El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el informe financiero de la Dirección de Presupuesto que indica que, a octubre de este año, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que componen la administración central ejecutaron un total de G. 49,2 billones, equivalentes al 70,1 % del presupuesto vigente.

El presupuesto inicialmente aprobado presentó una suba de 5,9 % al cierre del mes de octubre, es decir, de G. 66,3 billones se incrementó a G. 70,2 billones, explicado principalmente por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias; respecto a lo último, la mayor parte se destinó a la alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la Administración Central a las entidades descentralizadas.

El 80 % del total ejecutado corresponde a gastos corrientes, principalmente para pago de salarios a las fuerzas públicas, personal de blanco, docentes, pagos por compra de medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluyendo el pago a adultos mayores y otros programas sociales del Estado.

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En cuanto al financiamiento, el 62 % (G. 30,7 billones) de la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado y las demás entidades de la administración central, fue financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10); mientras que el 20 % (G. 9,7 billones) con recursos de crédito público (Fuente 20) y el 18 % (G. 8,6 billones) con recursos institucionales (Fuente 30).

Con recursos del crédito público se obligó G. 9,8 billones, de dicho monto, un 55 % fue con bonos soberanos, y entre los principales gastos se encuentran los pagos de productos farmacéuticos y medicinales; construcciones correspondientes a los proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aportes o subsidios al transporte público colectivo entre otros.

Del total de G. 49,2 billones obligados al décimo mes del 2024, el 76% corresponde al Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y Ministerio de Obras.

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El titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, par­ticipó de una reunión con la Comisión Bicameral, encar­gada de considerar el informe y dictamen de la Contralo­ría General de la República (CGR), correspondiente a la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal 2023.

“Tomamos con mucha aper­tura las observaciones que hizo la Contraloría. La comi­sión que está a cargo del dipu­tado César Cerini nos abrió las puertas para tener la opor­tunidad de visibilizar algu­nas cuestiones contables y administrativas, no de esta gestión, estamos hablando del periodo 2023, de gobier­nos anteriores”, detalló.

El secretario de Estado deta­lló ante los miembros de prensa en el Congreso que las autoridades pudieron fijarse en tres observaciones brin­dadas incluso desde el 2005, sobre las cuales no se han determinado soluciones defi­nitivas, por lo cual remarcó la importancia de actuar de manera estratégica.

“En algún momento debemos dar un corte administrativo general a todas estas cuentas y números pendientes y bus­car un mecanismo, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la comisión misma”, señaló el ministro de Justicia.

Durante la exposición del informe mensual de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se habló acerca del pago de intereses en concepto de deuda pública y cuándo disminuiría la tasa, ya que Paraguay obtuvo grado de inversión en julio pasado.

Al respecto, el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, explicó que el aumento del pago de intereses se da en parte por un aumento del costo del financiamiento internacional, que está asociado a mayores niveles de tasas por el aumento de intereses de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés).

“Hay que recordar que los niveles de riesgo de Paraguay se han mantenido estables y el aumento de pago de intereses no viene por ese lado. En parte, el pago de intereses que pagando Paraguay a nivel internacional se alinea a países de grado de inversión, entonces, a medida que bajen los intereses de la FED, vamos a tener un impacto nosotros”, precisó.

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Señaló también que los contratos de préstamo que están asociados a tasas que son variables o flotantes, sufrirían una baja, por lo tanto, los compromisos asumidos por Paraguay (deuda pública) deberían tener una disminución.

“Por otro lado, también futuros contratos de préstamo que Paraguay haga a través de la emisión de bonos soberanos para el año que viene, ya deberían ser más baratos respecto a lo que observamos en los últimos dos años”, acotó.

Otro punto que destacó fue que durante este año se observó un promedio de ejecución mensual más alto que la de años anteriores. Mencionó que el bien el nivel de inversión pública comparado a años anteriores, donde Paraguay fue varios choques externos que llevó al gobierno anterior a realizar políticas contracíclicas para aumentar sus niveles de inversión, ahora los niveles de inversión están volviendo a niveles más sostenibles y consistentes, tanto con la regla fiscal como con el nivel de crecimiento económico.

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El proyecto de ley del Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN) 2025 que contempla gastos por G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al presupuesto de este año de USD 15.500 millones, ya se encuentra en el Congreso Nacional esperando su tra­tamiento. El incremento previsto está enfocado en los sectores de salud, educa­ción, seguridad y programas sociales. (ver info)

Bajo la mirada de César Barreto, economista y exmi­nistro de Hacienda, el PGN está sujeto siempre a una proyección lo más aproxi­mada y razonable posible de los ingresos para el siguiente año que, a su vez, dependen del crecimiento económico del país y de la efectividad del sistema de recaudación de impuestos.

A esto se suma la política de endeudamiento sostenible que actualmente está defi­nido por el MEF con una meta de déficit fiscal del 1,9 % del PIB para el 2025, según el plan de convergencia y con­solidación fiscal en vigencia.

“Por lo tanto, estimado estos ingresos, que representan el límite máximo posible para el plan de gastos, hay que entrar a priorizar en qué se van a aplicar los recursos adicionales estimados entre las grandes necesidades que hay en todos los sectores”, expresó a La Nación/Nación Media. “Indudablemente hay que fijar objetivos y cuantifi­car y maximizar los resulta­dos esperados por cada gua­raní de recursos que se está asignando a cada programa”, enfatizó.

Aseguró que la priorización debería reflejar la implemen­tación del plan del gobierno de Santiago Peña en educa­ción, salud y seguridad ciu­dadana y los programas prioritarios dentro de estas grandes áreas y minimizar los recursos en aquellas áreas no prioritarias.

“Es una tarea difícil porque en nuestro país hace falta lo básico en todos los servicios públicos, pero los recursos limitados obligan a priorizar entre estos necesariamente”, indicó.

Para el también exministro de Hacienda y economista Manuel Ferreira el presu­puesto siempre es rígido en general, por lo que cambiarlo de una manera drástica es difícil, pero aclara que deben priorizarse un poco más las inversiones, al margen de las áreas priorizadas por el Gobierno.

“El caso del acuerdo de Itaipú, que durante tres años generará fondos por USD 650 millones anuales, se debe des­tinar en su totalidad a gastos de inversión para poder susti­tuir lo que el presupuesto no podría hacer”, indicó.

Ferreira subrayó además que “el PGN tiene que ir achicán­dose en los otros gastos para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El exministro recalcó que es importante tratar de ir cor­tando gastos superfluos, ya que son gastos que compli­can al presupuesto. Señaló que esto tiene relación con las contrataciones de “per­sonal” con tinte político. Es ahí donde la administración pública debe mejorar.

El proyecto de ley del PGN estima que la recaudación impositiva para el ejercicio fiscal 2025 registraría un aumento del 7,3 % con respecto a la estimación de cierre para el 2024, de esta manera la presión tributaria se mantendría en torno al 11,1% del PIB en el próximo año.

También aclararon que no se prevén ajustes al sistema tribu­tario ni nuevas iniciativas legislativas que puedan tener un impacto en los ingresos y gastos. De acuerdo con las proyec­ciones que sustentan la estimación de ingresos del presu­puesto, se espera que la economía mantenga un crecimiento del 3,8 % para el próximo año.