La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado dirigido a los productores en general con relación a algunas “dudas y confusiones” sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), señalando que como gremio no apoyarán ninguna iniciativa que vaya en contra de las leyes nacionales.
“Aclaramos que ante la hipótesis manifestada en círculos de la producción, de que este reglamento (1115/2023) se incluya en el TLC, como ARP, manifestamos que nos opondremos a cualquier tentativa de que esto suceda y que arriesgue la modificación de nuestras propias leyes”, explicaron este miércoles, ampliando lo expuesto en la última reunión de la Comisión Directiva Central acerca de los alcances de la aplicación de la normativa.
Mencionaron que el reglamento 1115 es aplicado de “manera unilateral por la UE” con los países exportadores de carne vacuna y otros 6 productos. Los rubros afectados serán el cárnico, la producción de cacao, el café, la palma aceitera, la soja, la madera y el caucho.
Añadieron que todos los gremios de la producción trabajarán en conjunto y en estrecha cooperación con el Gobierno para el abordaje de los distintos aspectos que implican estas medidas “para seguir siendo competitivos en los mercados más exigentes y evitar cualquier aspecto que ponga en peligro el desarrollo de nuestro país”.
La normativa
Según lo expuesto por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas de la UE que se plasman en el Reglamento 1115/2023 aprobado en mayo del año pasado y pese a ser una ley interna de la UE se pretende aplicar en terceros países afectando el comercio de los países que exporten al bloque. Su aplicación iniciará el 1 de enero de 2025.
En mayor medida esta iniciativa afectará a unos 40.000 pequeños productores debido a las condicionantes que tendrán la posibilidad de ser ampliadas en los años siguientes a través de nuevas evaluaciones a los campos de cada país. Además, a la hora de comercializar nuestros productos se volverá obligatorio el cumplimiento del tratado que impone exigencias que no reconocen las documentaciones oficiales de cada país en caso de haber denuncias de organizaciones, entre otros 12 ítems.
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