En su visita histórica a Paraguay, el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros en Mburuvicha Róga. Destacó la fortaleza macroeconómica del país, anunciando que destinarán USD 2.000 millones para potenciar el sector de infraestructura del país (caminos, puentes y energía), así como apoyar al sector privado.

Aseguró que la prioridad de la entidad, así como la del Gobierno, es la de crear empleos dignos para los jóvenes, agricultores, pequeñas, medianas y microempresas. Se está promoviendo la posibilidad de que la corporación financiera internacional pueda recaudar fondos de tal manera de apoyar todos los proyectos de inversión de las empresas.

“Estamos mirando a un horizonte de 20 años, y las prioridades son apoyar, por ejemplo, la infraestructura, fortalecer las carreteras rurales, también hablamos de energía”, remarcó Banga. En cuanto al sector energético, dijo que como la capacidad de consumo está aumentando se está estudiando que otros tipos de sectores se pueden potenciar, inclusive la posibilidad de reactores nucleares.

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También se apoyará a la educación temprana, atendiendo su relevancia. Con esto se apunta a mejores prácticas internacionales, apoyando a la generación de empleos no solo en términos económicos, sino también ayudar a la garantía de seguros y la resolución de conflictos de tal manera a contribuir con la inversión desde todos los ángulos.

El presidente del BM mencionó que lo que buscan los inversores es la previsibilidad en cuanto a leyes y reglamentos y buena infraestructura. “Paraguay, que ha alcanzado el grado de inversión, en este momento está buscando ser visto como un país que se proyecta en estas direcciones”, expuso. Lo segundo son las condiciones naturales y la riqueza que ofrece el país a la vista. Habló de la riqueza para producir alimentos, sus bosques, entre otros.

“Entonces el país está enfocado en asegurar las condiciones macroeconómicas y regulatorias, de tal manera que se pueden ver claramente que las condiciones están dadas en el Paraguay para poder atraer inversión extranjera directa”, remarcó. Banga consideró que el presidente Santiago Peña y su equipo están haciendo todo lo posible para ordenar todo esto adecuadamente para proyectar esta imagen del país.

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El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa y ejecutivos de la institución, recibieron a Alonso Chaverri, autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay (BID), y otros representantes para dialogar sobre los planes energéticos futuros y el avance de los proyectos de infraestructura eléctrica, actualmente en ejecución que cuentan con financiamiento de la multilateral.

Algunos de los proyectos que están siendo realizados con apoyo del BID son el programa de rehabilitación y modernización de la central hidroeléctrica Acaray por un valor de USD 125 millones, que tiene como objetivo apoyar a la ANDE para la extensión de su vida útil, mejorar su disponibilidad y confiabilidad e incrementar su capacidad de generación.

Seguido, incluye el programa de inversiones de energía sostenible en Paraguay por USD 70 millones, el cual contempla la ejecución de las obras de construcción de la línea de transmisión 500 kv Yguazú -Valenzuela y las subestaciones Yguazú -Valenzuela.

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Otra obra es la expansión del sistema de transmisión en alta tensión que transita su fase 2 por un valor de USD 260 millones y contempla la construcción del segundo circuito de la línea de transmisión 500 kv margen derecha -Villa Hayes, la ampliación de las subestaciones margen derecha y Villa Hayes,.

Así también, la construcción de las líneas de transmisión en 220 kv doble terna Guarambaré - Valenzuela y obras conexas en San Lorenzo - Villa Aurelia y Barrio Molino -Villa Aurelia, modernización del compensador estático de Limpio y la Ampliación del Esquema de Corte ante Contingencias de la ANDE.

Al respecto, el presidente de Félix Sosa expresó: “Estas inversiones son fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema eléctrico del país. Es importante seguir trabajando en alianzas estratégicas que permitan consolidar un sistema eléctrico confiable, eficiente y sostenible para beneficio de toda la ciudadanía”.

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El director de la Comisión Nacional de Regulación de la Cuenca del río Pilcomayo (CNRP), Dario Medina, contó que hace dos semanas mantuvieron una reunión con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el ambicioso proyecto de construir una represa en el Chaco.

“Desde el BID están animados y deseosos de impulsar este proyecto que nació de los productores de la cuenca del Pilcomayo”, indicó Medina a la 1000 AM. Explicó que esto permitirá una distribución de agua limpia en el río, replicando el modelo argentino en el bañado La Estrella.

Recordó que el gran problema que atraviesa el Pilcomayo hoy son los sedimentos, ya que cada vez vienen en menor cantidad. Dijo que el río es estacional y solamente carga en gran volumen en los meses que corresponden a las estaciones de verano hasta otoño. Contó que en los últimos días se registraron picos históricos de altura en la cuenca alta, y que el 90 % de las aguas del Pilcomayo proviene de las lluvias en la cuenca alta.

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“La solución a todo esto es construir una gran represa (Pilcomayo), ya en zona de Agropil, departamento de Boquerón. Lo que se necesita es realizar un estudio de factibilidad económico-financiero. Esto ya se va a poder hacer porque ya contamos con los recursos para el llamado a licitación”, precisó Medina, y señaló que a principios del 2026 ya se podría estar avanzando hacia la licitación pública.

En el marco de este proyecto también se estiman obras con compuertas en la zona de Fortín General Díaz para la distribución de aguas a los bañados norte y sur, además de la distribución de los ríos Montelindo, Negro y riacho Genes y Confuso.

“Fácilmente se calcula unos 5.000 productores que están por debajo de Gral. Díaz y por arriba está a 320 km de embocadura, donde hay mucha población. Estamos hablando de que es prácticamente la solución del problema del agua tanto para consumo humano y para la producción de Boquerón y Presidente Hayes”, expresó el director de la Comisión Nacional de Regulación de la Cuenca del río Pilcomayo.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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