De manera oficial el Paraguay ingresó al ranking de evaluación anual de relaciones con los inversores y prácticas de transparencia de la deuda realizada por el Instituto Internacional de Finanza (IIF). Señalan que este hecho representa un hito para el país, además de un logro estratégico de las autoridades en general.
Desde el Ministerio de Hacienda informaron sobre la adhesión de nuestro país a este ranking, y destacaron que el informe menciona que los programas de Relaciones con Inversionistas o RI más sólidos son esenciales para apoyar los esfuerzos de los países por lograr un acceso estable y asequible a los mercados de deudas internacionales.
Estos programas son cada más relevantes al promover la transparencia de la deuda y las políticas que contribuyen a facilitar la comunicación entre los deudores soberanos y sus acreedores. A su vez, las mejores prácticas de las relaciones con inversionistas y una mejor comunicación aumentan el atractivo de la deuda soberana como clase de activo para los inversores internacionales.
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En ese sentido, la oficina de Relaciones con Inversionistas de Paraguay viene trabajando activamente desde inicios del 2022 en impulsar un programa de contactos con inversores. Es importante señalar que la visualización de Paraguay al ranking de evaluación del IIF es un hito y un logro estratégico que se deben destacar.
Respecto al proceso, que se ejecutó durante meses, indicaron que se basa en acciones enfocadas en visibilizar los avances institucionales con miras a contribuir a la transparencia y generación de información oportuna a los inversionistas, lo que permite posicionar cada vez más y mejor a la República del Paraguay en el mercado internacional.
Explicaron que en este proceso se han realizado múltiples esfuerzos proporcionando información sobre avances del país, que fue uno de los impulsos para los cambios de perspectivas internacionales. Por ejemplo, la remisión activa de noticias políticas y económicas más destacadas del país, informes que contienen actualizaciones, reformas, reportes, entre otros.
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INC utiliza flete terrestre ante bajante del río y evalúa ajuste de precios
Ante la crisis hidrológica, la Industria Nacional de Cemento (INC) se vio obligada a migrar su cadena logística hacia el transporte terrestre, atendiendo que el río Paraguay se encuentra prácticamente innavegable entre Vallemí y Villeta (cuenca media) para transportar los grandes volúmenes de carga que requiere la institución, según reportó su titular, Gerardo Guerrero. Ante el encarecimiento de la estructura de distribución, ya se está evaluando una posible remarcación en el precio del cemento.
Guerrero recordó que la INC es una industria “multiplanta”, por lo que necesita transportar clinker (materia prima del cemento) y otros materiales entre Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), un proceso de logística que se realizaba por vía fluvial hasta finales de septiembre, cuando se agudizó la bajante del río Paraguay.
“Este mes de octubre, ya migramos nuestra logística al transporte terrestre en 100 %. El río está innavegable, especialmente en la cuenca media del río Paraguay. Es un esfuerzo financiero enorme el que estamos haciendo y es lo que implica el flujo de flete terrestre. Además, nosotros movemos volúmenes importantes: estamos hablando de 45.000 a 50.000 toneladas de clinker por mes para cubrir el mercado”, explicó a la 780 AM.
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En este escenario, la INC ya está evaluando su estructura de costos para determinar hasta cuándo puede mantener el precio actual del cemento en el mercado, sin realizar un reajuste por el encarecimiento del costo del flete.
“Estamos haciendo un trabajo de monitoreo periódico para ver cómo va la situación financiera, de modo a determinar si amerita o no un reajuste en el precio. El costo del cemento no solo depende de la bajante del río y el flete. Hay otros elementos importantes en la estructura de costo. Seguimos monitoreando para saber si corresponde o no un reajuste”, refirió Guerrero.
El titular de la INC aseguró que están haciendo esfuerzos por mantener hasta el cierre del año el precio actual del cemento. “Esta situación de bajante no sucede hace 120 años. Si se sostiene en el tiempo, va a ser insostenible no ajustar el precio”, agregó.
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Grupo de oenegés pide a Peña vetar la ley de control
El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidió al presidente Santiago Peña vetar el proyecto de ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sancionado el pasado miércoles por el Congreso Nacional.
Los representantes del OSC señalan que el proyecto atenta al derecho a la participación, la libertad de asociación y manifestación, así como a la libertad de expresión.
Al mismo tiempo de pedir el veto del proyecto, los representantes de las oenegés pidieron también al Poder Ejecutivo instalar una mesa de trabajo entre todos los sectores para discutir la normativa. Igualmente aclararon que ya existen leyes que regulan y transparentan la gestión de las Organizaciones No Gubernamentales.
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Dante Leguizamón, secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifestó que la pretendida normativa “ataca directamente las bases constitucionales del país, recordemos que nuestro país está constituido como una democracia participativa y pluralista”, según manifestó.
