El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

Desde hace algunos años, los medios de comunicación pretenden instalar sus propios relatos para superponerse a la realidad misma. No son los únicos, pues el mismo propósito aspiran diferentes ámbitos de la sociedad: económico, político, gremial y organizaciones diversas que, muchas veces, cuentan con el acompañamiento de los órganos de difusión masiva.

No debemos, naturalmente, generalizar, porque, así como existen ambiciones mezquinas para tratar de imponer particulares puntos de vista a los demás, también encontramos personas y sectores de la prensa que no han renunciado a sus convicciones éticas para buscar la verdad objetiva, aquella que trasciende la subjetividad de los individuos. Por supuesto que no es nueva la intención de distorsionar y manipular los hechos y los procesos, que aumentó de dimensiones con una posmodernidad relativista, donde las opiniones procuran tener categoría de certeza absoluta.

Así, para entrar directamente en terreno, la Comisión (de rango constitucional) de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, fue denominada “comisión garrote” porque, eventualmente, podría desnudar algunos presuntos ilícitos ligados a un conglomerado de empresas. Todas las gestiones que realiza esta comisión son sistemáticamente desacreditadas e impugnadas por los grupos que podrían ser afectados. La narrativa desarrollada a su conveniencia golpea con tenacidad, anhelando impactar en la conciencia ciudadana.

Lo mismo ocurre con la reciente ley promulgada por el Poder Ejecutivo por la que “Establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que los mismos medios de comunicación rebautizaron –con declarada mala fe– como “ley anti-ONG”. Y, también, como “garrote” (palabra que buscan desesperadamente que la ciudadanía asimile como tal) en contra de la “sociedad civil”. Solo a los efectos de ratificarnos en lo que venimos hace rato apuntando: la sociedad civil es un concepto amplio que no se restringe al limitado mundo de las “organizaciones sin fines de lucro”. En todo caso, es una representación que nadie en particular puede adjudicarse, salvo la misma sociedad cuando asume el cuerpo de multitudinarias manifestaciones populares, reclamando su espacio en los debates nacionales.

En un mundo global muchos autoasignados referentes intelectuales y de opinión de nuestro país todavía creen que seguimos siendo una isla rodeada de tierra en materia de información y comunicación. Hace rato que las barreras de nuestra mediterraneidad han sido traspuestas, al menos para conocer lo que ocurre en otras naciones, especialmente en América Latina. Deberían saber que la metodología fascista de interferir toda información que provenga del exterior y propalar su exclusiva propaganda interior ya no es posible en la práctica.

Las redes sociales nos conectan a todos por igual dentro de un régimen democrático como es el nuestro. Se leen y hasta se pueden imprimir libros, folletos, tesis doctorales, informes y estudios analíticos de las más diversas extracciones y posiciones ideológicas. Solo las mentes perezosas se mantienen en la oscuridad.

Chile es un referente infranqueable para cualquier expresión política, social y cultural. En materia de calidad democrática está en el tercer lugar, después de Uruguay y Costa Rica. De modo que es un caso que puede ser citado como ejemplo. En el 2008, mediante una licitación pública convocada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se elaboró el informe “Transparencia y rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro”, por medio de un equipo liderado por el doctor y magíster en Sociología, doctor en Estudios Latinoamericanos y catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Chile.

Haremos breves citas a razón de nuestro espacio, pero con el compromiso de continuar ilustrando sobre este tema: “Se entiende por rendición de cuentas o accountability en OSFL como un ‘proceso cuyo fin es dar a conocer los resultados alcanzados por la organización, en un periodo determinado, que se desarrolla de manera colaborativa con diversos actores, impactando positivamente en la gobernanza de la organización’” (Chile Transparente, 2008).

Y aquí viene el caracú que hace corcovear a nuestros actores locales: “Se comprende como transparencia activa ‘el deber de las organizaciones, públicas y privadas, de publicar y diseminar cierta información esencial, a través de medios accesibles y en forma permanente y actualizada. Es así como las OSFL necesitan ser proactivas (transparencia activa) y deben divulgar la información relevante para sus distintos grupos de interés, a fin de crear confianza. Una forma eficaz de hacerlo es mediante una política de transparencia institucional, que debe incluir la publicación de la información sobre las actividades de la organización (dónde, cuándo, para cuándo, con cuánto dinero y quién es responsable) –las negritas son nuestras–, las finanzas detalladas y los gastos desagregados, además de un código de ética.

De esta manera, los grupos de interés pueden monitorear a la organización, conocerla más a fondo e interesarse en participación con la OSFL’”. Nada más que agregar. El material será de mucha utilidad a la hora de reglamentar la ley. No es ningún demérito aprender de experiencias ajenas. Sobre todo, si son positivas para la convivencia diaria, la transparencia y la honestidad intelectual.