Por Armando Giménez Larrosa. Enviado especial. Bogotá, Colombia
El Gobierno paraguayo sigue con sus intenciones de resolver lo más rápido posible el conflicto generado con Argentina, tras este imponer un peaje por el uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná, violando de esta forma varios tratados de libre comercio. A pesar de que el lado argentino suspendió “temporalmente” el cobro, aunque no así las facturaciones, quedó sin resolverse el problema que se cree se retomarán tras la toma de posesión del nuevo presidente en el vecino país, después del 19 de noviembre.
En ese marco, surgen las discusiones y los posibles escenarios en el cual Paraguay podría enfrentarse, incluso llegando a instancias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como último recurso, si es que no se llega a cerrar la negociación en el bloque comercial del Mercosur. ¿Podría Paraguay recurrir ante este organismo, del cual forma parte, para buscar una solución? La respuesta es sí.
Sobre el punto, en una entrevista para medios locales, Fernando Puchol, de la División de Información y Relaciones Exteriores de la OMC, despejó algunas de las consultas relacionadas con el caso de la hidrovía, tema que no solo afecta a Paraguay, sino que también a los países vecinos que utilizan esa vía.
Puchol dijo que Paraguay, como miembro de la OMC, podría activar por este caso el Sistema de Solución de Diferencias, pero se tendría que someter primero a varios procesos previos. En tanto, aclaró que estos procesos son largos, por lo que requieren muchos recursos, por lo que es muy costoso.
Explicó que esta instancia es ya la última, que el gobierno paraguayo recurra a la OMC, luego de haber “quemado” camino y no haber encontrado una solución. Puchol especificó que este tema primero se debe resolver dentro del bloque comercial Mercado Común del Sur (Mercosur). En tanto, si no se logra un acuerdo, Paraguay podría presentarse ante el organismo internacional, pasando ciertos procesos.
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Sistema de Solución de Diferencias
“El procedimiento es muy sencillo, cualquiera de los miembros de la OMC tiene el derecho de activar el sistema de Solución de Diferencias. Cuando hay un miembro que considera que otro miembro no está actuando en conformidad con las normas de la OMC, tiene la posibilidad de activar este sistema”, comentó.
En muchos casos, en primera instancia, lo que hacen es tratar de debatir estos asuntos dentro de los distintos consejos de la OMC, planteando las Preocupaciones Comerciales Específicas. Esta es la manera de compartir de forma pública que existe esta preocupación, con el objetivo de que se llegue a una solución dialogada, sin necesidad de llegar más allá, lo que suele suceder en la mayoría de los casos, especificó.
“El siguiente paso, en el caso de que eso no prospere, todos los miembros de la OMC tienen la posibilidad de plantear un proceso de consultas. En primer paso, se notifica a la secretaría que se quiere entablar este proceso, que tiene un plazo máximo de 60 días. En muchos casos también, en este proceso los países encuentran la manera de solucionar, ya que son conscientes de que entablar un litigio es complicado”, agregó.
En tanto, remarcó que, en el caso de que no se llegara a tener un resultado, el siguiente paso es que, el miembro reclamante tiene la posibilidad de solicitar la creación de un grupo especial, formado por 3 juristas internacionales, de reconocido prestigio en temas de comercio internacional.
“Este grupo emite resoluciones en la que indican recomendaciones a los países, como por ejemplo, el motivo por el cual el país tiene razón cuando reclama algo determinado, entre otras consideraciones, donde se hace una interpretación. En la OMC nunca hablamos de que un país gana o pierde, porque hay muchos elementos en donde se indican las medidas”, especificó. Esto puede ser apelado por ambas partes, en el Órgano de Apelación, agregó.
Puchol aclaró que este órgano, actualmente, se encuentra inactivo desde el 2018, pero cuando estaba operativo era como una Corte Suprema de la OMC, que emitía una resolución de obligado cumplimiento. “Los miembros tenían el compromiso legal de que lo que se indicaba era de obligado cumplimiento”, dijo.
Este es un tema que buscarán plantear, con el objetivo de reactivar este órgano del sistema de resolución, en la próxima Ministerial del 2024.