Autoridades de nuestro país, liderado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, junto al equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunieron para acordar una solicitud de acceso en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (DEG 302,1 millones), equivalente a unos USD 400 millones. Esta solicitud deberá ser considerada, revisada y aprobada por el directorio ejecutivo del FMI, en las próximas semanas.
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son activos de reserva internacional creados por el FMI para completar las reservas oficiales de los integrantes. El valor se basa en una canasta de cinco monedas y se asigna en tiempos de crisis. En el año 2021 Paraguay, recibió USD 250 millones en este concepto.
Paraguay solicitó este financiamiento para respaldar las reformas previstas por el gobierno, que están centradas en el clima, destinadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y lograr un crecimiento más sostenible. El FMI recuerda que nuestras autoridades siguen dedicadas a reforzar la estabilidad macroeconómica, impulsar su agenda de reformas estructurales y mantener un estrecho diálogo político con el Fondo.
Por su parte, el ministro de Economía anunció que se llegó al acuerdo que apoyará a las políticas de desarrollo sostenible y con respeto al medio ambiente que prevén las autoridades. Recordó además que hace 20 años se encargó de negociar el programa Stand-by con el FMI, base del equilibrio macroeconómico que hoy caracteriza a la economía paraguaya. “El nuevo acuerdo será fundamental para lograr los objetivos económicos, sociales y medioambientales del nuevo gobierno”, afirmó.
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Este nuevo mecanismo apoyaría los esfuerzos de Paraguay de aumentar la resiliencia de las inversiones públicas, movilizar recursos financieros para impulsar los esfuerzos de adaptación y mitigación, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país, descarbonizar nuestra economía y conservar nuestros bosques.
Las medidas de reforma se coordinarán estrechamente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y otros socios internacionales. El mecanismo proporciona recursos con vencimientos más largos y términos asequibles, al tiempo que ayuda a catalizar financiamiento climático crítico de otros socios oficiales y privados.