Por su parte, Marta Ferrara, de la Organización Semillas para la Democracia, dijo que la modificación que introdujo la Cámara de Diputados hace diferencias entre las organizaciones que estarán sujetas a la ley y otras que no, violando así el principio de la no discriminación. “Esta ley ya en su intención discrimina, algunos van a ser investigados y otros no”, indicó.
Ferrara cuestionó que sectores que están siendo investigados por lavado de dinero y están vinculados al crimen organizado van a quedar exentos de la aplicación de la normativa. En este sentido haciendo alusión a los clubes deportivos y a las iglesias, entre otros.
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Ataques a Leite revelan hipocresía de defensores de las oenegés
Unidad de Investigación Nación Media
Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de las organizaciones sin fines de lucro revelaron un alto nivel de hipocresía por parte del esquema político-comunicacional que lleva adelante la acometida contra el oficialismo. Los mismos que defendían las bondades de las oenegés, son los que ahora realizan contraataques a legisladores que impulsan ley de transparencia.
Una opereta político-comunicacional de varias etapas ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.
La primera etapa, como ya reveló la Unidad de Investigación de Nación Media, utilizó un audio filtrado para intentar establecer una supuesta pelea entre el legislador y el presidente de la República, Santiago Peña. También sirvió para sacar del foco de la atención mediática el supuesto uso indebido de influencias por parte del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis y tratar de establecer posibles irregularidades en la Comisión Bicameral de Investigación.
La segunda etapa inició el pasado 3 de octubre y no solo reveló el esquema político-comunicacional, sino también la hipocresía de quienes gritaban persecución contra las oenegés amigas, pero que atacan sin piedad a las que no forman parte de su círculo.
Una organización (no tan) secreta
El ataque inició el 3 de octubre pasado. Como siempre, el encargado de lanzar la bomba mediática fue el multimedio ABC Color, propiedad del Grupo Zuccolillo, muy interesado en que la CBI de lavado no prospere, debido a que una de sus empresas tiene varios casos pendientes.
Ese día, desde la calle Yegros publicaron sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo. La primera mentira fue el tratar como secreta la relación del legislador y su esposa con la comunidad que se dedica a la atención de personas adictas.
Era cuestión de buscar en internet para encontrar que GEN publicó en el 2021 una entrevista con Leite, en su carácter de tesorero de la oenegé, y que en julio de 2023 el perfil en X (antiguamente Twitter) del Arzobispado de Asunción publicó imágenes de una reunión del hoy cardenal Adalberto Martínez con el actual legislador.
La noticia fue recirculada rápidamente por medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora, todos propiedad del Grupo Vierci. Curiosamente, estos grupos olvidan la supuesta competencia entre ellos cuando de ataques coordinados se trata.
El esquema ya se vio varias veces antes: en mayo de 2022, cuando los medios de los Grupos Zuccolillo y Vierci amanecieron con las mismas portadas repitiendo el informe ilegal de la Seprelad para atacar al expresidente Horacio Cartes.
El segundo paso
Tras la repetición entre los medios aliados, aparecieron los “activistas” y políticos aliados para proseguir con la siguiente fase del ataque. Avanzada e instalada la mentira de la supuesta organización secreta, la siguiente era hablar de la función de Leite como miembro de la CBI y como uno de los impulsores de la ley que transparenta los fondos que reciben las oenegés.
Por ejemplo, el diputado encuentrista Raúl Benítez salió a pedir la salida de Leite y que se desarme la CBI, una herramienta constitucional que alababa cuando brindaba informes contra el expresidente Cartes. Su ataque siguió luego pidiendo informes a la Itaipú por haber entregado G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.
Otro de los que replicó el pedido de renuncia de Leite fue el periodista Benjamín Fernández Bogado, el mismo que durante mucho tiempo dijo ser alumno de Harvard sin haberlo sido y que también recibió fondos a título personal y a través de su fundación.
También apareció la “escrachadora” María Esther Roa, quien aparece en la lista de activistas beneficiados con millonarios fondos por parte de oenegés que reciben financiamiento del extranjero.
La hipocresía revelada
Leite convocó a una conferencia de prensa en la que presentó los orígenes de los fondos que recibió la asociación civil. Curiosamente, quienes dicen estar en contra de la ley que obliga a transparentar los fondos que reciben las oenegés fueron los que atacaron al legislador por supuestamente no ser lo suficientemente transparente.
Una vez más fueron los medios y periodistas de los grupos Zuccolillo y Vierci los encargados del fogueo mediático. Por ejemplo, Última Hora se encargó de insistir en que la Comunidad Cenáculo recibió fondos de Tabesa e Itaipú, aunque se olvidó de mencionar que Antonio Vierci, propietario de ese diario, también realizó donaciones a la oenegé.
