Conforme las declaraciones del viceministro de Relaciones Económicas e Integración, embajador Enrique Franco, no habría un eventual desabastecimiento de productos de importación, pero sí se estaría generando moras ante el rechazo de Paraguay a pagar un peaje impuesto por la Argentina.
Esto, con relación a la preocupación de que la Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina pudiera trabar el paso a las embarcaciones paraguayas ante la negativa de las navieras nacionales de pagar las facturas que vienen emitiendo como cobro o peaje por utilizar el tramo Puerto de Santa Fé, confluencia del río Paraná entre Paraguay y Argentina.
“Lo nuevo que tenemos es que el diálogo directo con la Argentina es que se comprometió a una moratoria, y no habría ese problema de desabastecimiento. Pero sí, me parece que hay que respetar los acuerdos internacionales”, expresó el vicecanciller Franco en contacto con la 680 AM, con lo que la idea de cobro seguiría firme.
Esto, luego de las últimas conversaciones mantenidas con la Argentina a través de la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía y su equipo técnico que se reunió en el intento de buscar revertir la situación, pues la AGP habría emitido una especie de intimación de iniciar la interdicción o privación del paso a las embarcaciones con bandera paraguaya.
Prohibición de paso
Tal determinación se empezó a difundir a medios argentinos por parte de la propia AGP y luego a nivel local, de que en caso que los buques paraguayos se nieguen al pago, se podrán tomar medidas y agotar instancias para lograr el cumplimiento, incluso.
Franco señaló que la situación después de la última vez que hablaron con el vecino país en cuestión, habían pedido los datos técnicos del porqué de la tarifa, insistiendo en una suspensión de la medida. A lo que Argentina se limitó en alegar que presentarían los documentos, pero no se manifestó y finalmente empezó a emitir las facturas desde marzo.
La próxima reunión de la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía que integran a la vez Bolivia, Uruguay y Brasil, está prevista para el 17 de mayo, a petición de la propia Argentina pues dicho encuentro ya debió realizarse en este abril. Mientras tanto, algunas de las empresas del sector fluvial local ya iniciaron instancias legales ante una eventual prohibición del avance de los buques.
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