Alejandro Pareja

Especialista senior en gestión pública y transformación digital del BID.

En Paraguay, y en todos los países, la calidad de los servicios públicos afecta en forma significativa la calidad de vida de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, un buen sistema de transporte, con una infraestructura urbana de calidad y con integración armónica de todos los tipos de vehículos, permitiría, entre otras ventajas, reducir los tiempos de traslado. Sabemos que, en el área metropolitana de Asunción, en muchos casos, estos tiempos pueden ser de más de una hora, incluso en torno a dos. ¿Nos imaginamos lo que podríamos hacer con las horas que perdemos por día o por semana en traslados y esperas?

Hay traslados inevitables, determinados por nuestras obligaciones laborales. Sin embargo, hay otros que no. En particular, hay traslados y esperas que nos vemos obligados a hacer para cumplir con determinadas obligaciones regulatorias; en otras palabras, para hacer trámites. Una gestión pública ágil, que aproveche las bondades de la transformación digital, puede eliminar la necesidad de trámites presenciales en muchos casos, más de los que nos imaginamos. Sin ir más lejos, un estudio del BID identifica que, en un período de 10 años, mantener el registro de conducir vigente requiere a un ciudadano paraguayo 10 interacciones presenciales (una por año), mientras que, a uno uruguayo, solamente una. Esto quiere decir que hay 9 instancias (traslados de ida y vuelta, más esperas) que podrían no ser necesarias. Multipliquemos esto por los cientos de miles o millones de ciudadanos con licencia de conducir y tendremos una idea del impacto global para el país.

Vivimos en la era de los datos, la era de la transformación digital. Pero solo podremos sacarle jugo si estamos decididos a adoptarla. De nada sirven los datos si no los usamos para identificar problemas y emprender las correspondientes soluciones. De nada sirven las tecnologías si no las utilizamos para simplificar y reducir los traslados innecesarios o para optimizar todos los procesos de planificación y gestión de la entrega de los servicios públicos.

Paraguay demuestra día a día que no quiere perder el tren digital. El sistema HIS con el cual se gestiona el sistema de salud público, está utilizándose ya en 600 hospitales y unidades de salud familiar, registrando 1.200.000 atenciones mensuales y llevando trazabilidad en tiempo real de medicamentos y diagnósticos, entre otras ventajas. Por otro lado, ya estamos experimentando cómo el uso de la factura electrónica se expande, reduciendo trámites a las empresas, disminuyendo el uso de papel y permitiendo a la DNIT asegurar mayor equidad y efectividad en la recaudación. Finalmente, MITIC lleva emitidas 990.000 identidades electrónicas. Son casi un millón de personas que hoy pueden realizar decenas de trámites desde su dispositivo. Todos estos logros contaron con el apoyo del BID.

Los avances son significativos, pero los desafíos continúan siendo importantes. Afortunadamente, hoy contamos para abordarlos con la ayuda de herramientas emergentes como la inteligencia artificial. A finales de julio de este año y en coincidencia con la visita del presidente del BID, Ilan Goldfajn, inauguramos en la Representación de Paraguay el TechLab, un nuevo laboratorio para la exploración y adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial generativa, realidad virtual y aumentada, robots sociales y drones, entre otras. Este laboratorio está disponible para contribuir a hacer más accesibles los servicios públicos, así como abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales de una forma sostenible.

Con base en datos oficiales, en este material se ofrece un análisis de las promesas realizadas en la campaña electoral del presidente Santiago Peña y el nivel de avance de las mismas, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

En este cierre de 2024, se cumple 1 año y 4 meses de la asunción de San­tiago Peña a la Presidencia de la República del Paraguay, por lo que La Nación/Nación Media realiza un balance de los compromisos asumidos por el mandatario y el estado en el que se encuentran en la actualidad.

El artículo fue elaborado con base en datos oficiales pro­porcionados por el Gobierno y permitirá al lector conocer qué nivel de avance tiene cada promesa realizada en cam­paña por el presidente, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros. Para usted, ¿Peña cumplió?

