De acuerdo al decreto 1909/2024 firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, desde mañana 1 de julio entra en vigencia el nuevo salario mínimo legal de G. 2.798.309, mientras que el jornal mínimo pasará a ser de G. 107.627.

Este reajuste salarial se dispuso en base al informe elevado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam), que en base al informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP), señaló la necesidad de un reajuste de 4,4 % del salario mínimo.

El decreto autoriza además al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) a reglamentar y publicar los salarios mínimos para diversas actividades especificadas. “Lo que hace el Consejo es validar lo que dice la ley y a partir de julio vamos a tener estos nuevos valores”, explicó días atrás el viceministro de Trabajo César Segovia, al informar sobre el trabajo de la Conacom.

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Lo que se busca con el reajuste salarial es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores conforme al aumento de precios de los productos de la canasta básica. Gran parte de los salarios diferenciales presentan variaciones mínimas con respecto al salario base legal establecido para actividades diversas no especificadas. Actualmente, existen más de 90 valores salariales que se ajustan a partir de la inflación interanual.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2023, de 2.878.716 personas ocupadas el 57,6 % corresponde a trabajadores asalariados (1.657.982), estos trabajadores son quienes se encuentran dentro del marco legal de aplicación del salario mínimo legal (sector público, privado y empleo doméstico).

De ello, sólo el 17,1 % (282.936) del total de trabajadores asalariados percibe un salario equivalente al salario mínimo legal vigente (SMLV), mientras que aproximadamente el 41,5 % (604.164) percibe un salario menor.

En el sector privado el 21,8 % (253.549) de los trabajadores percibe un salario equivalente al SMLV, en tanto que, para el empleo doméstico alcanza únicamente al 6,2 % (12.881) y en el sector público al 5,7 % (16.507) de los trabajadores.

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