La empresa estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) constató el robo de 1.800 metros de cables multipares, que representa un daño patrimonial estimado en más de G. 700.000.000 por el cobre sustraído, en una verificación técnica en la central del barrio San Vicente de Asunción. La cifra podría incrementarse al considerar los costos de reposición y los trabajos técnicos necesarios para restablecer la infraestructura de telecomunicaciones afectada.

“El robo incluyó 1.800 metros de cable multipar, de los cuales se extraen aproximadamente 2 kilos de cobre por cada metro. Teniendo en cuenta que el kilo de cobre se comercializa en el mercado a G. 60.000, se estima que los responsables obtuvieron ganancias cercanas a G. 216.000.000″, explicó el ingeniero Francisco Machuca, gerente técnico de Copaco, en un comunicado de prensa de la institución.

Autoridades de Copaco, en colaboración con la Policía Nacional y agentes de Delitos y Criminalística, realizaron la intervención del sitio. Durante la inspección, se tomaron muestras y se registraron huellas en la cámara subterránea interna de la central, donde se realizaron parte de los cortes y la sustracción de cables de gran grosor, esenciales para la conectividad de los clientes.

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“Ante esta situación, la empresa inició un sumario administrativo para los técnicos de las centrales de San Vicente y Lambaré, con el objetivo de esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades”, manifestó el asesor jurídico de Copaco, el abogado Rodrigo Lezcano. La empresa lamenta el impacto de este incidente en la calidad del servicio ofrecido a sus clientes y reitera su compromiso de solucionar la situación a la brevedad, garantizando una pronta restauración de los servicios afectados.

“Copaco S.A. reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en sus operaciones, implementando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables. La compañía continuará colaborando con las autoridades para aclarar los hechos y definir acciones correctivas adicionales, que serán evaluadas por el directorio en los próximos días”, agrega la nota de prensa.

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Gracias a las gestiones de la Procuraduría General de la República, se logró reducir considerablemente la multa prevista para pagar al conglomerado industrial Mota Engil por la anulación del contrato del Metrobús, que sumado con sus respectivos intereses daba una suma de USD 19 millones, quedando solamente la suma de USD 2,6 millones. De esa manera, el Estado paraguayo obtuvo un ahorro de más de USD 16 millones.

El procurador Marco Aurelio González informó al presidente Santiago Peña el resultado obtenido del juicio de nulidad parcial del laudo arbitral, en el expediente promovido por el Estado paraguayo contra dicho laudo por sentenciar a pagar indemnización a la firma industrial por la anulación del mencionado contrato.

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El procurador González y la vocera del Gobierno, Paulo Carro informaron al respecto, y remarcaron que esta multa, aun habiéndose reducido el monto, es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior de rescindir los contratos de manera injustificada.

En ese sentido, el procurador González informó que en la fecha tomaron conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, que ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Paraguay.

“A partir de esta resolución se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones, que tiene que pagar Mota Engil al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y de la misma manera quedan los USD 2.600.000 aproximadamente, que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, indicó González.

El procurador remarcó que ya en su momento había sostenido que iban a dar batalla jurídica a una decisión que consideraban políticamente incorrecto, y económicamente injustificado. Más ahora, con el laudo y este fallo del tribunal de apelación, dan la razones que jurídicamente estuvo desacertada la decisión de rescindir el contrato que tomó el gobierno de Mario Abdo Benítez a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República.

“Las razones por la cuales el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo arbitral, es que el laudo se resolvió en violación a expresas disposiciones del derecho paraguayo, como la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse”, acotó.

No obstante, indicó que todavía podrían recurrir a un recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son los dos últimos recursos que caben contra esta última resolución del Tribunal de Apelación. En cuanto al pago de los USD 2,6 millones a Mota Engil, indicó que se estaría concretando, una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia.

Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro señaló que si bien el fallo aún no está firme, se están arbitrando todos los medios necesarios para proteger el patrimonio de los paraguayos. “Como Estado no seamos condenados a pagar una millonaria suma durante este Gobierno, que tiene como origen una decisión política que fue tomada durante el gobierno anterior, que fue en su momento rescindir el contrato de las obras de gobierno del Metrobús”, concluyó.