“En Paraguay miles de fami­lias destinan una parte impor­tante de sus ingresos pagando un alquiler, un pesado gasto mensual que les impide pro­gresar”, afirmó el presidente comprometiéndose a impul­sar un programa que permita a la clase media poder pagar una vivienda propia a cuotas que se acerquen al monto de un alquiler.

De esta forma nació Che Róga Porã, una promesa cumplida desde el punto de vista del impulso del programa, si bien hasta la fecha aún no se ha inaugurado ninguna vivienda en este marco. Son 286 vivien­das reservadas y con crédito del sector privado preapro­bado para su construcción. Para la implementación de este plan se logró fijar una tasa del 6,5 % y créditos de hasta G. 500 millones a un plazo máximo de 30 años.

“Las personas con disca­pacidad tienen los mismos derechos que todos, en mi gobierno vamos a cuidarlos y apoyarlos para que también estén mejor, lo vamos a hacer con menos burocracia e incor­porando tecnología”, prome­tió Santiago Peña.

Recientemente presentó el primer “Atlas sobre la Disca­pacidad del Paraguay”, impul­sado por varias instituciones con apoyo del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID), que consiste en una plataforma que unificará todos los datos de institucio­nes públicas, organizaciones privadas y sin fines de lucro sobre las 299.839 personas con discapacidad en el Para­guay. A partir de esta base de datos se podrán encausar políticas públicas certeras para este segmento que repre­senta el 5,3 % de la población, confirmó el director del INE, Iván Ojeda.

Por otro lado, firmó el decreto que reglamenta la Ley n.° 6940/22, una normativa fun­damental en la lucha contra el racismo y la discrimina­ción en el país. Esto marca el reconocimiento y dignifica­ción de la población afrodes­cendiente paraguaya, que ha enfrentado históricamente la exclusión social y el racismo. Este marco legal establece mecanismos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las per­sonas afrodescendientes, un paso crucial en la lucha por la igualdad y los derechos huma­nos en el país.

En lo que respecta a la tercera edad, una promesa en proceso de ser cumplida es la univer­salización del acceso a la pen­sión y se estima que para el 2027 la totalidad de este sector estará cobrando este haber. Los adultos mayores elegibles, según la normativa 7322/2024, accederán a una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, equivalente a apro­ximadamente G. 700.000. El monto se reajustará auto­máticamente, conforme a la variación del salario.

La ley también beneficia a las familias indígenas, en cuyo caso la pensión será univer­sal a partir de los 50 años. Por otra parte, las personas entre 60 y 65 años también podrán acceder al beneficio en casos de discapacidad severa, constatada y certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapaci­dad (Senadis).

En la Itaipú Binacional se ha logrado un acuerdo tari­fario de USD 19,28 hasta el 2027 con el Brasil y tam­bién se concretó la posibili­dad de exportar energía de otras fuentes al mercado bra­sileño, resultados positivos para esta administración.

El nuevo precio de la tarifa durante tres años generará alrededor de USD 280 millo­nes de ingresos por royal­ties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, tota­lizando USD 1.250 millones anuales. Aún está pendiente la renegociación del Anexo C, lo que definirá el futuro de los próximos 50 años de esta empresa binacional y de ambos países.

Las propuestas en torno a solucionar la situación finan­ciera de la Entidad Binacio­nal Yacyreta (EBY) aún están pendientes. Si bien se han obtenido históricos desem­bolsos por parte de Argentina, el incumplimiento por cesión y uso de energía por parte del vecino país todavía imposi­bilita que la hidroeléctrica adquiera estabilidad.

Una promesa en marcha es la duplicación de los agen­tes de la Policía Nacional. El Gobierno se trazó como meta la incorporación de 5.000 policías por año, los que sumarán 25.000 al tér­mino de esta administración en agosto de 2028.

Para el próximo 19 de diciem­bre está previsto el egreso de los primeros 5.000 policías que pasarán a prestar servi­cios directamente en comi­sarías de todo el país, sumán­dose al esfuerzo diario contra el crimen organizado y las estructuras delictivas, for­taleciendo la seguridad en la vía pública.

