Desde el sector privado local, específicamente navieras y armadores fluviales, reflejaron la preocupación ante lo sucedido recientemente con un buque que intentaba realizar el tramo por la Hidrovía Paraguay-Paraná, y que fue retenido por las autoridades navales de Argentina ante la falta de pago de un peaje que el vecino país intenta cobrar a embarcaciones de bandera extranjera.
“Realmente estamos muy preocupados con esta situación que está sucediendo con Argentina referente al peaje que quieren cobrar, o ya lo están haciendo, porque están violando el Tratado de Libre Navegación de 1967 y otros tratados más”, expresó Robert Bosch, presidente de Compañía Marítima Paraguaya SA, a La Nación/Nación Media.
Lo cierto es que esto puede impactar negativamente a todo el sector de combustible y al comercio exterior de Paraguay, atendiendo que el país es importador neto y puede afectar la provisión de este carburante, pues más del 85 % de todas las cargas paraguayas entran y salen por la vía fluvial de la hidrovía.
Este lunes se reúnen
Mencionó que, si bien la embarcación retenida es de una empresa brasileña, es la más grande de la hidrovía y con mayor equipamiento, mientras que a nivel local algunas empresas tienen una posición y otras difieren. La situación es preocupante porque se sobrepasan los tratados de libre navegación.
Por lo tanto, se espera que pueda darse algunas alternativas con miras a la solución tras la reunión prevista para este lunes 31 de julio a primeras horas con los futuros ministros de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, Rubén Ramírez y Javier Giménez, respectivamente, además de entablar ya conversaciones con el Brasil, indicó Bosch.
Argentina había notificado su decisión de cobrar un peaje a las embarcaciones que pasen por el tramo del río Paraná desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe de USD 1,47 por tonelada y lo puso en vigencia desde el 1 de enero, y pese a las negativas de los demás países miembros de la Comisión Acuerdo Hidrovía, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, concluyeron que no se demostró la ejecución efectiva de intervenciones requeridas o servicios efectivamente prestados para la navegación segura en el tramo que justifiquen el cobro.
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