El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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La Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) dio un avance dentro de su plan para recuperar la estabilidad de la estatal. En este sentido, dio inicio al proceso de retiro voluntario de sus funcionarios, a través del cual buscan reducir el número de trabajadores y generar un ahorro ya que la estatal cuenta con un número de recursos humanos mayor al que necesita.

“La semana pasada empezó la inscripción para el retiro voluntario y en esta etapa, son unos 250 más o menos los elegibles. En pocos días se inscribieron más de 100 para este programa, lo que es una muy buena noticia para nosotros porque nos va a permitir reducir los gastos salariales”, explicó Óscar Stark, presidente de Copaco.

El objetivo es que en total puedan acogerse a este programa unas 600 personas y así, lograrían ahorrar alrededor de G. 3.500 millones de manera mensual en pago de salarios, ítem que se lleva el mayor porcentaje de las recaudaciones de la institución, que de por sí ya son deficientes, expuso Stark ante la 920 AM.

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“Con estos recursos también vamos a hacer unas inversiones súper urgentes que deben hacerse para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones porque en Copaco hace 15 o 20 años no se hacen inversiones, y las que se hicieron, no eran las más razonables ni las más rentables en términos financieros. Además vamos a comprar algunos equipos que nos permitan crecer en la provisión de servicio de internet y vamos a pagar a algunos proveedores para ir reduciendo la deuda que está alrededor de USD 110 millones.

El retiro voluntario, las inversiones y el pago a proveedores será posible gracias a la transferencia de un inmueble de 13 hectáreas que era propiedad de Copaco a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que pretende realizar un desarrollo habitacional social y lo cual permitirá acceder a estos ingresos entre fines de marzo y principios de abril.

“Este año comienza una nueva etapa para Copaco con este proceso de depuración y seguimos trabajando con la posibilidad de tener un socio estratégico, un inversionista que inyecte recursos a Copaco y una nueva forma de trabajar que es lo que necesita la compañía para volverse sostenible”, refirió Stark.

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• por Juan Carlos Zárate Lezcano
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El titular de Copaco ha señalado que se torna urgente la toma de decisiones orientadas al salvataje de la compañía, que viene atravesando desde hace algún tiempo por una complicada situación económica-financiera, con niveles de ingresos mensuales que se han reducido a su mínima expresión, resultando insostenible su continuidad dentro del segmento de las comunicaciones.

Es imperiosa la necesidad de dar cuanto antes el “golpe de timón” que permita la incorporación como accionista de un socio estratégico del sector privado, dándole la posibilidad de que pueda ser parte del paquete accionario, que le permita realizar la inyección de fondos frescos necesarios para llevar adelante la reingeniería global institucional que precisa.

Debería ser un amplio conocedor del sector de las comunicaciones que permita la incorporación de varios nuevos productos y servicios que se puedan agregar a los que ya los ofertan al mercado, para ir revirtiendo positivamente la actual situación económica-financiera deficitaria en que se encuentran.

La Ley de Alianza Público-Privada es una herramienta primaria que se debe utilizar, pues en ella están insertas todas las coordenadas primarias.

Copaco precisa de un rediseño global de su estructura organizacional y de negocios, para competir de igual a igual con las otras tres empresas privadas que operan dentro de nuestro mercado.

Debería darle al futuro accionista los márgenes de maniobrabilidad necesarios para que en función a su experiencia pueda diseñar planes de nuevos negocios que le permitan resguardar el capital que será aportado, y con las perspectivas ciertas de un retorno positivo, pues si el Estado se mantiene en la tesitura de que las decisiones estratégicas de importancia tienen que seguir concentradas en él difícilmente podrían encontrar a un parte que decida inyectar fondos frescos por montos multimillonarios, pues nadie decide embarcarse en un proyecto comercial solo para empatar y mucho menos para perder.

Copaco por muchísimos años ha tenido en nuestro país el monopolio de las comunicaciones, lo cual hacía que sea rentable, pero hoy día las cosas han cambiado y tenemos 3 grandes competidores que no dejarán de seguir buscando nuevos productos y servicios innovadores para ofertar al mercado.

Esperemos que, al inicio del próximo periodo legislativo, puedan presentar al parlamento el proyecto de ley que permita la consecución de lo apuntado precedentemente, pues definitivamente el Estado en casi ningún sitio se ha caracterizado por ser un buen administrador, y habrá que dar luz verde a la libertad económica y al sector privado, donde la intervención estatal se circunscriba a lo estrictamente necesario.

Si seguimos con el cuoteo político, las prebendas y el clientelismo de años, difícilmente una empresa privada se animaría a poner en riesgo su capital, si las decisiones de mayor importancia tengan que seguir proviniendo del Estado.

La institución se ve en la necesidad de reducir drásticamente los niveles de gastos diseñando planes estratégicos que permitan que el flujo de ingresos a futuro lo vuelva rentable y competitiva como empresa.

No deberían concentrarse solo en los servicios que más le interesan al Estado, sino en aquellos que mayor impacto económico tendría dentro de su Gestión Económica-Financiera.

Si Copaco no abre su mente y no se concientiza de que con el universo de productos y cartera actual de clientes no podrán obtener los objetivos que se propone, difícilmente podrán salir de la angustiosa situación en que se encuentra.

La compañía cuenta con una buena infraestructura, pero lo deberá potenciar a través de una oferta mucho más atomizada y diversificada de productos y servicios tanto al sector público y privado.

Así es como funcionan los negocios a nivel mundial, si pretendemos que los emprendimientos puedan ser sostenibles y sustentables en el tiempo.

La política económica Keynesiana ya es etapa superada, aunque muchos gobiernos siguen pensando lo contrario.

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