La reducción de precios del combustible es una compresa cumplida de Santiago Peña, quien durante este gobierno ha anunciado en 7 oportuni­dades la disminución de esta materia prima fundamental para el desarrollo del país.

De esta forma, Petróleos Para­guayos (Petropar) redujo en total G. 1.550 el precio de las naftas desde agosto de 2023 a la fecha. También redujo el precio del gas y se mantiene desde el 15 de noviembre en G. 6.500 por kg. Al combustible, se sumó la reducción del pre­cio del cemento, beneficiando al sector de la construcción y al consumidor final.

Un menor precio en los pro­ductos de la canasta básica también fue un compro­miso de Peña; no obstante, el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) reportó incrementos de pre­cios en bienes alimenticios, por lo que este punto aún es una materia pendiente para el Gobierno.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Esta­dística (INE) hubo una reduc­ción de la pobreza al compa­rar los datos entre el 2022 y 2023. Previamente, el nivel de pobreza ocupaba el 25,5 % de la población y este descendió al 22,7 %, esto incluye a perso­nas que no llegan a un ingreso diario per cápita de al menos G. 26.000.

En cuanto a la pobreza extrema, que alberga a quie­nes no llegan a los G. 12.000 al día, las cifras arrojan tam­bién una leve disminución. Del 6,1 % registrado previa­mente, al 2023 se contabi­lizó que 4,9 % de los habitan­tes del país se encontraban en esta situación, porcentaje que representa a 269.000 personas. Los compatrio­tas en situación de pobreza y pobreza extrema suman 1.330.000.

Un hecho destacado es la reducción de intereses para pequeños agricultores, de 12 a 4 % a varones y de 12 a 0 % a mujeres.

Si bien la promesa del presi­dente de reducir la pobreza está en marcha, aún queda mucho trabajo por delante ya que a la fecha todavía existe un gran número de paragua­yos que no alcanza el mínimo de ingresos diarios.

La generación de 500.000 puestos de trabajo es una de las apuestas más fuertes del gobierno de Peña, la meta es ambiciosa y a la fecha los datos del Viceministerio de Empleo señalan que en este periodo 43.324 personas han ingre­sado por primera vez den­tro del sistema de protección social. Cabe destacar que esto no incluye al sector del emprendedurismo.

El combate a la informali­dad es clave para llegar a la meta de los 500.000 puestos de trabajo manifestó la vice­ministra de Empleo, Verónica López, a La Nación/Nación Media, y agregó que deben contabilizarse los empleos generados en el sector del emprendimiento.

En 2023 se registraron 4.118 nuevos negocios y queda aguardar las cifras de 2024 para determi­nar el crecimiento en este sector. Esta promesa está avanzando hacia su cum­plimiento, pero con pasos muy lentos.

Uno de los grandes compro­misos en materia económica/ financiera fue la reducción de la deuda pública, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía se puede apreciar que esta ha ido en aumento y a octubre de 2024 llegó a USD 17.958,3 millones. En el mismo periodo del año pasado, alcanzó USD 16.194,2 millones.

Si bien se registra un aumento, cabe destacar que el actual gobierno tuvo que asumir deudas millonarias con el sector de la construc­ción y con las farmacéuticas dejadas por la administración de Mario Abdo Benítez.

Un punto a destacar es el pau­latino acercamiento al tope del déficit fiscal. En diciembre de 2023 fue de 4,1 % y se pro­yecta concluir el 2024 con 2,6 %. El objetivo del Gobierno es volver al 1,5 %, considerado un punto de equilibrio.

“Yo categóricamente rechazo aumentar los impuestos”, afirmó Peña durante su cam­paña a la Presidencia y esta promesa la está cumpliendo hasta la fecha. Su gobierno no ha impulsado reformas en este aspecto y los parla­mentarios oficialistas tam­poco han acompañado inten­ciones legislativas de elevar tasas impositivas.

Peña prometió reformas en pos de reducir la burocra­cia, optimizar recursos y el funcionamiento de institu­ciones, en este orden se ve un avance mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y está en trámite la creación del Regis­tro Unificado Nacional (RUN) que fusiona Catastro y Regis­tros Públicos.

