El dólar en Paraguay sigue al alza, en línea con la tendencia global. En la mayoría de las casas de cambio se ubicó este lunes a G. 7.960, pero en el transcurso de la mañana aumentó 10 puntos, ubicándose en G. 7.970, a pasos de tocar el techo de los G. 8.000.

Al respecto, Emil Mendoza, directivo de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, explicó a La Nación/Nación Media que este precio es natural y responde a varios factores, entre ellos, la caída de precios internacionales de la soja y la baja en exportación de energía eléctrica.

“En este momento nosotros estamos sintiendo una suba natural, prácticamente autóctona de nuestro mercado, porque obedece a que los tipos de productos que nosotros negociamos son productos de exportación con precios bajos en el mercado internacional, que sería del sector agro; aparte, la exportación de energía eléctrica también está disminuyendo su precio, y la producción de energía no es la misma que tuvimos en los años anteriores”, manifestó Emil Mendoza a La Nación.

Respecto a cómo debe responder el Banco Central del Paraguay (BCP) ante esta situación, indicaron que es mejor que no realicen una intervención más fuerte, es decir, que es normal que salgan a cortar con los picos máximos, pero que no intenten cambiar el precio natural de la divisa.

Leé también: Maquila proyecta superar récord de exportaciones de 2024

“No sería bueno que nosotros hagamos una intervención fuerte en nuestro mercado y artificialmente tengamos un dólar barato. Porque eso va a repercutir en un fenómeno que se llama fenómeno resorte. Esto quiere decir que cuando uno empieza a comprimir un resorte, en un momento dado cuando no pueda más comprimir más, ese resorte va a saltar. Y bueno, la misma situación va a ocurrir en el mercado nacional”, precisó.

Enfatizó en que el mercado no puede mantener un dólar bajo de forma artificial porque en el algún momento los números se van a sincerar y ese salto va a perjudicar mucho más que el precio actual. Sostuvo que el “remedio va a ser peor que la enfermedad”, porque la disparada va a impactar directamente contra el sector importador y repercutir en toda la economía internacional.

“Todo esto está presionando para que dentro de nuestro mercado el dólar vaya a la suba. Todos los mercados son independientes. Por ejemplo, el mercado de Brasil tiene sus particularidades así como el argentino, el europeo y también nuestro mercado tiene la particularidad. Nosotros somos un país agroproductor por excelencia y lastimosamente los productos que hoy comercializamos no se están cotizando en el mercado internacional”, finalizó.

Te puede interesar: Ambicioso proyecto para construir represa en el Chaco sería financiado por el BID

En la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa se encuentra una de las granjas avícolas más grandes de la zona, con más de 50 mil gallinas. Es una de las pocas que queda luego del cierre de casi 15 granjas de pequeños productores post pandemia.

Según explicó a GEN/Nación Media, Pedro Lisnichuk, dueño del lugar, cuando se reabrió el paso fronterizo con Argentina en plena pandemia, se dio un ingreso masivo de huevo en forma ilegal (contrabando). Esto perjudicó al rubro y muchas granjas cerraron por ese motivo.

Actualmente esta granja es la que más abastece al departamento, pero por la poca producción a raíz del calor, están intentando llegar a cubrir pedidos. Sumado a esto enfrentan altos costos de producción y precios no competitivos con los que simplemente “logran empatar”.

Leé también: Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales

“Esta es una época en la que empieza a subir la demanda de huevos, y se sabe que este producto no aumenta en cantidad (producción) de un día para el otro. Depende del clima, de la época, lleva un proceso”, explicó Pedro Lisnichuk a GEN.

Mencionó que una polla crecimiento tarda mínimamente 18 semanas para empezar a producir huevos, además de que la pollita tiene un precio alto al igual que los insumos. Por eso, afirmó que para ellos es difícil sacar ventaja en el rubro hoy y que el margen de ganancias cada vez es menor.

“No es tanto como se dice que los productores ganamos G. 40.000 por plancha. Tal vez los huevos extra grandes tienen ese precio. Estamos tratando de llevar un precio parejo uno con otro, y cada comerciante es libre porque no existe regulación. Entonces algunos si pueden vender mejor, lo hacen; todos queremos ganar, todos trabajan para ganar, nadie quiere perder. Pero el más perjudicado siempre es el productor”, manifestó.

Dependiendo del tamaño de la proteína avícola, la comercialización en mercados y supermercados se encuentra entre G. 32.000 y G. 45.000. Las altas temperaturas, sequía e ingreso de huevos por contrabando, son algunas de las causas del precio actual.

Te puede interesar: Al Invest Verde: valoran el esfuerzo de Paraguay en implementar políticas socioambientales

El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

Leé también: Tasa de morosidad estaría bajando por aumento de cartera renegociada

Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

Te puede interesar: BCP descarta presión de compradores bolivianos en el tipo de cambio

• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.