Para el economista Wildo González, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones representa un paso positivo y necesario, especialmente considerando la baja cobertura del sistema de pensiones que caracteriza a Paraguay. Sobre estos aspectos, compartió un análisis destallado con relación a las ventajas.

En primer lugar, señaló que es fundamental reconocer que el país es uno de los pocos que no cuenta con un organismo regulador y protector del sistema de pensiones. En segundo lugar, relacionado con lo anterior, se debe considerar la alta informalidad laboral.

“Es crucial mencionar que las pensiones, especialmente la calidad de estas, son un pilar fundamental en los esquemas de protección social. Si buscamos disminuir la informalidad, es esencial mejorar nuestro sistema de pensiones y comenzar a cambiar la percepción de la población sobre el bajo nivel de bienes públicos que recibe”, expresó a La Nación/ Nación Media.

Hay que mencionar que lo que busca la superintendencia es regular el segmento de los jubilados y pensionados, que actualmente registra a unos 1,1 millones de paraguayos que representa unos USD 3.400 millones, según los registros.

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Con relación al factor de la informalidad, González recordó que una de las causas suele estar vinculadas a la baja percepción de los beneficios de los bienes públicos por parte de la población. “Lamentablemente, en nuestro país contamos con una protección social bastante débil”, agregó.

Por todo ello es que la creación de una superintendencia de pensiones es sumamente importante, ya que permitiría avanzar en la consolidación de un esquema de protección social más amplio y, lo más importante, crear incentivos adecuados para que las personas planifiquen su futuro, algo que actualmente no ocurre, subrayó.

En este sentido, el experto fue consultado sobre los beneficiarios, y remarcó que directamente serán quienes ya están jubilados así como aquellos próximos a jubilarse. Puesto que uno de los objetivos principales de la superintendencia será asegurar la estabilidad de los sistemas de pensiones existentes, garantizando su funcionamiento adecuado y la capacidad de cumplir con sus compromisos actuales y futuros.

Mientras que indirectamente, beneficia a toda la población, porque un sistema de pensiones eficiente asegura que estos puedan sostenerse con sus propios recursos. En caso contrario, como ya sucedió en otros países, el Estado termina siendo el garante final de los compromisos, generando una situación injusta donde personas sin pensiones terminan financiando, a través de impuestos indirectos, las pensiones de otros.

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Asimismo, el órgano regulador beneficiaría enormemente a la economía en general, puesto que el sistema actual de pensiones no funciona de manera óptima, ya que los recursos no se utilizan para financiar proyectos de inversión a largo plazo, sino que se canalizan mayormente en el sistema financiero para préstamos de corto plazo o en préstamos a los asegurados con tasas de interés bajas.

Es así que para el especialista, si los fondos de pensiones financiarían proyectos de inversión a largo plazo, se generaría un impacto directo en la economía, aumentando el valor agregado y creando empleos de calidad, aseveró.

Ante el interrogante si de alguna forma se puede garantizar que los recursos estarán resguardados, personalmente consideró que sí, fundamentando que los fondos de los sistemas de pensiones, necesitan reglas de inversión que aseguren el cumplimiento de ciertos criterios de riesgo y rentabilidad.

De lo contrario, se presentan situaciones como las que se vieron en años recientes, en las que algunos fondos de pensiones realizaron inversiones muy riesgosas, resultando en pérdidas parciales o totales incluso, sentenció el economista.

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“Creo que la superintendencia de pensiones funcionaría de manera similar a las superintendencias de bancos y seguros, en las que no se especifica en qué instrumentos o activos invertir, sino que se establecen condiciones que estos deben cumplir, para ser considerados”, agregó.

Sobre el punto, ejemplificó a los fondos soberanos de países exportadores de commodities como algo interesante, que se rigen por mandatos específicos para realizar inversiones en activos que cumplan con ciertos criterios de calificación, sostuvo González.

Esto asegura que las inversiones busquen la mejor rentabilidad con el menor riesgo posible. De manera similar, la Superintendencia de pensiones actuaría con criterios de calificación de riesgos bien definidos, evitando una alta exposición al riesgo, pero buscando una rentabilidad adecuada acorde con las condiciones del mercado nacional e internacional, acotó.