El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que siguen trabajando para ofrecer los mejores precios a la ciudadanía, ya que es una política que deberá aplicarse durante este gobierno por mandato presidencial.
En ese marco, el titular de la petrolera estatal aseguró que tras la disminución de los precios en naftas, gasoil y gas, se produjo una merma en el contrabando de combustibles porque la ciudadanía encuentra beneficios en los precios actuales.
“No hay mucho secreto en esta empresa, reducir los costos y comprar bien, cosa que no se dio en la administración anterior. Desestimulamos el contrabando por los precios que estamos teniendo”, expresó durante el programa “Cara o cruz” por Unicanal. “La política del Gobierno es generar márgenes positivos, cubrir los costos fijos reales y lo que sobre trasladar al precio final para el beneficio del bolsillo de la gente”, resaltó.
También precisó que con el precio de Ñande Gas se está beneficiando a por lo menos 300.000 familias y que se prevé ampliar el proyecto de Ñande Gas Móvil por la demanda de la gente. “Tenemos muchísimos pedidos”, dijo Jara.
Con respecto a mantener los precios de las naftas, expuso que hoy a nivel internacional hay varias ofertas económicas y que se está trabajando para que estos costos sigan hasta fin de año y quizás hasta los primeros meses de 2024. “Esto nos permite mantener bajo los precios de combustibles que irán hasta fin de año. Puede incluso que haya de vuelta buenas noticias”, expresó.
Ante la duda de cómo se sostiene Petropar y si está o no trabajando a pérdida, reiteró que desde un principio se dejó en claro que las compras que hace la petrolera son con cero riesgo para el Estado. “El presidente Santiago Peña nos pidió enfocarnos en el beneficio de la gente porque ya no se puede esperar. Nos pide que salgamos de nuestra oficina. Creo que estamos yendo por buen camino”, afirmó.
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La eficiencia es el pilar de la gestión institucional, destaca titular de Essap
Enfocados en lograr un mejor servicio de la institución a favor de sus usuarios, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal Mazó, presentó su informe de gestión resaltando la transformación a través de un trabajo eficiente. “A pesar de que eran concientes de que entonces no existía una buena percepción ciudadana, logramos dar vuelta y buscar la transformación institucional”, dijo.
A través de sus redes sociales, el titular del ente enfatizó que seguirán trabajando con todo el esfuerzo teniendo como pilar fundamental la eficiencia. “Nuestro enfoque es claro, hacer de la eficiencia nuestra bandera”, remarcó.
En ese sentido, señaló que en un año de gestión lograron aumentar las recaudaciones, y por ende implementar una reducción de varios costos.
En efecto, mencionó que dentro de esas reducciones, se aplicó la desvinculación de unos 600 funcionarios, logrando un ahorro de G. 1.500 millones mensuales.
“Estas medidas fueron necesarias para asegurar recursos y enfocarnos en lo que realmente importa, que es brindar un mejor servicio para todos”, acotó.
Igualmente, señaló que llevaron adelante capacitaciones a nuevas generaciones de funcionarios, ahorrando costos y preparándoles para que asuman los desafíos venideros. Resaltó además que este año lograron extender las redes de distribución de agua potable a miles de hogares.
“Cada gota de agua que llega a una casa es un paso más hacia el cumplimiento de nuestra misión. En los días de sequía llevamos agua al Chaco, donde más nos estaban necesitando. Llevando vitalidad a cada rincón del país, pero no nos detuvimos ahí, lanzamos proyectos que definirán el futuro, con nuevas plantas de tratamiento, así como expansión y renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario”, afirmó.
Agregó que realizaron importantes inversiones en tecnología para brindar una mejor atención más rápida y eficaz en beneficio de sus usuarios. Enfatizó que aún no están satisfechos con los resultados, porque son conscientes de que la Essap aún puede ofrecer mucho más, poniendo la casa en orden.
“Sabemos que lo mejor está por venir, con el gobierno de Santiago Peña, nos enfocamos más que nunca en brindar el servicio que se merecen nuestros usuarios, construyendo un Paraguay sostenible y próspero”, enfatizó.
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Comisión antilavado inició indagando sobre ONG y el financiamiento político en campañas electorales
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, arrancó la primera reunión que se enfoca en evaluar a las Organizaciones No Gubernativas (ONG) y el financiamiento político. Explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de dichos fondos.
La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada es la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscal adjunta Matilde Moreno. En la jornada también está prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
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Al respecto, el parlamentario comentó -previo inicio de la sesión- que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna ONG en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.
“Iniciamos con las ONG y financiamiento político para ver si permearon sus fondos hacia ciertas candidaturas, de dónde provinieron esos fondos, si la Justicia Electoral pudo detectar a través de su radar de la Dirección de Financiamiento Político la aplicación de esos fondos”, explicó.
Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna ONG en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.
“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.
Asimismo, el senador Amarilla, señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.
“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.
Ejes de trabajo
Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, el caso de los bancos Zeta, Atlas.
“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.
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Piden dejar sin efecto suspensión condicional de procesados por megaevasión y contrabando
El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.
González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.
Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.
Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.
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Incautan 40 toneladas de tomates de contrabando
Tras un trabajo de investigación agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con el acompañamiento de funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), intervinieron un depósito en la madrugada de este martes. En el lugar se encontró aproximadamente 40 toneladas de tomates presuntamente de contrabando.
El depósito intervenido se encuentra en inmediaciones del Mercado de Abasto y según los intervinientes serviría como punto de acopio de la carga, en donde no solo se almacenaba, sino que se hacía el cambio de empaque, pasando a cajas con inscripción de procedencia paraguaya.
Fueron incautadas unas 40 toneladas de tomates, la carga provendría de Brasil, teniendo en cuenta sus empaques originales. El producto habría ingresado por la frontera y fue trasladado hasta el depósito en ubicado en la capital, desde donde se presume se abastecería a otros comerciantes con este producto de manera ilegal.
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“Desde la frontera hasta acá se hizo el seguimiento para poder dar con el propietario final realmente de estos productos que están ingresado de forma ilegal y así dimos con una muy buena cantidad. En lo que va del año es el más grande golpe al contrabando de tomates”, indicó el jefe de intervención por parte de la (DNIT) Julio Martínez en conversación con canal Trece.
Por su parte el fiscal interviniente Miguel Quintana remarcó que es bastante común cuando se habla de contrabando de mercaderías en especial frutihortícola que se haga el cambio de cajas o empaques para así mimetizarlas dentro del mercado nacional y poder venderlas de manera más rápida y sin levantar sospechas de las autoridades. No obstante, confirmó que estos productos carecen de los documentos que avalan su procedencia.