La diputada colorada Rocío Abed, celebró que el Poder Ejecutivo finalmente haya reglamentado la Ley N° 6993 “De provisión gratuita de productos de gestión menstrual”. Esta normativa había sido promovida por ella, durante el periodo legislativo pasado, sancionado y promulgado en el año 2022, pero había quedado pendiente la reglamentación para su correcta ejecución en todo el país.

La legisladora líder de la bancada oficialista había destacado que con esta reglamentación se conseguirá un cambio trascendental en la vida de muchísimas mujeres, sobre todo de las adolescentes. “Me llena de alegría que la implementación de esta ley, que tuve el honor de ser proyectista, se torne una realidad para el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres de mi querido Paraguay”, expresó a través de sus redes sociales.

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Mediante esta normativa, el Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual (toallitas higiénicas) en instituciones educativas públicas, cárceles de mujeres y en refugios para personas en situación de calle.

Igualmente, señala que se deberá brindar la capacitación en torno al ciclo menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres entre la menarquía y el climaterio, priorizando aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Al respecto, la diputada había señalado que la ley tiene ciertas finalidades puntuales que no es prudente omitirlas, como proporcionar de manera gratuita los productos de gestión menstrual a las personas beneficiarias. Asimismo, resalta que el incumplimiento de la ley significa hacer caso omiso a una responsabilidad del Estado en reducir las brechas de discriminación y desigualdad vinculada al hecho del ciclo menstrual.

Mencionó además que la normativa establece en su artículo 4 que la entrega de los productos se deberá realizar en los siguientes ámbitos: entidades educativas de gestión pública, los albergues públicos, establecimientos públicos de salud mental con régimen de internación, también en el Centro Nacional de Adicciones y otros programas del Ministerio de Salud. Asimismo, en establecimientos penitenciarios y centros educativos de privación de libertad y otros programas sociales.

Esta legislación fue promulgada por el Gobierno anterior, el 10 de octubre del 2022, y desde entonces había quedado pendiente la reglamentación, pese a que la propia normativa establecía que debía quedar reglamentado en un plazo de 90 días a partir de su promulgación.

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En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Santiago Peña, manifestó su deseo de que Paraguay forme parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente son 34 los países que lo conforman y solo 2 son latinoamericanos, Chile y México. Brasil mantiene acuerdos de cooperación.

Para el economista Aníbal Insfrán, es muy positivo y loable el interés de Peña, pero el gobierno debe trabajar para pertenecer a la organización que destaca por tener miembros con economías grandes, desarrolladas y que se dedican a estudiar la macroeconomía, perspectivas de crecimiento y riesgos a corto plazo de los países, para mejorarlos, según explicó a La Nación/Nación Media.

“La OCDE integran países desarrollados, es como un sello de calidad de políticas publicas. Su lema es “Better policy, better lives”, es decir, mejores políticas, para mejor vida. Lo que buscan es tener mejores prácticas enfocadas en el cambio climático y evasión fiscal. Hay muchos factores que nuestro país debe cambiar, reformar e implementar para ser parte. Es muy bueno el deseo que tiene Santiago Peña, pero tiene que trabajar más para que eso se dé”, precisó Insfrán a La Nación.

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El economista explicó que la OCDE busca mejorar la calidad de vida de las personas y por eso se esfuerzan por mantener un estándar para apoyar en ese proceso a los países menos desarrollados. Por ejemplo, contó que Brasil y Argentina, socios comerciales de Paraguay, tienen el deseo de pertenecer a la organización, pero siguen en espera. En el caso de Brasil, se manejan con la entidad con acuerdos de cooperación, mientras se negocia su acceso, junto a Rusia, China, Indonesia, Sudáfrica e India.

Algunos de los beneficios de ser miembro pleno de la OCDE incluye la mejora de políticas publicas para el país, ya que ofrecen un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. También el acceso a información, análisis de datos comparativos que les permiten tomar decisiones con más precisión. Un punto importante es el prestigio que le otorga al país, ser miembro, por lo que al mejorar su reputación, aumenta su atractivo para una mayor inversión extranjera.

El presupuesto que maneja la OCDE se financia con los aportes de cada país miembro. El importe depende de una fórmula que tiene en cuenta el tamaño de cada país. El mayor contribuyente es Estados Unidos que aporta casi el 22 % del total. Los países también pueden hacer aportaciones voluntarias para financiar trabajos específicos.

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La Dirección Nacio­nal de Ingresos Tri­butarios (DNIT) tiene actualmente un piso de recaudación impositiva mensual de entre G. 3.200 y G. 3.600 millones, según comentó Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la ins­titución, en “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Resaltó que este número es 23 % superior al piso que tenía la anterior Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con G. 2.600 millones men­suales.

“Hoy ya estamos compi­tiendo con ese piso, es decir, con nuestros propios núme­ros”, indicó Ferreira, refi­riendo que desde la fusión de la SET con Aduanas existe un aumento progresivo de participación dentro de los impuestos directos, que son aquellos que gravan la renta personal y empresarial, lo cual refleja un sistema tri­butario más justo.

Acerca del crecimiento de contribuyentes nuevos, recordó que, con la exadmi­nistración, este grupo crecía en el orden de los 50.000 ins­criptos por año, y que hoy, con la intención de incorporar a la mayor cantidad de población económicamente activa al Registro Único del Contribu­yente (RUC), la DNIT regis­tró a 84.000 nuevos aportan­tes al fisco en el año 2024.