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El presidente de la Compa­ñía Paraguaya de Comuni­caciones SA (Copaco), Óscar Stark, informó que actual­mente suman 12 las empre­sas privadas interesadas en invertir en el ente estatal. Agregó que el proceso de la búsqueda de capital se inició en abril pasado y finalizará el 14 de octubre, con el objetivo de evaluar las propuestas con­venientes para el Estado y su institución.

“Todos conocemos la situa­ción crítica, muy delicada en la que se encuentra Copaco y se requiere de una inversión grande de capital y cambiar su forma de trabajar. En este proceso buscamos a un socio privado que nos permita por un lado inyectar los recursos que requiere la institución para poder recuperarse y por otro lado traer las tecnologías, conocimientos, procesos, cul­tura de trabajo, conexión con otras empresas de telecomu­nicaciones en el exterior”, comentó Stark a la 1020 AM.

Asimismo, comentó que de las 12 propuestas privadas un total de 3 abarcan todos los servicios de Copaco, inclu­sive el comprar el 50 % de las acciones o realizar contra­tos de riesgos compartidos, es decir, de asignar recur­sos y dividir los beneficios que se generen a partir de las inversiones. “Básicamente se busca apostar a los servicios de Copaco que tienen potencial. Algunos piensan en data cen­ter, otros en servicios de wifi en las calles, entre otros. Estas tres empresas privadas tienen interés de actuar en todos los servicios de Copaco y hacer inversiones para que la ins­titución recupere la infraes­tructura de telecomunicacio­nes y sus clientes”, refirió.

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), Óscar Stark, informó que actualmente suman 12 las empresas privadas interesadas en invertir en el ente estatal. Agregó que el proceso de la búsqueda de capital inició en abril pasado y finalizará el 14 de octubre, con el objetivo de evaluar las propuestas convenientes para el Estado y su institución.

“Todos conocemos la situación crítica, muy delicada en la que se encuentra Copaco y se requiere de una inversión grande de capital y cambiar su forma de trabajar. En este proceso buscamos a un socio privado que nos permita por un lado inyectar los recursos que requiere la institución para poder recuperarse y por otro lado traer las tecnologías, conocimientos, procesos, cultura de trabajo, conexión con otras empresas de telecomunicaciones en el exterior”, comentó Stark a la 1020 AM.

Asimismo, comentó que de las 12 propuestas privadas un total de 3 abarcan todos los servicios de Copaco, inclusive el comprar el 50 % de las acciones o realizar contratos de riesgos compartidos, es decir de asignar recursos y dividir los beneficios que se generen a partir de las inversiones. “Básicamente se busca apostar a los servicios de Copaco que tienen potencial. Algunos piensan en data center, otros en servicios de wifi en las calles, entre otros. Estas tres empresas privadas tienen interés de actuar en todos los servicios de Copaco y hacer inversiones para que la institución recupere la infraestructura de telecomunicaciones y sus clientes”, refirió.

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El funcionario de Estado acotó: “Veremos si surgen otras propuestas en las próximas semanas porque también estamos teniendo conversaciones informales y que todavía no se llegaron a plasmar en las notas o presentación a través del portal de iniciativas privadas. Realmente, Copaco está en una mala situación, no será fácil su recuperación, pero tiene potencial y esto es lo que se ve cuando hay empresas privadas interesadas en invertir”.

Por otra parte, manifestó que aún siguen impulsando un plan de reducción de personal, debido a que la institución no genera los suficientes ingresos para cubrir los sueldos. Con relación al pago de los salarios, puntualizó que los atrasos llegaban hasta 60 días, pero durante su administración se redujo a un máximo de 30. “Los primeros que cobran, lo hacen con 10 días de atraso, yo soy el último que cobra, con 26 a 27 días de atraso. Desde que asumí, bajamos a 350 personas y también estamos con un plan de retiro voluntario muy agresivo, con el que planeamos reducir 750 empleados”, comentó.

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