El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, afirmó que la reglamentación de la ley que permite a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) acceder al seguro social es un paso más hacia la formalización de más emprendedores en el Paraguay. Añadió que las mejoras en los sistemas de jubilaciones y pensiones son una protección a las finanzas públicas.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el titular del gremio industrial celebró la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, de reglamentar la ley 5741/2016, mediante la cual se habilita a los propietarios de pequeñas y medianas empresas (mipymes) a aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) para acceder al seguro social y a la jubilación debido al impacto que genera en la formalización.
“Consideramos que este es un paso hacia la formalización de más emprendedores en Paraguay, quienes a partir de esta reglamentación ya no solo podrán acceder a un retiro digno, aportando a la jubilación, sino también tendrán acceso a la cobertura de salud del Instituto de Previsión Social (IPS)” aseguró.
Añadió que el gobierno estima que hay más de 230.000 unidades productivas que son sujetos de esta normativa, lo cual representa un amplio sector de la economía, y de la población, que se encontraba desatendido por las políticas públicas. Con esta medida, todo el sector podrá empezar a gozar de los beneficios básicos sociales, como salud y jubilación.
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“Recordemos también que las mejoras en los sistemas de jubilaciones y pensiones son una protección a las finanzas públicas porque son servicios a la población que se encontrarán cubiertos por el sistema, y, por ende, no deberán ser absorbidos en su costo por el Estado”, añadió Duarte.
Por otro lado, añadió que una cuestión importante es que tanto la ley como el decreto establecen que el periodo de referencia será de 120 meses. No obstante, si se observa el régimen general actual, puede considerarse violatorio del principio de igualdad establecido en la Carta Magna, puesto que para todos los demás cotizantes el periodo de referencia es de 36 meses.
“En nuestra opinión, la emisión de este decreto es una oportunidad para insistir en que se establezca de forma general para todos los cotizantes, que el periodo de referencia sea igualmente de 120 meses”, aseveró. Agregó que para que la medida tenga efectividad, es muy importante socializar la disposición, y que la gente pueda entender que es más importante prevenir que buscar inscribirse solo en caso de necesidad.
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