Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la ejecución del gasto social al mes de octubre del 2023 fue de G. 24 billones, monto que equivale al 71 % del presupuesto vigente destinado a educación, salud y protección y seguridad social, sectores prioritarios del Gobierno. La ejecución del gasto promedio en los últimos 10 años experimentó un crecimiento promedio del 8,8 %.
Desde la cartera económica señalaron que el monto destinado al gasto social equivale al 71 % del presupuesto vigente, el cual también registró un aumento del 3,9 % respecto al presupuesto inicialmente aprobado. En términos nominales, dicho aumento representó G. 1,3 billones, de los cuales el 96 % fue para los sectores de salud, promoción y acción social y educación.
En ese sentido, añadieron que la inversión del gasto social de los últimos 10 años experimentó un crecimiento promedio de 8,8 %, lo que en términos monetarios equivale a un incremento promedio de G. 1,4 billones. Mencionaron que la prioridad de la administración sobre el gasto social fue del 55 %.
Esto significa que por cada G. 100 millones ejecutados, G. 55 millones fue para el gasto social, manteniéndose de esta forma el promedio de prioridad fiscal de los últimos 10 años. En cuanto a la estructura, se compuso principalmente en un 32 % por recursos para el sector de educación, salud con el 26 %, mientras que promoción y acción social, así como seguridad social tuvieron una participación del 21 % y el 18 %, respectivamente.
En cuanto a la educación, se destacan los desembolsos para el servicio educativo de primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB), como así para el tercer ciclo de la EEB y EM, que incluye principalmente sueldos a docentes y transferencias en concepto de gratuidad escolar.
Para salud, los recursos destinados principalmente a los servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad, que integran 18 hospitales regionales a nivel país, los maternos infantiles y hospitales generales. En promoción y acción social se destacan las inversiones realizadas para el pago de pensión alimentaria para adultos mayores, las transferencias monetarias con corresponsabilidad a familias que se encuentran en situación de pobreza a través de Tekoporã, Tenonderã, entre otros.