De enero a diciembre del 2023 se autorizó la importación de materias primas por un valor de USD 357 millones y 5.003 solicitudes de importaciones, según estadísticas difundidas por el Viceministerio de Industria, en que resalta el sector metalúrgico con 168 %, seguido del químico farmacéutico con 82 %; que representan el 70 % del total de importaciones.

Observando el reporte, le siguen los rubros de fabricación de papel e impresión, elaboración de alimentos y bebidas, fabricación de productos de tabaco, caucho y plásticos, textiles, maquinarias y aparatos eléctricos, y fabricación de muebles que se acogieron al Régimen de Importación de Materias Primas (RIMP).

Con la premisa de incentivar la generación de mano de obra en el país, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dispone de herramientas como el Régimen de Importación de Materias Primas (RIMP), cuyo beneficio es la aplicación de un arancel aduanero de 0 % a la importación de las materias primas.

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El sector químico farmacéutico destaca en el total de importaciones de materia prima por el régimen. Foto: Archivo

Sostenibilidad de empleos

Con dicho régimen fueron beneficiadas 267 industrias, propiciando la sostenibilidad de unos 38.291 puestos de trabajo formales, y fueron concedidos 460 programas de producción anual, generando 1.537 informes bimestrales. El informe también revela que el 78 % de las empresas beneficiadas se concentran en los sectores químico y farmacéutico con 59 firmas, seguido de 57 en el rubro metalúrgico, caucho y plástico con 38 entidades, alimentos y bebidas 29, y el segmento de textiles y confecciones unas 24 importadoras.

La mayoría de las empresas importadoras se concentran en el departamento Central, luego en Alto Paraná y Capital. Mientras que el origen de las materias primas en su mayoría con el 51,2 % proviene de China, un 10,5 % de la India y, en menores niveles, de Estados Unidos, Turquía, Japón, Alemania, España, Finlandia, entre otros países.

El régimen se alinea con el objetivo de la generación de empleos, conforme al decreto n.º 11.771/2000, a más de llevar adelante una política de fomento del sector productivo, atendiendo la igualdad de condiciones de competitividad para las empresas industriales y agropecuarias nacionales que generan valor agregado.

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