El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, aseguró que por mandato constitucional, las cajas de jubilaciones no pueden prestar dinero al Estado ni a los municipios. Al hacer mención de esto, el titular de la UIP se remontó a los inicios del proyecto de ley de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y reiteró que los fondos jubilatorios, por mandato constitucional, no están obligadas a prestar al Estado.
Mencionó que ya en el año 2015, se comenzó a hablar de este proyecto, que es un mandato constitucional, y para el 2017, casi se llegó a un acuerdo en dos puntos; uno sobre la gobernanza y otro sobre los límites de las inversiones de las cajas, pero allí quedó varado y se volvió a retomar ahora.
“En la propia Constitución Nacional se establece que el Estado debe regular y controlar el funcionamiento del sistema de seguridad social, y no es cierto que las cajas, ninguna está obligada a prestarle recursos al Estado, eso no está en la ley”, expresó en entrevista con La Nación/ Nación Media.
Aseveró que todas las acciones y versiones que se están dando en contra, son gestiones interesadas con una visión política, puesto que la superintendencia no tendrá la finalidad de decidir por ninguna caja, sino verificar el accionar para cuidar los fondos de los aportantes y de los jubilados.
Estado no podrá usar fondos
Solo por citar uno, puso como ejemplo al Instituto de Previsión Social (IPS), que en su Artículo 27 de la Ley 98/92, la que modificó varios artículos de la 1.560/54, en su tercer párrafo, establece taxativamente que no puede prestarle fondos ni al Estado ni a los municipios.
“Así que esas ideas de que se va a usar los recursos son todas historias, no es real y la gente tiene que estar segura porque esto viene para proteger sus inversiones, sobre todo, sus inversiones jubilatorias”, remarcó el titular de la UIP.
Como presidente de uno de los gremios más representativos del país, que nuclea las industrias y a la vez emplea a unas 650.000 personas, aseguró que nunca jugarán en contra de los intereses transversales de los empleados y colaboradores. Es más, aseguró que apoyan el proyecto y transmiten esa tranquilidad a los asegurados.
El proyecto remitido al Congreso para su estudio tuvo un arduo trabajo previo de análisis entre la UIP, la Feprinco y todas las centrales obreras, logrando un acuerdo que fue igualmente consensuado con el Poder Ejecutivo y las asociaciones formales de jubilados. Esto consta con las rúbricas de los representantes, indicó Duarte.