Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informaron acerca del bloqueo temporal del Registro Único del Contribuyente (RUC) a algunas empresas que brindan el servicio de transporte público, debido a la falta de documentaciones en el marco de la investigación realizada tras la crisis en el sector por las validaciones irregulares que saltaron.
“De 5 empresas se redujo a 3 las bloqueadas, eso ya se comunicó al Viceministerio de Transporte, y una vez que presenten las documentaciones se les levantará el bloqueo temporal de su RUC”, expresó a la 1.000 AM Óscar Orué, titular de la SET.
Lo que acontece con la suspensión de sus registros de contribuyentes es que no podrán cobrar el subsidio estatal, que además están intentando cobrar por los meses atrasados, por lo que al menos 8 de las 20 empresas fiscalizadas por la SET solicitaron incluso prórrogas, y según el viceministro, se les otorgó 5 días hábiles más.
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Con relación a la lista de empresas beneficiarias del subsidio en el sector de transporte, Orué indicó que son unas 34 a 35 y que todas fueron verificadas, de las cuales quedaron 20 para ser fiscalizadas porque se encontraron inconsistencias en sus registros, pero aclaró que en principio no hay facturas falsas.
Archivar por 5 años registros
El responsable de la administración tributaria mencionó que también fueron controladas empresas de media y larga distancia, y que los documentos solicitados van desde los libros de ingresos, de gastos y balances de los años solicitados.
En este sentido, el titular de la SET remarcó que los auditores pueden solicitar más facturas y recibos, incluso, que los archivos tributarios deben mantenerse por 5 años de modo que estén disponibles para la administración en cualquier momento, ya sea cuando la Subsecretaría realice fiscalizaciones como es el caso, o bien pueden ser solicitadas para acercarlos hasta la sede.
Hay que mencionar que esta mañana el viceministro de Transporte, Óscar Stark, anunció la apertura de un sumario contra 11 empresas de transporte, por las continuas reguladas en Asunción y Área Metropolitana que siguen persistiendo y que fue motivo de crisis. Esto, tras la investigación en curso y el análisis de datos que además se habría “perdido” información clave de un funcionario del área informática.