Representantes de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay manifestaron su grave preocupación por el peaje implementado unilateralmente por la Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná. Mencionan que además de estar al margen de normas internacionales, podría afectar la integración regional.
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, ayer se realizó la LVIII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná en la que Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay abordaron temas inherentes al proceso de integración regional del transporte fluvial internacional regulado por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra en 1992.
Entre los principales puntos tratados está el establecimiento de una tarifa de peaje para el transporte internacional en el tramo de la hidrovía comprendido entre el Puerto Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Sobre ese punto, nuestro país reiteró que esta medida de la Argentina constituye un gravamen sin acuerdo de los países, lo que a su vez es discriminatoria y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación en contravención al acuerdo.
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Los demás países reiteraron a la Argentina abstenerse de adoptar medidas que atenten contra la normativa acordada en la hidrovía Paraguay-Paraná y expresaron la disposición de encontrar una solución en el marco del respeto del derecho internacional. Las delegaciones de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay manifestaron su grave preocupación por el peaje implementado de forma unilateral al margen de las disposiciones reglamentarias.
Por ello, solicitaron que se adopten medidas necesarias para garantizar la libertad del tránsito de las embarcaciones de sus respectivas banderas, en apego con el acuerdo que reconoce la libertad de navegación. Señalan que la aplicación del peaje significa una afectación directa a los agentes económicos que utilizan el tramo, que incluso ya generó perjuicios económicos considerables al comercio.
Las cuatro delegaciones coincidieron en la necesidad de analizar la información técnica proporcionada por la delegación argentina a fin de su evaluación conjunta en el ámbito de la Comisión del Acuerdo, en un plazo no menor a 15 días, y reafirmaron la solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones del Ministerio de Transporte del vecino país por las cuales se da inicio al cobro del peaje hasta tanto se agote el tratamiento del asunto.
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