El cobro del peaje de USD 1,47 por tonelada en la Hidrovía Paraguay-Paraná se encuentra siendo cuestionado por diversos sectores, que alegan que se trata de una medida impuesta por Argentina. En ese sentido, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, afirmó que lo concreto es que para dicho país está acorde a la norma internacional, se realizaron inversiones y la representación paraguaya es la que violó uno de los acuerdos.

Comentó que se trabajará en ampliar la documentación solicitada por Paraguay sobre la inversión de USD 25 millones a USD 30 millones mensuales que habría realizado Argentina, y a la vez agregó que a lo largo de los años ya suman cerca de USD 250 millones en trabajos que hacen a la seguridad del río con el dragado ocasional de algunas situaciones, en el balizamiento, en la marcación de boyas, y otros, para garantizar la navegación durante el traspaso de los buques.

Peppo explicó que si bien se había decidido no cobrar, se resolvió comenzar ese proceso. El camino a resolver estaría enmarcado y encaminado hacia el propio tratado de Santa Cruz de la Sierra de 1992 que plantea en distintos estamentos que se debe avanzar con plazos claros sobre situaciones de controversia. “Si hay alguien que sí violó en algún momento fue Paraguay con una regla y una ley que aún sigue si bien negociada, es no aplicar la reserva de carga que la impuso unilateralmente ante una situación y eso era violatorio”, comentó.

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“Creo que en ese contexto también se va a ir dando, está también el conflicto político. La Administración General de Puertos y el Ministerio de Transporte, en nombre del gobierno, vienen llevando a cabo un proceso de inversión que será demostrado”, comentó a la 1020 AM. Asimismo, advirtió que seguirán trabajando para destrabar la situación de la mejor forma con el concepto de ser más competitivos y mejorar las condiciones del río para navegar incluso los 365 días del año.

El pasado 28 de julio, el Juzgado de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, a cargo de José Luis Cassinerio, de Rosa­rio, ordenó el embargo preven­tivo e interdicción de navega­ción al remolcador HB Grus, de bandera paraguaya que sigue retenido hasta la fecha por el no pago del peaje, y la misma medida se intentó aplicar a la embarcación HB Phoenix, de bandera boliviana. La tarifa había entrado en vigencia el 1 de enero en el tramo puerto de Santa Fe-Confluencia de la vía navegable.

El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, afirmó que Paraguay cumple a “rajatabla” con todos los acuerdos en relación con la hidrovía Paraguay-Paraná. Ratificó que la postura de nuestro país es compartida por los demás países integrantes de la comisión en donde concluyen que el peaje está injustificado.

En comunicación con La Nación-Nación Media, el titular del gremio de armadores se refirió a las declaraciones del embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, donde afirmó acerca de inversiones anuales de USD 30 millones por parte de la Argentina para mejorar la seguridad y navegabilidad en el tramo, suma que buscan “recuperar” con el peaje impuesto en la hidrovía.

Respecto a la acusación de que Paraguay viola tratados con la ley de remesas de cargas, explicó que esa ley corresponde al tramo sobre del Alto Paraná que no es parte del tratado en la hidrovía. “En el tratado de la hidrovía, en todos los puertos sobre el río Paraguay, nosotros tratamos exactamente con la misma reciprocidad a todas las banderas. Te puedo asegurar que se cumple a rajatabla todo lo que está estipulado en el tratado”, subrayó.

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