Una promesa incumplida hasta la fecha es la imple­mentación de un plan de guarderías gratuitas. “En mi gobierno apoyaremos a todas esas mujeres madres que quieren trabajar o estudiar, implementando guarderías gratuitas”, expresó el enton­ces presidenciable, que aún tiene este punto como mate­ria pendiente.

Durante su campaña San­tiago Peña se comprometió a combatir el consumo de dro­gas, como el dañino chespi, y devolverle la seguridad a las calles. Durante el gobierno este compromiso se convirtió en el Plan Sumar, un programa que une a varias ins­tituciones para combatir de forma integral al problema de las adicciones.

El cumplimiento de esta pro­mesa está en proceso, si bien las calles aún son testigos de jóvenes en situación de adic­ción y los problemas de inse­guridad derivados de esta problemática aún persisten, el Gobierno ha encabezado diversas acciones contra el narcotráfico, el microtráfico, se ha dado atención prima­ria a personas con trastor­nos por uso de sustancias y desde el Ministerio de Edu­cación se implementó Escue­las Abiertas, para trabajar desde la prevención, entre otras medidas más.

La problemática que busca resolver el Plan Sumar es a largo plazo, por lo que las acciones llevadas a cabo aún están lejos de reflejar resultados alentadores.

Dieciocho países de América Latina y el Caribe lanzaron ayer jueves una alianza para combatir el crimen organizado, que cuesta a las economías regionales miles de millones de dólares anuales, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “El crimen organizado opera a través de las fronteras y exige una acción regional audaz y coordinada”, afirma el presidente del BID, Ilan Goldfajn, citado en un comunicado.

“La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo permitirá asociaciones estratégicas y la movilización de recursos”, añade. Se centrará en tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros. La iniciativa, promovida por el BID, incluye a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil.

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La integran Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Entre las organizaciones destacan la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), en Italia.

Según un estudio reciente del BID, el desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe se ve muy afectado por el crimen y la violencia. En 2022 los costos directos de la criminalidad alcanzaron el 3,44 % del PIB de la región, es decir prácticamente lo mismo que un estudio realizado por la organización financiera en 2017.

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Esto equivale al 78 % del presupuesto público para educación y 12 veces el destinado a investigación y desarrollo. En otra publicación reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también concluye que la delincuencia y la inseguridad siguen siendo “importantes obstáculos para la prosperidad” de la región.

América Latina y el Caribe solo representa el 8 % de la población global, pero tiene un tercio de los homicidios del mundo. Según el análisis del FMI, cuando los homicidios aumentan un 10 % en un municipio su actividad económica cae aproximadamente un 4 %. El documento concluye que los homicidios aumentan cuando un país se ve afectado por un crecimiento negativo, una inflación elevada o mucha desigualdad.

Fuente: AFP.

Por: Adelaida Alcaraz

Con una perspectiva climática más favorable y un plan estratégico bien definido, desde la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible auguran un 2025 de grandes oportunidades para el sector agropecuario. La clave estará en la coordinación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, pilares fundamentales para garantizar un crecimiento sostenido.

El sector cárnico cierra el 2024 positivo, destacando su adaptación frente a desafíos climáticos y económicos. Se mantuvo el nivel de producción y exportación en volúmenes y divisas, superando incluso cifras del año anterior, expresó Hugo Sánchez, director ejecutivo de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible.

Esto reafirma la fortaleza del sector y marca un avance en la conciencia de los productores sobre temas como sostenibilidad económica, ambiental y social. Cada vez más establecimientos adoptan prácticas sostenibles, mejorando índices productivos. El año que se iniciará se presenta como una oportunidad para consolidar la integración de los eslabones de valor de la producción cárnica.

La demanda internacional de carne sigue estable, con expectativas de crecimiento. “Paraguay, que ya cuenta con un acceso diversificado a mercados clave, trabaja en abrir nuevas oportunidades comerciales que prometen consolidar su posición como exportador de carne premium”, manifestó.

La estabilidad macroeconómica impulsa la llegada de nuevas inversiones al sector productivo que fortalecerán el campo y también permitirán aprovechar el crecimiento esperado en la demanda global.