El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Löblein, habló con relación al caso de los varios créditos concedidos por la cooperativa San Cristóbal durante el lapso de 2020 a 2022, que nunca fueron pagados, los cuales ascienden a más de G. 75.776 millones. Mencionó que los responsables de las entidades son los que deberán de alguna manera pagar hasta con sus bienes, y no así los socios.
“Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia son responsables hasta con sus bienes de las acciones u omisiones al frente de las cooperativas. Creo que hay un error al decir que los socios tienen que pagar la deuda, eso no es cierto”, expresó en contacto con la 680 AM.
Esto último, con relación a las recientes publicaciones que se vienen realizando sobre que estos préstamos deberán ser saldados con los aportes de los socios. Los créditos habrían sido aparentemente concedidos en gran medida a un círculo cercano del extitular de la entidad solidaria, Juan Carlos Ozorio, actualmente privado de libertad e investigado por delitos financieros y otros.
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Aportes en riesgo
Löblein insistió en que son los dirigentes quienes tienen la obligación de llegar hasta la Justicia para recuperar los créditos, por lo que la misma cooperativa debe impulsar el proceso y el reclamo, tal y como ya se dieron muchos casos de responsables que están presos, y que si pueden cubrir la deuda, lo hacen.
Y ante una eventual situación de que no se llegue a cobrar, redundará en pérdidas tanto para la cooperativa así como para los dueños del capital, es decir, los socios, a raíz de estos créditos “mal concebidos”, por lo que finalmente sí podría irrumpir en los aportes de los socios, poniendo en riesgo el capital depositado.
Respecto al caso de Ozorio, se había definido como lavado de dinero y malversación de fondos, tras detectarse el esquema de hechos ilícitos en la cooperativa San Cristóbal, desde que su expresidente fuera vinculado con el narcotráfico en marzo de 2022, además del otorgamiento de créditos sin ningún tipo de garantías hasta los más de 75.776 millones de guaraníes.
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