México y Bolivia se sumarán al pedido que hizo Colombia esta semana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para retirar a la hoja de coca, principal componente de la cocaína, del listado de sustancias prohibidas, informó este viernes la ministra de Justicia colombiana.

El lunes el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro instó a Naciones Unidas para que deje de considerar ilegal esta planta, durante una sesión de la Convención de Estupefacientes en Viena. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró a W Radio que México y Bolivia se sumarán a esa solicitud.

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“Podemos ver cómo hay posibilidad de aliarnos y (...) de hacer incidencia” para que “muchos países entiendan la posición de Colombia, el análisis frente a las cosas que han dado resultados en esta guerra contra las droga, las cosas que no”, dijo. La propuesta generó un debate en Colombia, el primer productor mundial de cocaína.

Petro detuvo la erradicación forzada de cultivos de coca al considerar que los campesinos que la siembran son víctimas del narco y robusteció las incautaciones a la mafia. Bajo esa política Colombia registró en 2023 un récord histórico de la producción de esta droga, con 2.600 toneladas anuales, y aumentó en 10 % los cultivos, según la ONU. Para muchas comunidades indígenas de los Andes la coca es una planta sagrada. En esa zona es tradicional su consumo, masticado o en infusión.

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Fuente: AFP

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.

Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.

Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.

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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.

El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.

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Medios periodísticos han accedido a nuevos chats del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y en esta oportunidad el nuevo implicado en el caso es el exministro de Mario Abdo, Arnaldo Giuzzio, quien lideraba la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el 2019, año en el que se habrían realizado los pedidos al exlegislador.

La conversación entre ambos data de noviembre del 2019 y de acuerdo a estos, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vinculado a varios referentes del narcotráfico.

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Conversación del 18 de noviembre:

- Giuzzio: Buen día don Lalo, disculpe la molestia, solo para confirmar si sigue el ofrecimiento de los blindados para el día de mañana.

- Gomes: Sí señor tenemos, me decís nomás qué hora tiene que estar en el aeropuerto. A las órdenes por acá.

- Giuzzio: Gracias don Lalo, te vamos a pasar.

- Gomes: Si usted cree conveniente yo le mando preparar la recepción a tus invitados, me decís nomás cuántas personas son y organizo. Me dijo el doctor Alderete, atendele bien a nuestro amigo al doctor Giuzzio.

- Giuzzio: Gracias. Don Lalo, podemos tener dos y me decís qué vehículos y números de chapas por si la Policía Federal me pide si por allí cruzamos al otro lado, chofer podemos poner nosotros.

- Gomes: Land Cruiser blanco 2019 chapa AABD 468 blindaje nivel 7, Hilux blanca 2019 chapa provisoria, blindaje nivel 5. Decime nomás a qué hora envío al aeropuerto y le entrega a tus choferes.

- Giuzzio: Don Lalo, podemos llevar ambos vehículos a nuestra base de la Senad en Pedro Juan Caballero si es posible para las 7 horas.

- Gomes: Sí señor, vamos a llevar para esa hora, me decís a quién le entregamos. Yo le voy a esperar en el aeropuerto también para acompañarte, señor ministro.

- Giuzzio: Si podés entregarle al encargado de mi seguridad, el suboficial Rojas en la base de Pedro Juan Caballero.

- Gomes: Sin problema doctor, a las órdenes, ya está organizado con su seguridad ministro.

- Giuzzio: Excelente, gracias don Lalo.

El pedido de Giuzzio a Gomes fue para su visita a la capital departamental de Amambay, Pedro Juan Caballero y las conversaciones entre ambos continuaron en los días siguientes. El 19 de noviembre, hay nuevamente una comunicación entre ambos y en esta oportunidad, el entonces ganadero le informa que ya había cumplido con su trato con el exministro.

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- Gomes: Buen día señor ministro, ahí ya están los vehículos en la base.

- Giuzzio: Me avisaron don Lalo, muchas gracias.

El contacto entre ambos se dio nuevamente el 20 de noviembre, cuando Giuzzio lo contactó para expresarle su agradecimiento por las atenciones recibidas en su paso por Amambay.

- Giuzzio: Gracias por todo don Lalo, salió todo muy bien.

- Gomes: A las órdenes siempre doctor, por acá cuando quieras.

Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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