El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El presidente de la República, Santiago Peña, indicó que no se visualiza cuestionamientos desde el punto de vista del ámbito legal entorno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

En el transcurso de la mañana de este martes el Congreso Nacional remitió la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación o veto. “No estoy a favor de la persecución, de la discriminación, de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería aplicar”, mencionó.

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La iniciativa sancionada por el Congreso Nacional el pasado 9 de octubre en base a las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo refiere que las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales.

De la misma manera también se encontrarán excluidas las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.

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Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.

El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.

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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.

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El analista político y económico Víctor Pavón alertó sobre la campaña desplegada por sectores sociales y empresariales que buscan dañar la imagen del Paraguay con el único fin de impedir la promulgación del proyecto que establece el control y transparencia sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).

“Esta gente tiene como objetivo amilanar o torcer la voluntad del presidente de la República, Santiago Peña. Yo espero que el presidente de la República promulgue este proyecto de ley que es necesario para la transparencia y rendición de cuentas, esta es la única condición para que Paraguay se autodetermine como cualquier otro país. Ese documento fue tratado y deliberado, se hicieron las consultas correspondientes y garantizará igualdad ante la ley. Debemos terminar con la sociedad del privilegio”, manifestó.

Pavón afirmó en el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que “si una organización utiliza dinero proveniente del extranjero o del sector privado que afectará los intereses del Paraguay, la lógica es que tengan la obligación de decirle al pueblo de dónde salió el dinero y en qué área de la actividad gubernamental afectará, porque están en juego los intereses de nuestro país, eso se llama patriotismo”.

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El también dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sustento sus afirmaciones colocando como ejemplo la reciente decisión de la calificadora internacional Fitch Ratings en no otorgar al Paraguay el grado de inversión.

“Acá hubo lobby de ciertos grupos que están interesados en afectar la imagen país. Son los agoreros del pasado, tienen un complejo de envidia y resentimiento hacia un gobierno votado por el pueblo y que está haciendo muchas cosas. Esta gente inventa y seduce, son encantadores de serpientes, su objetivo es tratar de empañar la situación”, manifestó Pavón.

Acotó: “Estos sectores dicen que si se lleva a cabo la promulgación del proyecto de control a las oenegés por parte del presidente Peña perderíamos el grado de inversión. Este es el sentimiento antipatriota que tiene mucha gente que desea que el Paraguay no siga avanzando, poniendo como condición que no se promulgue esta propuesta. Los que hacen este lobby con las calificadoras saben que este proyecto de ley no tiene nada que ver precisamente con el grado de inversión”.

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