Desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) emitieron un comunicado a la opinión pública advirtiendo sobre la utilización mal intencionada del logo del programa Che Róga Parã. La denuncia pública refiere que la firma Óga Yára ofrece este programa del Gobierno sin estar acreditada, por lo tanto, no está autorizada por el ministerio para su ejecución.

“El MUVH informa a la ciudadanía en general que se ha detectado el uso indebido del logo institucional del programa Che Róga Parã, por parte de la empresa Óga Yára, la cual no se encuentra registrada ni autorizada por la institución para ofrecer servicios en el marco del citado programa”, refiere el comunicado.

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Ante esta situación, el ministerio insta a la ciudadanía a realizar las denuncias ante los canales correspondientes, en este caso a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del Muvh, llamando a la línea telefónica habilitada 214133264.

Igualmente, a los interesados en acceder a este programa, se insta a controlar cuáles son las empresas habilitadas por el ministerio, y así evitar cualquier tipo de irregularidad o estafa hacia los interesados de acceder al programa Che Róga Parã.

“Se advierte que todos los proyectos habitacionales habilitados se encuentran en la plataforma web www.cherogapora.gov.py , único canal disponible para que los interesados puedan conocer acerca de las empresas habilitadas para operar en el marco del programa, así como las propuestas habitacionales disponibles para la postulación”, señala el comunicado.

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Un grupo de 18 diputados de diferentes partidos políticos, presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca crear el “Observatorio y Registro General de las personas con antecedentes de violencia doméstica”. De acuerdo a lo que indicaron los legisladores, esta iniciativa nace a partir de la cantidad de casos de violencia que desembocan en muertes ocasionadas por personas con antecedentes.

Este registro también contará con los datos de las personas que tengan acuerdos aprobados de régimen de relacionamiento y convivencia con sus hijos niños y adolescentes. En el proyecto se menciona como antecedente el caso de las tres niñas que perdieron la vida, luego de haber sido llevadas por su propio padre, quien tenía antecedentes por violencia sobre quien pesaba órdenes de captura.

“El Observatorio funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a registrar personas con antecedentes de violencia familiar, que además hayan accedido a acuerdo de parte o dentro de un proceso, acerca del régimen de relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes”, expone el proyecto.

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Según los legisladores impulsores, la falta de un sistema centralizado de información dificulta la evaluación de la problemática y la implementación de políticas públicas efectivas. La iniciativa también busca privar de la posibilidad de que aquellos que cuenten con tales antecedentes, les sea suspendido y/o revocado todo régimen o acuerdo arribado de convivencia y/o relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes, mientras se realicen las investigaciones judiciales.

Asimismo, de ser comprobados los hechos, les sea retirado el derecho al régimen de convivencia y relacionamiento, así como también les sea declarada la pérdida de la patria potestad. De acuerdo a lo que mencionan el proyecto, esto es impulsado ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar con consecuencias trágicas, pretende establecer un sistema de información destinado al diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto por el cual se autoriza la contratación de créditos para la construcción de la ruta que unirá a Concepción con Vallemí. En el documento se menciona cuáles serán las entidades de las que se adquirirán los USD 185 millones que serán invertidos.

“Facúltase al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en carácter de organismo ejecutor del programa, la ejecución oportuna y la adopción de los recaudos pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos”, establece el decreto firmado por el Poder Ejecutivo en su artículo n.° 5.

Con este documento, se aprueban los términos y condiciones en los que se adquirirán estos préstamos que serán adquiridos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por una suma de hasta USD 135 millones. Otra de las entidades habilitadas es el Fondo de de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (Ofid) hasta por USD 50 millones.

El proyecto beneficiará a más de 123.000 habitantes de Concepción, Loreto, San Alfredo y San Lázaro, potenciando una región que alberga inversiones estratégicas como una planta cementera y el megaproyecto de celulosa Paracel, este último con una inversión de USD 5.000 millones, la mayor en la historia del país.

En Diputados tuvo entrada oficial la propuesta de compensación anual por capitalidad que tiene como fin dotar a la ciudad de Asunción de recursos legales y financieros que permitan atender las crecientes demandas de infraestructura, servicios y desarrollo urbano, derivados de su condición única de sede de los poderes del Estado y centro neurálgico del país.

El documento estipula un régimen especial de transferencia anual de compensación a ser gestionado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Este mecanismo incluirá una asignación presupuestaria anual en el Presupuesto General de la Nación para la Municipalidad de Asunción; además de un uso exclusivo de los fondos en obras viales, promoción de lugares turísticos y de entretenimiento, conservación de espacios públicos y desarrollo urbano integral.

La iniciativa que deberá ser girada a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en la plenaria afirma que la capital con una población de 462.241 habitantes, según el último censo, recibe diariamente a cerca de 1.800.000 personas que no residen ni tributan en la ciudad, pero utilizan sus espacios públicos, infraestructura vial, servicios y generan una mayor producción de residuos.

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Señala además que esta situación genera una presión significativa sobre los recursos municipales, convirtiéndose en un desafío constante para la gestión de la ciudad. El proyecto de ley deja a las comisiones asesoras de Diputados la definición del monto máximo de la compensación en base a los requerimientos de la municipalidad capitalina.

El documento fue presentado por el legislador Daniel Centurión, quien menciona que de lograrse la aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso y la promulgación del Ejecutivo se contribuirá con el desarrollo sostenible de Asunción, además de mejorar la calidad de vida tanto de sus habitantes como de las personas que diariamente utilizan la ciudad como centro laboral y de servicios.

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