El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pablo Loblein, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la Cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen funcionamiento de las mismas.
“Con el caso de San Cristóbal, ocurrido el primer trimestre del año pasado, fueron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabilizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblein a la 1020 AM.
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Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cristóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un técnico que monitorea las actividades de la cooperativa. Además, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.
Asimismo indicó que, respecto a las quejas de los socios que decidieron renunciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024.
“Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para prevenir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos dentro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblein.