El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, salió al paso de las recientes publicaciones periodísticas de la tardía declaración de emergencia zoosanitaria, según el último decreto del gobierno del 14 de junio, y aseguró a La Nación/Nación Media que “la emergencia se declaró desde el primer día y primer foco”.

“Consideramos irresponsable esta declaración de que se está buscando ampliar fondos. Paraguay fue un ejemplo del trabajo operativo en la contención de la enfermedad, técnicamente la emergencia continúa porque los 5 focos no se cerraron oficialmente”, expresó este jueves a LN.

A la consulta de cuál es el presupuesto con que cuentan para la emergencia por influenza aviar (IA), indicó que la institución dentro del Objeto 845 de los fondos asignados, es de unos G. 3.700 millones aprobado para indemnizaciones dentro del propio presupuesto desde casi 10 años.

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Aseguró que hasta ahora no fueron utilizados dichos fondos debido a que primero se deben cerrar los focos de contagio, cuyo proceso tarda al menos 28 días desde el último foco ya que, de acuerdo a las normas internacionales, deben transcurrir dos periodos de incubación a partir de la última ave sacrificada en cada foco.

“El término de la emergencia se da cuando se haya cumplido los 28 días del periodo de incubación del último foco, más los estudios de rastreos epidemiológicos que brinden seguridad de ausencia de circulación viral en la zona infectada y de emergencia, lo cual se está realizando desde el inicio. Y si no se dan más focos, creemos que vamos a llegar al cierre en agosto o principios de setiembre”, agregó Martin.

El titular del servicio sanitario insistió en que para llegar a una ampliación debería existir una ley y una aprobación vía Congreso Nacional, además de generarse un pedido formal desde el sector productivo. Para explicar lo del decreto, señaló que el mismo se activa por el Sistema de Emergencia Sanitaria Animal (Sinaesa), requisito fundamental por normativa internacional y nacional para el ordenamiento técnico y administrativo de la emergencia.

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El mismo a la vez crea la Comisión Nacional de Emergencia Sanitaria Animal, que la conforman el MSP, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, MAG, ARP, AVIPAR, MADES entre otras instituciones, presidida por el presidente del Senacsa, para el apoyo logístico y operativo, con representantes del sector público y privado para el comité de tasación.

Dicho comité de tasación determinará el pago de G. 20.000 por gallina y G. 30.000 por pavos, patos y otras aves, según un análisis de riesgo realizado previamente, y que hasta ahora son 5 focos y 366 aves sacrificadas, los cuales se llevarán a otro nivel una vez finalizada el proceso de cierre de emergencia.

El análisis contempló los escenarios probables, que con uno optimista puede ser menos de 50 focos (350 establecimientos y unas 35.000 aves afectadas), o uno 100 focos (1.000 establecimientos y unas 100.000 aves) conforme a las incidencias de casos nuevos en Argentina, Bolivia. En tanto que un escenario más pesimista sería de 200 focos, afectando a 2.800 establecimientos y unas 280.000 aves, situación que ya llevaría al endemismo de la enfermedad, acotó Martin.