Por otro lado, el funciona­rio también habló sobre las labores que viene realizando la dirección para fortale­cer controles y fiscalizacio­nes a fin de luchar contra el contrabando y que eso con­cluya con un aumento en la recaudación. Señaló que, en gran parte, esto tiene que ver con el récord de recauda­ción en 2024, al margen de la coyuntura económica posi­tiva que vive nuestro país. “Si la economía creció un 4 % en 2024 y el aumento en la recaudación fue superior un 20 % respecto al 2023, es evidente que se hicieron bien los deberes a los efectos de poder tener esos núme­ros, sin dejar de mencionar que esto se da sin aumento de impuestos. Es decir, se hicieron bien los trabajos de cruzamiento de información y fiscalización”, sostuvo el gerente a Nación Media. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, Ingresos Tributa­rios registró un ingreso de G. 4.049.460.000.000 (4 billo­nes) por impuestos internos (21,3 % más que en 2023), G. 2.614.405.000.000 (2 billo­nes) por impuestos aduaneros (19,7 % más que en 2023), lo que totaliza una recaudación por G. 6.663.866.000.000 (6 billones).

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, manifestó el domingo pasado que el exitoso cierre del año fiscal tiene relación, en parte, por el buen desempeño económico que vivió el país en 2024, pero sobre todo, por el aumento en los controles y todas las verificaciones que se realizaron en la institución desde su creación. “Desde todo punto de vista el aumento de la recauda­ción es no solo por el mejoramiento de la economía sino principalmente por los controles y verificacio­nes que establecimos desde la creación de la DNIT. Por primera vez aumentamos la presión tributaria sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos. Esto hay que celebrar como país porque significa mayor equidad y justicia tributaria”, resaltó Orué en su cuenta X. Realizó un recuento de los principales datos macroeconómicos que impulsaron a un nuevo récord de recaudación el año pasado, 20,6 % más que en 2023. En primer lugar, el crecimiento económico de 4 %, una inflación anual controlada de 3,7 %, (aumento del 20,6 % de los tributos) y un aumento de recaudación por eficiencia de 12,9 %.

Tras promulgación de la Ley n.º 7438 de Santiago Peña, DNIT controlará juegos de azar.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley n.º 7438, que modifica varios artículos de la Ley n.º 1016/97 que establece el régimen jurí­dico para la explotación de los juegos de suerte o de azar. Con esta ley, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pasa a depender directamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Desde el Gobierno afirman que la DNIT cuenta con la operati­vidad, la logística, personal téc­nico e infraestructura a nivel nacional para cumplir a caba­lidad lo que establece la ley, es decir, que se trata solo de una actualización organizacional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparen­cia y la eficiencia. “A partir de este momento mejora sustan­cialmente el combate frontal a la explotación clandestina de juegos de azar. Ahora la Conaj­zar y la DNIT tienen la potestad de incautar toda explotación clandestina de juegos de azar, materiales, enseres, imple­mentos, documentos, tecno­logía que esté siendo utilizado para explotación y se va a poder disponer el bloqueo de todas las señales clandestinas de juegos de azar”, expresó Carlos Lise­ras, director de la Conajzar.

Además, este paso fortalece el rol regulador de la comi­sión con mayores compe­tencias. Indican que el orga­nismo ahora puede ejecutar sus resoluciones con más fir­meza y perseguir las activida­des clandestinas. En detalles, la ley introduce cambios signi­ficativos en el mercado. Por un lado, se elimina el monopolio en el sector, abriendo las puer­tas a nuevos actores y fomen­tando una competencia más justa y, por el otro, amplía el abanico de juegos reconocidos y habilitados para explotación, lo que beneficia tanto a los ofe­rentes como a los usuarios. Con estas modificaciones no solo moderniza la estructura regulatoria, sino que la adapta a las demandas del mercado actual. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nue­vos tiempos.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sostuvo que el 2025 será el año de la reforma de la caja fiscal. También se tendrán otras cuestiones que terminar de materializar como la nueva ley de Alianzas Público Privadas (APP) y que esta termine implementándose de una mejor manera, además la postulación de Paraguay para ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

“Es el año de la reforma de la caja fiscal el año 2025. Después hay otras cuestiones, en la nueva ley de APP tenemos restricciones en términos del déficit máximo que podemos tener, pero necesitamos infraestructura y entonces debe ser el mecanismo adecuado”, sostuvo Fernández a la 1020 AM. Para el primer trimestre del año que viene se estarían presentando las propuestas para la Ruta 1 con dicha alianza, pero además de eso se deberán atraer más inversiones en ese sentido.

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Otro tema de importancia, al igual que lo que fue el grado de inversión obtenido este año, será avanzar en el proceso oficial para integrar la OCDE, que se podría dar a mediados del año, lo que significará un sello de calidad para la economía y el país.

“No nos tenemos que quedar con lo que ya hicimos. El grado de inversión fue apenas el inicio de una carrera que es mucho más competitiva y para ello tenemos que hacer igual o más de lo que hacíamos anteriormente”, explicó y celebró que el Banco Central del Paraguay haya bajado su meta inflacionaria este año del 4,0 % a 3,5 %, con el objetivo de alcanzarla para 2026.

No descartó que se realicen algunos préstamos de liquidez según la necesidad para que el fisco no se detenga completamente en enero y febrero, que son meses de bajos ingresos tributarios para hacer frente a las obligaciones, y recordó que se designará al Superintendente de Pensiones en el primer semestre del año.

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