Además de los multimedios empresariales, también volvieron los ataques de los “independientes” como “El Surtidor”, un supuesto medio independiente que se financia con jugosos fondos del extranjero. Para el ataque independiente, utilizaron también a satélites de “El Surti” como “La Precisa”, espacio que vendían como especializado en una técnica conocida como “Fact-checking”, trabajo periodístico prestigioso realizado con mucha imparcialidad por grandes medios, pero que aquí quedó reducida a ataques ideológicos.
La Precisa atacó a Leite porque la oenegé ligada a la empresa del legislador recibió fondos privados y públicos, pero se olvidó de relatar que el medio recibió millonarios fondos del extranjero.
En total, la Comunidad Cenáculo recibió. G. 2.000 millones en cinco años, lo que desató la indignación colectiva de algunos sectores. Esa misma indignación no apareció cuando se revelaron los millonarios fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.
Por ejemplo, una de las que atacó hasta el cansancio el proyecto de ley de transparencia es María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Sin embargo, la mismísima página web del CEJ revela que la organización trabaja con fondos de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y de la Unión Europea en planes de trabajo que atañen directamente a colaboraciones con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.
Eso sí, en la web no existe ningún registro de cuánto dinero del extranjero reciben ni quiénes son las personas contratadas a nivel local para estos proyectos que atañen a vínculos con el Estado.
Otra oenegé que se ha manifestado en contra del proyecto de ley es Tedic, agrupación que declara dedicarse a “la defensa y promoción de derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones”. A diferencia del CEJ, Tedic sí publica sus informes de auditoría que dejan muy en claro el millonario financiamiento que reciben del extranjero.
Por ejemplo, la organización recibió más de G. 1.343 millones del Fondo Meta Plaforms Inc, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, y que es propietaria de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y otras plataformas y servicios más.
La empresa tiene cuestionamientos de organismos internacionales como Human Rights Watch por censura sistémica. Tedic también declaró haber recibido G. 71 millones de Alphabet, la empresa propietaria de Google, Duolingo y otros servicios más. Esta firma también tiene numerosas críticas por manejos de datos personales y también por censura.
El mayor financista de Tedic, al menos según lo que la misma oenegé publica, es Open Society Fundation, fundada por el polémico multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, de la que recibió más de G. 5.580 millones.
Tedic también recibió fondos del CIRD, de Semillas para la Democracia y otras entidades más de este tipo. Es decir, Tedic recibió de un solo financista casi el triple de lo que recibió la Comunidad Cenáculo. Pero en ese caso, la indignación no existía, porque se trataba de una oenegé amiga.
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Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
Tras un extenso debate, el Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La propuesta que figuraba en el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria, terminó siendo analizada como primer punto a solicitud del senador Natalicio Chase, quien ejerce el liderazgo de la bancada del movimiento Honor Colorado. Finalmente la versión aprobada días atrás por Diputados fue la que prevaleció en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que la iniciativa posee modificaciones sugeridas desde el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El resultado fue el siguiente 31 votos a favor, por la versión de la Cámara de Senadores 1 voto, por el rechazo de ambas versiones 10 votos, 1 ausente y 2 abstenciones. Desde la oposición, quienes se muestran contrarios al proyecto, instan a Peña a actuar de manera “racional” y proceda a vetarlo totalmente por considerarlo inconstitucional y autoritario bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
Desde las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado aconsejaron al pleno sancionar íntegramente el texto de Diputados. “El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales que guardan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipios, universidades públicas y demás entes públicos”, dijo el senador Derlis Maidana durante su intervención.
El titular de la Comisión de Legislación siguió afirmando que los cambios de la cámara revisora se sustancian principalmente en el artículo 2 respecto al alcance del proyecto de ley. “Las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales”, manifestó.
De la misma manera también se encontrarán excluidos las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
Detalló que otro punto guarda relación con el derecho a la libre asociación. “Se establece que toda persona tiene el derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, comprendiendo la facultad de asociarse para fines sociales, económicos y políticos.
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En cuanto a la autoridad de aplicación, Maidana indicó que se establece que será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a las facultades que le corresponden a la Contraloría y otras instituciones y organismo en el ámbito de su competencia.
Mientras que en el artículo 5 del proyecto de ley se estableció el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas. “El Estado no viene a coartar, al contrario viene a estimular para que las personas se asocien sin fines de lucro”, refirió Maidana.
El documento en su artículo 6 refiere que el Estado garantizará la plena autonomía de las oenegés y no agotarán medidas que interfiera en su funcionamiento. En su artículo 7 prevé que formarán parte del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y del Registro Administrativo de Beneficiarios Finales dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el artículo 15 se hace mención a las infracciones. En relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, se mantendrá en el documento, como primera medida, el apercibimiento por escritos y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
Asimismo el artículo 19 dice que las disposiciones de la presente ley no afectarán las competencias de las instituciones con facultad de regulación, control y fiscalización sectorial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).