Desde la Unión de Gremios de la Producción compartieron en términos prácticos el peso del Reglamento 1115 en la agricultura paraguaya en el marco de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (UE). La normativa inicialmente abarca 12 exigencias que no solo afectarán a la UE, sino que iría más allá, afectando a terceros países.

Según comentó Héctor Cristaldo, presidente del gremio, existen interrogantes y desafíos que deben responderse con racionalidad y criterio para seguir avanzando. Además de Paraguay, un total de 9 países como Brasil, Argentina, Colombia, otros de la región, y del continente asiático se unieron oficialmente para pedir respuestas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los principales requerimientos son: no se reconocerán como válidas las documentaciones oficiales de cada país. La trazabilidad, donde se deberá demostrar en cada etapa la cadena de producción y comercialización. El producto no deberá provenir de una parcela con deforestación o degradación comercial y cumplan con las exigencias adicionales.

Toda documentación para alcanzar el “status europeo” libre de deforestación o degradación forestal generará sobrecostos al productor, además la metodología de evaluación será determinada unilateralmente por el bloque.

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De acuerdo a lo presentado por el gremio, además se presentan exigencias complementarias, pues según la legislación pertinente de cada país de producción serán relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en una serie de términos.

Estos son: los derechos de uso de suelo, protección del medio ambiente, normativa relacionada con los bosques, incluida la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad cuando esté directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera.

Derechos de terceros, laborales, derechos humanos protegidos en virtud del derecho internacional, el principio del consentimiento libre, previo e informado según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a normativa fiscal, la de lucha contra la corrupción, principios comerciales y aduaneros.

Cristaldo remarcó que el sector tiene criterios que apuntan a que la sostenibilidad de los emprendimientos y actividades desarrollados es fundamental e innegociable. Se debe apelar al libre comercio, sin barreras artificiales y no basadas en ciencia; no aplicar el principio precautorio como barrera al comercio utilizando la sostenibilidad como excusa.

Las prácticas de manejo deben estar basadas en la ciencia y adecuadas a las condiciones y realidades de cada región del mundo. El cumplimiento y reconocimiento de las normativas nacionales o documentos, con el monitoreo de su competencia, y tampoco debería generar sobrecostos ni demoras indebidas.

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