes de que termine este año, en unos días más luego de una prepostulación que ya se hizo. Los interesados pueden contactarse con la AMP a través de sus redes sociales o al número 0992-583-853.

Solo debe cumplir con los siguientes requisitos: contar con RUC habilitado, certificado de cumplimiento tributario al día, y no poseer antecedentes judiciales. También recibirán una capacitación, de modo a que el despensero beneficiado pueda aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas.

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La dirección de Regímenes Especiales del Viceministerio de Industria, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), informó que al cierre de octubre se adquirió por USD 325 millones a través del régimen de materia prima, un 14 % más de lo obtenido en el mismo periodo de 2023.

Del total de productos importados bajo el incentivo de materia prima, el 72 % se concentró en los sectores metalúrgicos, químicos y farmacéuticos. El primer grupo realizó compras por USD 158 millones, mientras que el segundo grupo fue por USD 75 millones.

También se realizaron compras para los sectores de fabricación de productos de tabaco, papel e impresión, fabricación de textil y prendas de vestir, alimentos y bebidas, productos de caucho y plástico, entre otros.

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Respecto al país de origen de las importaciones realizadas, el documento resalta la participación de China, con el 60 % de asistencia de las compras. En una menor medida se encuentran también India, con el 6 %; seguido de Estados Unidos, Japón, Turquía y España.

En octubre, las importaciones autorizadas bajo el régimen de materia prima fueron por un valor de USD 25 millones; unas 133 industrias adquirieron a través de este incentivo. También precisaron que en octubre fueron autorizadas unas 506 solicitudes. Cerca de 40.000 empleos están vinculados a este incentivo.

A octubre, se autorizaron 4.617 solicitudes de importación, lo que representa un aumento del 14 % con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 4.043 solicitudes. Un total de 259 empresas fueron beneficiadas al cierre del décimo mes del año, en donde el 76 % se concentraron en los sectores metalúrgico, químico y farmacéutico; caucho y plástico; alimentos y bebidas; y textiles.

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Desde la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), manifiestan que, si bien, todavía no tienen una postura institucional concreta con relación al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso, que plantea renovar la normativa de alianzas público-privadas (APP), observan de forma positiva toda modificación que respalde mayor participación del sector privado.

“Como gremio todavía estamos evaluando los aspectos de este proyecto, como apenas se presentó, pero lo que sí puedo decir es que es positivo todo lo que tenga que ver con mejorar y darle más campo de aplicación y respaldo al sector privado”, expresó el presidente de la Aprocons, Pablo Rivarola, al diario La Nación/ Nación Media.

Asimismo, consideró que, siempre que sea una acción que le brinde más versatilidad al sector y concretamente al privado, será un atractivo para mayor participación o uso de esta herramienta que tiene el Estado como lo es la APP, para las obras de gran envergadura que se vuelven importantes generadores de mano de obra.

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Al tiempo de remarcar que les parece importante que las leyes se vayan ajustando, que en este caso como la 5.102/13, que ya data desde hace más de 10 años sin cambios, por lo que cree que es un tiempo prudente tras haber acumulado ya mucha experiencia en distintas administraciones. En cuanto a las principales modificaciones, la propuesta plantea incorporar mejores prácticas en el proceso, lo cual redundará en mejores servicios y más obras públicas para la ciudadanía, la promoción de inversiones y la generación de más empleo.

A la vez, busca establecer que los pagos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos contingentes, asumidos a título de contratos de participación público-privada, no puedan exceder el 4 % del PIB y que el monto asumido de pagos firmes y contingentes cuantificables anualmente no exceda del 0,8 % del producto interno bruto (PIB) del año inmediato anterior.

Otro punto importante es que se quiere modificar el artículo 48 y aumentar el porcentaje de participación del Estado en las APP del 10 % al 25 %. También se contemplan ajustes sobre derechos para el proponente privado y las nuevas responsabilidades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El proyecto apunta a flexibilizar la legislación para cubrir un déficit de USD 24.171 millones estimados en infraestructura para el 2023 por la alta demanda de obras, de modo a atraer a la inversión privada.

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1- Aprocons observa de forma positiva toda modificación que respalde mayor participación del sector privado.

2- Siempre que sea una acción que le brinde más versatilidad al sector, será un atractivo para mayor participación o uso de la herramienta APP.

3- Es importante que las leyes se vayan ajustando, que en este caso como la 5.102/13 que ya data desde hace más de 10 años sin cambios.

Fuente: Pablo Rivarola, presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons).

Los cañicultores encabezaron movilizaciones en distintos puntos del país exigiendo el rechazo al veto parcial a las modificaciones a la ley 5444/15. De acuerdo a lo que explicaron, eliminar las sanciones para los emblemas que incumplan con la normativa, resulta un contrasentido que no beneficia al sector productor de caña.

“La falta de sanción a cualquiera se presta para especulaciones y para incumplirla, nosotros no reclamamos cosas fuera de lugar, reclamamos el pedazo de mercado que le corresponde al etanol de caña de azúcar. No estamos en desacuerdo en que se compre el etanol derivado de otras fuentes como el maíz, lo que reclamamos es que se cumpla la ley y quien no lo haga, que tenga una sanción porque con una ley sin sanciones, nadie tiene miedo y en Paraguay sabemos cómo son las cosas”, aseveró Otilio Gómez.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el cañicultor explicó que las movilizaciones desarrolladas este jueves 24, respondieron al desacuerdo hacia el veto del Poder Ejecutivo respecto a las modificaciones introducidas a la ley, puesto que esta establecía multas del 20 % del valor de volumen de negocios para quienes compren etanol de maíz en plena zafra de caña.

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“Esto nos obliga a salir a las calles, esto no es nuestro trabajo, nuestro trabajo está en las chacras, deberíamos estar cosechando y entregando materia prima, pero lastimosamente estos acontecimientos nos obligan a salir a las calles. Es una lástima que pequeños y medianos productores tengan que salir a estorbar el libre tránsito por querer participar en el mercado”, lamentó.

Gómez señaló que para este viernes está prevista la continuidad de las movilizaciones en el cruce de Paraguarí, cerca del destacamento militar de Villarrica. Posteriormente tendrán una plenaria en la que decidirán qué acciones tomarán para la fecha de tratamiento en el Congreso, lo cual probablemente se daría el próximo miércoles 30 de octubre.

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