El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) reiteró su apoyo a la implementación de controles fronterizos en la zona de Alto Paraná. Así también, expresaron su apoyo a las instituciones públicas que cumplen con su deber de cuidado y protección de la economía formal.
El gremio, que aglutina a más de 450 empresas importadoras, se pronunció ante los hechos acontecidos en el departamento de Alto Paraná, vinculados a la Junta Departamental y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El legislativo departamental solicitó declarar persona no grata al actual administrador de la Dirección de Aduanas, Regional Ciudad del Este, Gustavo Soto, a lo que el gremio no está de acuerdo, pues está a favor de los controles fronterizos.
“Reiteramos con claridad y firmeza que valores y apoyamos la implementación activa de controles en los puntos fronterizos. Así también, apoyamos a aquellas instituciones públicas que cumplen con profesionalismo su deber de cuidado y protección de la economía formal, combatiendo activamente el contrabando, la evasión y la sub-declaración en el comercio internacional”, indicaron.
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En ese sentido, señalan que desde el CIP viene trabajando de forma sostenida con diferentes actores en impulsar prácticas que promuevan la transparencia y garanticen el correcto funcionamiento de los mercados. En cuanto a las prácticas promovidas por la Junta Departamental, solicitan mantener y respectar los principios de institucionalidad que garantizan el cumplimiento de sus funciones a la autoridad legítima, concretamente, el de exigir la aplicación de obligaciones o derechos.
Así mismo, en el caso de existir denuncias o irregularidades vinculadas a su gestión, instan a recurrir y cumplir con los procedimientos y canales institucionales creados para este fin. Mencionaron que el flagelo del contrabando representa un problema que afecta a todos, teniendo en cuenta que el impacto negativo que genera alcanza a diferentes dimensiones de la visa del país, y no sólo a los aspectos relacionados a la economía.
“La práctica del contrabando y de otras formas de comercio ilegal, profundamente arraigadas a pequeña y gran escalada, desincentivan la producción y comercialización formal, disminuyen de forma sostenida la competitividad local y arriesgan tanto la recaudación fiscal como capacidad empleadora nacional”, añadieron.
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