Al menos hasta octubre poco se avanzaría con las soluciones en torno al peaje en la hidrovía teniendo en cuenta la situación política en Argentina, según comentó el director del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Juan Carlos Muñoz. Esto, tras la reunión desarrollada ayer miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre los miembros de la Comisión Acuerdo Hidrovía.
Refirió que las posiciones siguen siendo encontradas, los países afectados reiteraron su posición de suspender cualquier cobro hasta tanto se forme una mesa o exista algún avance, pues el vecino país propone volver al ámbito técnico. “Serán las máximas autoridades las que decidan cómo continuar en esto. Yo creo a título particular que poco avanzaremos hasta octubre que son las elecciones allá”, afirmó.
Muñoz remarcó que estas son las situaciones que hay que enfrentar y seguramente posteriormente al escenario eleccionario que registra la República Argentina se tratará nuevamente el tema a la luz de quizás nuevos actores. “Yo creo que desde el punto de vista del Gobierno las opciones han sido manifestadas y todos los actores del sector privado. Lamentablemente esta posición no ayuda en poder avanzar en acuerdos mínimos que ayuden a ser más previsible todo lo que tenemos”, detalló a la 920 AM.
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Durante el encuentro, en el que se trataron puntos concernientes al comité intergubernamental, la representación argentina manifestó no tener instrucciones para responder a los requerimientos planteados. El representante de Cafym dijo que de todos modos se tendrán que sentar a debatir sobre la situación y el tratamiento de la vía navegable con los conceptos de integralidad de sus inicios.
Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) informaron ayer a este medio que Argentina no declinó en su posición de seguir cobrando un peaje de USD 1,47 por tonelada de registro neto a las embarcaciones de bandera extranjera que transiten por el tramo Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía Paraguay- Paraná, pero al menos se avanzaron con los procesos reglamentarios para solicitar la derogación.
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