La sinergia entre el sector público y privado para concretar proyectos que beneficien a la ciudadanía es un factor fundamental, afirmó el director de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Villagra, durante el Foro Nacional de Agua y Saneamiento.

Jorge Villagra sostuvo que la problemática de la falta de agua es una realidad que afecta a muchas zonas del país, pero que el Estado solamente, no podrá abarcar ese problema, y que es crucial contar con acompañamiento del sector privado.

“Hay que impulsar iniciativas que cuenten con el financiamiento del sector privado, el Estado solo no podrá atender todas las necesidades, no alcanza el espacio fiscal por más que haya perspectivas favorables, necesitamos la intervención decidida del sector privado”, manifestó.

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Aún así, reiteró que el gobierno está comprometido en llevar adelante las inversiones, pero recalcó que es muy necesario el acercamiento de empresas privadas que den apoyo a estas planificaciones. “Tenemos que buscar el método para encontrar el canal de acercamiento y plantear estas nuevas iniciativas con el financiamiento del sector privado”, destacó.

Además de las autoridades del Ministerio de Economía, participaron del foro, Gustavo Gonnelli, especialista del agua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Carlos Orellana, también especialista en agua en la región, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El foro fue organizado por Hábitat para la Humanidad Paraguay en colaboración con el Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (Ocash), y el auspicio de Unicef. El Ocash fue conformado en marzo del 2020, con el apoyo de Unicef y la participación de organizaciones como: Hábitat para la Humanidad Paraguay, Ceamso, Fundación Moisés Bertoni, Fundación Avina, Mingará, Pro Comunidades Indígenas, y la Red de Jóvenes por el Agua.

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En lo que va del año, de enero a octubre se registró un déficit fiscal de G. 4 billones 372 mil millo­nes, equivalente a 1,3 % del pro­ducto interno bruto (PIB), cerca de USD 577 millones, detalla­ron las autoridades del Minis­terio de Economía y Finanzas (MEF) en la presentación de Situación Financiera (Situfin).

El informe señala que el défi­cit anualizado fue de 3,6 % del PIB situándose por debajo de lo registrado al cierre de 2023. Esto es explicado, en parte, por el sólido desempeño de los ingresos tributarios en el transcurso del año. También se registró un superávit opera­tivo de G. 457 mil millones, 0,1 % del PIB, (USD 62 millones).

En ese orden, las expectati­vas de cierre del déficit fiscal en 2024 se mantiene en 2,6 % de acuerdo a lo que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, y en línea con la meta de convergencia de la Ley de Responsabilidad Fis­cal (LRF) de 1,5 %.

“Hay que recordar que hay un efecto estacional en el mes de diciem­bre donde la Administración Central realiza mayores gas­tos a lo que realiza durante el resto del año. Entonces, eso nos permitirá llegar al déficit autorizado (2,6 %)”, precisó Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal del MEF.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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En lo que va del año, de enero a octubre, se registró un déficit fiscal de Gs. 4.372 mil millones, equivalente a 1,3 % del producto interno bruto (PIB), cerca de USD 577 millones, detallaron esta mañana las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la presentación de Situación Financiera (Situfin).

El informe señala que el déficit anualizado fue de 3,6 % del PIB situándose por debajo de lo registrado al cierre del 2023. Esto es explicado, en parte, por el sólido desempeño de los ingresos tributarios en el transcurso del año. También se registró un superávit operativo de Gs. 457 mil millones, 0,1 % del PIB, (USD 62 millones).

En ese orden, las expectativas de cierre del déficit fiscal en 2024 se mantiene en 2,6 % de acuerdo a lo que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, y en línea con la meta de convergencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de 1,5 %.

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“Hay que recordar que hay un efecto estacional en el mes de diciembre donde la Administración Central realiza mayores gastos a lo que realiza durante el resto del año. Entonces, eso nos permitirá llegar al déficit autorizado (2,6 %)”, precisó Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal del MEF.

Por otro lado, el documento revela que de enero a octubre se registró un aumento de 17,4 % en los ingresos totales, como resultado del buen desempeño de los ingresos tributarios, tanto por los impuestos internos como los provenientes del comercio exterior, donde destacan el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ingresos no tributarios crecieron 8 % octubre, principalmente por las transferencias de las binacionales.

Mientras que los gastos aumentaron en 13,8 %, explicado en gran parte por un mayor gasto en medicamentos, por el pago de intereses de la deuda pública y por el aumento de las remuneraciones en sectores estratégicos, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y fuerzas públicas.

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